El SUP denuncia al director de la Policía por malversación

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, presentó el pasado martes ante los juzgados de Madrid una denuncia penal contra el director general de la institución, Ignacio Cosidó, por malversación de bienes públicos. El SUP sostiene que Cosidó usó el pasado verano un jet incautado a un grupo de 'narcos' que legalmente solo puede ser utilizado por los agentes de estupefacientes de la Policía Judicial y únicamente para operaciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Interior, sin embargo, argumenta que el SUP se equivoca de avión y tiene autorización judicial para disponer del aparato «sin limitaciones» en sus traslados, siempre que sean oficiales.

La denuncia del SUP pivota sobre el artículo 374.3 del Código Penal, que limita el uso de los bienes decomisados a los narcotraficantes exclusivamente a los funcionarios antidroga. Textualmente, ese precepto establece que «la autoridad judicial podrá acordar que, con las debidas garantías para su conservación y mientras se sustancia el procedimiento, el objeto del decomiso, si fuese de lícito comercio, pueda ser utilizado provisionalmente por la Policía Judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de drogas».

El sindicato también insiste en que el Fondo de Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados y la Ley de Represión de Contrabando reiteran que las propiedades incautadas solo puede ser usados por las fuerzas de seguridad y en exclusiva para combatir los delitos de narcotráfico y conexos.

Los hechos denunciados se remontan al pasado 14 de agosto, cuando Cosidó, «en compañía de tres periodistas», voló a Cádiz en un avión del Cuerpo Nacional de Policía para felicitar a los agentes que habían participado en la 'Operación Espartana', en la que se había interceptado un mercante con 3.000 kilos de cocaína en sus bodegas. La demanda del SUP asegura que el aparato utilizado por el director era un reactor alemán Tipo Jet bimotor, matrícula D-ISGW, que la Policía interceptó en diciembre de 2005 en el aeródromo de Fuentemilanos, en Segovia, en el transcurso de la 'operación Fomento' en la que fueron incautados 106 kilos de cocaína.

Para el sindicato no hay duda de que Cosidó incurrió en un delito de malversación porque es evidente que su figura como director general no puede «integrarse dentro del concepto de Policía Judicial dedicada particularmente a la persecución del tráfico de droga».

«El uso que se hizo del avión no se ajusta a los requisitos establecidos legalmente. Cuestión distinta es que se estén utilizando de forma permisiva y generalizada e, incluso, abusiva por parte de responsables policiales aviones, vehículos y otros medios y objetos intervenidos en la lucha contra el narcotráfico, al amparo de la legislación indicada», apunta la denuncia. En ese documento, el SUP insiste en la falta de «control» en el Cuerpo de esos medios incautados a las redes de narcotraficantes y la «desviación en el uso y los fines para los que han sido autorizados judicialmente».

'Operación Malaya'

Responsables de la Dirección General de la Policía aseguraron que el viaje a Cádiz se realizó en otro avión, un reactor matrícula EC-IAX, incautado en la conocida 'operación Malaya' de blanqueo de capitales, nada que ver con el narcotráfico. En cualquier caso, sostienen que el Cuerpo Nacional de Policía tiene autorización judicial para usar ese aparato «sin limitaciones» en cuanto al motivo del viaje, siempre que se trate de traslados oficiales de miembros de la institución. Todo ello, amén de que el viaje en el avión del Cuerpo costó 1.737 euros frente a los 3.861 que hubieran costado siete billetes de ida y vuelta entre Madrid y Jerez, según esas fuentes.

Fuente: El correo