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El Ayuntamiento de Basauri no está por la labor de que símbolos franquistas persistan en los edificios de la localidad. Ante la negativa de la gran mayoría de vecinos de tocar sus propiedades -el 80% de las comunidades afectadas se han negado a la intervención municipal que consiste en retirar el emblema y restaurar la parte afectada-, los responsables municipales han decidido mover ficha para forzar a los residentes a que cambien de opinión y den su visto bueno.
El ejecutivo local llevará al pleno que se celebrará el jueves de la próxima semana, pospuesto por las fiestas de Semana Santa, una propuesta para que aquellas comunidades que no hayan retirado los símbolos franquistas o que no hayan permitido al Consistorio cumplir todos los trámites para retirar los vestigios, no puedan acceder a diferentes ayudas municipales.
En concreto no podrán beneficiarse de subvenciones para instalar ascensores, ni salvaescaleras ni rebajar la cota de embarque, pero además tampoco podrán solicitar prestaciones para acometer obras de rehabilitación del edificio.
El ejecutivo local ha obtenido el respaldo del PP y Bildu. El PSE-EE, por su parte, se ha abstenido. Con esta medida el Ayuntamiento pretende dar carpetazo a un asunto que lleva dos años en el candelero. En febrero de 2012 el pleno aprobó una moción a instancias del colectivo Lau Haizetara Gogoan, que obligaba a la institución local a retirar un total de 115 placas metálicas del Instituto Nacional de Vivienda, 27 rótulos de cemento con nombre antiguo de la calle y 53 placas con el número del portal y el emblema del sindicato vertical.
Rechazo vecinal
Sin embargo, la buena voluntad del Ayuntamiento de decidir acabar con el recuerdo a la Dictadura ha chocado con el rechazo frontal de la mayor parte de la ciudadanía que no considera el asunto prioritario. Así y a pesar de que los responsables municipales han aunado esfuerzos y han realizado durante los últimos meses reuniones con las distintas comunidades, el 80% no ha dado todavía su visto bueno.
Los responsables municipales confían en que la imposibilidad de acceder a subvenciones por parte de las comunidades afectadas, que son a la vez las más antiguas y con peor accesibilidad de la localidad -la gran mayoría se encuentran ubicadas en el barrio de San Miguel- permita a la institución avanzar en la intervención. «Consideramos que sería más eficaz y racional que la eliminación de los símbolos se pudiera ejecutar conjuntamente y no de forma gradual», explicaron estas mismas fuentes.
Fuente: El correo
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