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La ONG estadounidense Human Rights Watch acusa a la actual cúpula militar de Colombia, concretamente al Comandante de las Fuerzas Militares Juan Pablo Rodríguez y al Comandante del Ejército Jaime Lasprilla, de estar involucrados en decenas de asesinatos de civiles indefensos para hacerlos pasar por guerrilleros (llamados "falsos positivos"), cuando comandaban Brigadas militares.
El informe coincide con la citación de la Fiscalía General de la Nación por expedientes de investigación contra 22 Generales , considerados máximos responsables de más 3.000 ejecuciones extrajudiciales. A ello se suma a la implicación de varios coroneles en lo que hasta el momento era el máximo nivel encausados por estos crímenes, según ha podido saber Público.
La historia se ha dado a conocer después de centenares de condenas a soldados profesionales y oficiales de bajo rango, cuyas declaraciones han conducido a los más altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Por ejemplo, el General Torres Escalante, actual Jefe del Comando Conjunto que tiene a su cargo los departamentos de Cauca y Nariño -donde hoy se desarrollan las mayores tensiones con las FARC-, fue acusado por el teniente. Otro ejemplo es el del condenado Marcos Fabián García por el asesinato de un campesino al que, según su relato, "le obligaron a vestir un uniforme y a calzarse botas antes de ser asesinado y presentado como un supuesto guerrillero del ELNE". Así, se acumulan 66 acusaciones de casos similares.
A otro alto mando encausado, el General Mario Montoya , ex Comandante del Ejército con el Presidente Álvaro Uribe, sus subordinados lo acusan de presionar para que se incrementaran las estadísticas de bajas en combate, mediante lo que se llamó el "body count", sancionando a los que no lo hacían y siendo el mayor motivador de los "falsos postivos". Según el entonces Coronel Róbinson González, el General Montoya pedía a sus hombres "ríos de sangre".
Al actual Jefe de las Fuerza Armadas, General Juan Pablo Rodríguez, el informe de Human Rights Watch sindica de 28 ejecuciones extrajudiciales cuando comandaba la IV Brigada.
El informe de HRW y las investigaciones de la propia Fiscalía General de Colombia sobre miles de ejecuciones extrajudiciales, han hecho que sectores políticos y de opinión en los Estados Unidos quieran suspender parte de la ayuda militar a Colombia que está condicionada teóricamente al respeto a los derechos humanos, unos siete millones de dólares al año.
El senador demócrata por Vermont y autor de la ley que permite dicha suspensión, , Patrick Leary, ha denunciado la situación en declaraciones a diversos medios : "Esto demuestra que mientras proveíamos miles de millones de dólares en ayuda al Ejército colombiano durante muchos años, sus tropas ejecutaron sistemáticamente a población civil".
En Colombia se espera una crisis en el alto mando militar coincidente con la toma de posesión del nuevo Ministro de Defensa Luís Carlos Villegas, a quien ha recurrido el Presidente Santos para que le apoye en las conversaciones de Paz de La Habana frente al búnker militar y a la conspiración civil del expresidente Álvaro Uribe.
Fuente: Público
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