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Fernando Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional, ha preguntado este miércoles a la Fiscalía y a las partes personadas si cabe plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma legal que restringe la justicia universal en los casos que tramita su juzgado, el genocidio en Ruanda y el ataque al campos de refugiados de Ashraf.
Andreu ha planteado esta cuestión a las partes a través de una providencia -resolución para asuntos de orden secundario- y les ha dado un plazo de díez días para pronunciarse sobre si debe plantearse esa cuestión de inconstitucionalidad y la forma en la que debería hacerse.
Además, les ha preguntado si debe aplicarse la disposición transitoria única de la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se decreta el sobreseimiento de las causa de justicia universal de forma retroactiva a partir de la entrada en vigor de esta modificación.
Por su parte, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el auto del juez Santiago Pedraz por el que este mantiene abierto el caso sobre la muerte del periodista José Couso tras la reforma legal que acaba virtualmente con la justicia universal. En un escrito de cuatro folios, el ministerio público considera que el auto emitido el pasado lunes por Pedraz en el que decidía seguir adelante con la investigación supone una “clara extralimitación competencial” al entender que en el procedimiento sumario la capacidad para decretar o no el sobreseimiento de una causa no corresponde al juez instructor sino al tribunal superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia, tras escuchar a las partes implicadas.
Además, la fiscalía considera que la resolución de Pedraz “cercena de plano cualquier posibilidad, tanto a la representación procesal de la víctima como al Ministerio Público, de promover e instar del tribunal competente (la Sala de lo Penal de la Audiencia) el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad”. El ministerio público apunta que la nueva norma en vigor desde el pasado sábado "puede suponer una vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción", así como del "principio de la independencia judicial". El nuevo texto legal ordena el sobreseimiento de todas aquellas causas que no encajen en el nuevo articulado, una competencia que el artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye en exclusiva a los tribunales.
La fiscalía pretende que el juez Pedraz concluya el sumario de forma "urgente" y eleve el caso Couso a la Sala de lo Penal de la Audiencia para que este tribunal sea el que resuelva sobre si cabe el sobreseimiento de la causa "y se permita a las partes acudir a la vía de la cuestión de inconstitucionalidad".
Fuente: El país
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