Derechos humanos de la ONU visitará España en 2013 para averiguar si se cumplen las obligaciones de investigar los crímenes franquistas

Como antecedente a esta visita decidida por el comité de la ONU, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y Rights International Spain asegura que expresaron ya el pasado 12 de marzo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU en Ginebra sus preocupaciones “sobre los obstáculos que persisten en España para llevar a cabo investigaciones efectivas, independientes y exhaustivas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, sin las cuales no puede haber acceso a la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de estos crímenes, incluidas las 114.266 víctimas de crímenes de desaparición forzada y los 30.000 niños desaparecidos”, explican ambas organizaciones en un comunicado.

Derogar la ley de amnistía

“Como ya lo hiciera el Comité de Derechos Humanos dela ONU el 30 de octubre de 2008 -continúan- la AEDIDH espera que el Grupo de Trabajo recomiende a España que establezca una comisión de expertos independientes, encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura”. Además, el Comité había pedido a España que sus tribunales garanticen el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y que se derogue la ley de amnistía de 1977, por cuanto obstaculiza seriamente el derecho de las víctimas de desapariciones forzadas a mecanismos efectivos de acceso a la verdad, la justicia y la reparación. La AEDIDH espera que “el Grupo de Trabajo revise su decisión de 2002 a la luz de los criterios legales en vigor, de modo que se declare competente para examinar casos individuales de desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista (1936-1945)”.

Desde el 2002 reclamando una investigación

Las víctimas acudieron al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU por primera vez en 2002. Según explicó Lydia Vicente a ELPLURAL.COM, “desde ese año, el GTDFI ha estado en comunicación con el Gobierno español. En su informe anual de 2004, el GTDFI dice que, respecto de los tres casos pendientes (una desaparición ocurrida en 1947 y otra en 1949, más una desaparición de 1950), no puede informar sobre la suerte o el paradero de las personas desaparecidas. Normalmente, si los casos siguen pendientes o abiertos es porque o bien los Estados no responden a los pedidos del Grupo o la información aportada es insuficiente precisamente para aclarar los casos. En 2005, el GTDFI indicaba que no se había recibido información de la Administración sobre los casos que seguían sin ser resueltos”.

España, años sin respuestas

El GTDFI en el informe anual de 2007 afirmaba que “el Gobierno respondió en relación con los tres casos sin resolver y declaró que había recibido la carta anual de recordatorio del Presidente-Relator del Grupo de Trabajo y que su contenido se había transmitido a las autoridades españolas competentes, y que esperaba poder facilitar al Grupo de Trabajo la información solicitada pronto”. “Tras cuatro años de intercambio de comunicaciones, España ‘esperaba poder responder’”, comenta Lydia Vicente.

Informaciones gubernamentales insuficientes

En febrero de 2009 un nuevo informe apuntaba que “se volvieron a transmitir todos los casos sin resolver y no se recibió ninguna respuesta del Gobierno”. En el siguiente documento del Grupo publicado en diciembre de 2009, recuerda la jurista. “el GTDFI concluía recordando al Gobierno sus obligaciones con arreglo a la Declaración, en particular, la tipificación y sanción del delito de desaparición forzada y el deber de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición”. Tanto en 2011 como en 2012 el GTDFI concluyó que las informaciones suministradas eran insuficientes para esclarecer los casos. El grupo de trabajo también expresó sus preocupaciones en relación con las implicaciones que tendría el caso Garzón.

Obligación de amparar a las víctimas

¿Cómo obliga a España la recomendación o decisión de este grupo de trabajo? En palabras de Lydia Vicente: “España forma parte de la ONU, ratifica instrumentos internacionales de derechos humanos que tiene la obligación de cumplir de buena fe, es decir, forma parte de esa “comunidad internacional” de la que no debería apartarse y contribuir a hacer avanzar. Por tanto, España debería dar una imagen a la sociedad internacional de que cumple con sus obligaciones, de que respeta los mecanismos establecidos y que acata las recomendaciones de expertos independientes, y protege y ampara a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.

Imprescriptibilidad de los crímenes

En lo que se refiere a la recomendación de la imprescriptibilidad de estos crímenes y sobre la ley de amnistía, la directora ejecutiva de RIS dice que “fueron hechas por el Comité de Derechos Humanos al examinar el quinto informe periódico de España en 2008 y también por el Comité contra la Tortura al examinar igualmente el quinto informe periódico de España en 2009. Estas recomendaciones han sido recordadas al Estado español desde entonces. Es más, España tenía que haber presentado su sexto informe periódico al Comité de Derechos Humanos el 1 de noviembre 2012 y aún no lo ha hecho”.

No se cumplen las recomendaciones de Naciones Unidas

“En diciembre de 2008, -concluye Lydia Vicente- el Gobierno español aprobó el Plan de Derechos Humanos donde, por un lado, se comprometía a adoptar un Protocolo de actuación para dar cumplimiento a los Dictámenes y Recomendaciones de los distintos Comités de protección de los Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, las recomendaciones de los Comités en esta materia no han sido cumplidas a día de hoy”.

Querella argentina: Dos mil testimonios

Mientras este anuncio se producía, este lunes al mediodía en Buenos Aires, representantes de Madres de la Plaza de Mayo, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, de la Asociación de Abogados y otras asociaciones integrantes del grupo de apoyo, entregaban ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N-1, más de dos mil testimonios de apoyo recogidos en Madrid a la querella argentina contra los crímenes del franquismo que tramita la jueza María Servini de Cubría.

Acto de apoyo a la judicatura

A la misma hora, la Red Aqua, compuesta por cerca de 60 asociaciones o entidades relacionadas con las víctimas de estos crímenes entregaban una copia de esos testimonios en la Embajada de la República Argentina en Madrid. “Con este acto –explicaban- queremos expresar nuestro agradecimiento y apoyo a una judicatura que, en aplicación de los principios de la Justicia Universal, abrió una causa por genocidio o subsidiariamente los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista y sus autores durante el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

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