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El Ayuntamiento de Terrassa ha decretado hoy las tres primeras sanciones que impone a bancos por contar con un piso vacío en la ciudad. Son castigos de 5.000 euros con los que el Consistorio aspira a que la entidad se desdiga y encuentre un arrendatario o ceda la vivieda a la bolsa de alquiler social del municipio. En caso de que la propiedad siga desocupada, las multa puede incrementarse hasta un máximo de medio millón de euros, de acuerdo con la ley de la vivienda que el tripartito aprobó y que ha inspirado al municipio que PSC e ICV-EUiA gobiernan.
Con los primeros expedientes resueltos hoy tras tramitarse desde la primavera, Terrassa se convierte en la primera localidad catalana que penaliza a los bancos que, ya sea a consecuencia de los desahucios o por inversiones estancadas de los años de la burbuja inmobiliaria, disponen de inmuebles desiertos y no han atendido los requerimientos de la corporación local. La idea parte de una propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la población.
"El objetivo no es recaudar, es que las viviendas se ocupen", defiende la teniente de alcalde Carme Labòria, "son pisos que dan mucha conflictividad, muchos no reúnen condiciones, no pagan cuotas de la escalera y pueden ser ocupados de forma irregular, y por otro lado tenemos una demanda elevada de vivienda asequible".
El Ayuntamiento que dirige el alcalde Jordi Ballart, sucesor del líder socialista Pere Navarro, ha incoado 725 informes desde mayo, cada uno por un piso hallado sin inquilinos y cuyo dueño es una entidad financiera. "Son un trocito de todas las viviendas vacías que hay", señala Labòria, que estima que los bancos concentran un parque de unos 5.000 domicilios carentes de vecinos. Terrassa promete continuar actuando contra las entidades que no alquilen los inmuebles, por lo que gravará con una tasa de unos 800 euros cada expediente que se abra.
La teniente de alcalde asegura que "entre el 80% y el 85%" de los bancos han presentado alegaciones. El resto no ha respondido a los trámites abiertos. Las razones que esgrimen las firmas que sí han respondido es que se hallan en fase de vender el domicilio, que no hallan compradores o que lo han arrendado hace poco.
Aunque no cuantifica de cuántas casas se trata, Labòria dice que algunas entidades han decidido ceder o alquilar las viviendas a raíz de conocer que el proceso sancionador se ponía en marcha, aunque se trata de "una minoría". "Dialogamos con las entidades, pero vimos que no nos salíamos. Los pisos que se han puesto a disposición de la bolsa de alquiler social del Ayuntamiento son muy pocos. Cuesta mucho que los bancos sean conscientes del problema. Tienen parte de la responsabilidad de la situación que vivimos y la sociedad nos exige respuestas", comenta la edil.
Por el momento, el Ayuntamiento no desvelará el nombre de las firmas castigadas. Al menos, será así hasta que se agote el período de alegaciones. Cuando arrancó el proceso, se supo que Bankia, Santander y Sabadell figuraban entre las entidades que Terrassa investigaba.
Labòria reconoce que esperan que los bancos emprendan contenciosos contra las sanciones, lo que puede suponer un coste en defensa para las arcas del Consistorio. "En todo caso, quizá así hacemos recapacitar a los bancos", alega la teniente.
Fuente: El mundo
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