La hipocresía viste la marca Igualdad

"Empresas por una sociedad libre de violencia de género". Este es el título mediante el cual el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentaba esta semana la iniciativa puesta en marcha con 33 empresas para la "sensibilización" contra la lacra social del machismo. Un convenio por el que estas firmas se comprometen a trabajar en campañas de concienciación o en la reinserción laboral de las víctimas, pero que está tan cargado de buenas intenciones como de incongruencias.

Entre los nombres que componen la lista aparecen entidades que acumulan un largo historial de denuncias por trato discriminatorio a sus empleadas o explotación de mujeres dentro y fuera de las fronteras españolas.

Es el caso, por ejemplo, del grupo textil Inditex o los grandes almacenes El Corte Inglés, sociedades que arrastran desde hace años la dudosa reputación de fomentar un trato desigual entre sus trabajadores por razón de sexo, como han venido demostrando varias sentencias.

Zara, cabeza del imperio del millonario Amancio Ortega, ha sido condenada en varias ocasiones por despedir a dependientas acusándolas de robar, después de que hubieran solicitado la jornada reducida por maternidad. Otro tanto ocurre con los grandes almacenes, obligados por los tribunales a ofrecer horarios más conciliadores a sus trabajadoras.

¿Por qué se firma un convenio contra la violencia de género con empresas que no cumplen con los principios de igualdad con sus propios empleados? "Todas las empresas han dejado claro su compromiso con las víctimas de violencia de género en esta firma. Ahora, que luego incumplan con los protocolos de la Ley de Igualdad es diferente. Es una vía distinta y el Gobierno va a reforzar la vigilancia e inspección en este sentido", aseguran desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio.

Pero no se trata de casos aislados o desconocidos. Exhaustivos informes redactados por organizaciones internacionales han sacado a la luz las vejatorias prácticas de algunas de estas entidades hacia sus asalariadas. Tanto Inditex como El Corte Inglés están incluidas en el informe ‘Captured by cotton' de la organización independiente Centre for Research on Multinational Corporations por la explotación de miles de mujeres en los talleres de confección del estado de Tamil Nadu, al sur de India. Estas dos, junto a la firma de moda Mango, otra de las empresas incluidas en el convenio, fueron también señaladas por dos estudios presentados por la ONG Intermon Oxfam, ‘Moda que aprieta' y ‘Más por menos', por prácticas similares dentro y fuera de España.

Otros sucesos más recientes han tenido una fuerte repercusión. Mango fue, tan sólo hace pocas semanas, el centro de todas las miradas cuando Laura Abad, una trabajadora de la compañía, denunció a través de Internet que había sido despedida cuatro horas después de comunicar su embarazo, aunque la empresa lo negó.

"Para ellos [los empresarios] les viene bien porque les da caché decir que su empresa apoya a las mujeres maltratadas, pero no están cumpliendo con el resto del plan [de Igualdad]. Con sus trabajadoras no cumplen, es puro interés comercial", sostiene Rosalía Pascual, secretaria de la sección de Mujer e Igualdad de la Federación de Comercio de Comisiones Obreras (CCOO).

El sindicato ha tramitado y sigue tramitando, según Pascual, numerosas denuncias de empleadas de algunas de estas empresas. Señala, de nuevo, los casos más destacados de Inditex, por negarse o dificultar la reducción de jornada a mujeres y de El Corte Inglés, por la falta de promoción de sus trabajadoras y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Respecto al plan de Igualdad que muchas empresas firmaron hace años, lamenta: "Algunas sí, pero casi ninguna empresa lo cumple. Hay muchas reticencias".

Falta de información

Según informa el Ministerio, los convenios firmados con estas entidades "abogan bien por campañas de sensibilización a través de los medios que la empresa determine, bien por la inserción laborar de las mujeres maltratadas, o bien por ambas", sin concretar mucho más allá sobre la medida.

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegura que la medida es "positiva", siempre y cuando se articulen de manera adecuada los procedimientos a seguir. "Habrá que esperar a ver cómo se va a hacer. Lo normal sería poder coordinar con las empresas un perfil adecuado a estas mujeres y que participen en el proceso las asociaciones de mujeres maltratadas que llevan tanto tiempo en esta lucha", afirma.

Pero desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad aseguran que no se trata de un convenio marco y que por tanto, cada empresa regula el tipo de contrato que, en caso de producirse, propondrá a las víctimas de violencia de género que pretenda reinsertar. "A veces es temporal, a veces por obra, depende de cada una", informan.

Once de las 33 empresas ya habían firmado el convenio el año anterior. Este diario preguntó por los datos relativos a las medidas aplicadas por las firmas durante ese periodo, pero fuentes de la Secretaría de Estado aseguraron no poder facilitarlos en este momento.

"Si las empresas contratan suelen ser por tres meses, a tiempo parcial y para quedar bien", denuncia desde CCOO Pascual. "No se estiran en absoluto. ¿Por qué no se proponen de verdad mejorar la Ley de Igualdad? ¿Por qué no pueden hacer un contrato a tiempo completo a estas mujeres? Todo lo que suponga un dinero extra no lo quieren. Es un contrato miserable", agrega.

Montalbán subraya la importancia de conocer si existe alguna cláusula en el convenio que garantice que las empresas firmantes apliquen las normas de igualdad entre sus trabajadoras. "Por elemental criterio ético y de coherencia con respecto a los derechos de las mujeres tienen que garantizar que cumplen. Sería de esperar que cuando una de las partes incumple una norma deontológica en este tipo de convenios se la aparte del mismo", expresa. "Espero que se haga real esa colaboración y que no sea un mero hecho de promoción", sentencia.

Firmantes

Alcampo, BBVA, British Telecom, Centros Comerciales Carrefour, El Corte Inglés, Endesa, Federación de Hostelería, Fundación La Caixa, Grupo Mahou-San Miguel, Hoteles Ayre, Iberdrola, IKEA, Indra, Mango, Marco Aldany, NH Hoteles, Red Eléctrica, REPSOL, Sodexo, Supermercados Simply, Telefónica, Unión de Cerrajeros de Seguridad, Acciona, CEPSA, Confesal, Curves International of Spain, EROSKI, FCC, Fehrcarem, Inditex, Grupo AMMA, Grupo EULEN, Sacyr Vallehermoso, Servicios Securitas.

Fuente: Público