El fiscal del País Vasco cree que Bildu tiene “argumentos legítimos” para presentar a Otegi

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que, en principio, es aplicable al candidato a lehendakari por EH Bildu, Arnaldo Otegi, la inhabilitación para el ejercicio de derecho a sufragio pasivo a la que le condenó la Audiencia Nacional. No obstante, considera que "hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu" de que no se le puede impedir concurrir a los comicios, y ha afirmado que será el Tribunal Constitucional el que tenga "la última palabra". En este sentido, ha asegurado que en derecho "nada es blanco y negro", sino sujeto a interpretación, aunque "a veces genere inquietud".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Calparsoro ha estimado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "se ha adelantado" al remitir al tribunal que condenó al candidato de Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi, un escrito en el que le reclama que envíe a las Juntas Electorales de Euskadi la sentencia para que se "cumpla de forma imperativa" la resolución que le mantiene inhabilitado hasta el 28 de febrero de 2021. El fiscal ha razonado que que "todavía las candidaturas no se han presentado".

El Fiscal Superior del País Vasco hizo público este jueves un comunicado donde aseguraba que "comparte y asume las iniciativas y actuaciones" que emprenda la Audiencia Nacional. Calparsoro ha recordado que, con anterioridad, habló con el Fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que le comunicó que "había presentado un escrito ante la propia Audiencia" y la intención era que "no hubiera confusiones sobre la postura del Ministerio Fiscal, dado que es un órgano que tiene que regirse por el principio de unidad de actuación".

"Lo que hago yo es aclarar ese extremo. Es decir, que, en este momento, la Fiscalía competente para intervenir es la Audiencia Nacional. Por lo tanto, nosotros, en este momento, no tenemos nada que decir, más allá de asumir las iniciativas que adopte la Fiscalía y, después, lo que resulte de las decisiones judiciales", ha precisado.

Especificar los cargos

Juan Calparsoro ha reiterado que él mantiene, como ya dijo hace unos meses, que en el fallo de la Audiencia Nacional se deberían haber especificado los cargos concretos para los que quedaba inhabilitado Otegi. La izquierda abertzale sostiene que esa falta de detalle impide que se aplique la inhabilitación, y cita el precedente del parlamentario vasco Iker Casanova, que accedió al cargo pese a estar inhabilitado para ejercer un empleo o cargo público.

No obstante, el fiscal ha recordado que a diferencia del citado caso de Iker Casanova, en esta sentencia que afecta a Otegi hay dos inhabilitaciones: una es la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, "que es la que tenía también Casanova y que no se pudo ejecutar porque no se especificó el cargo", y una segunda condena, que es una pena accesoria, que es la de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo –ser elegido en unas elecciones–.

Por eso, ha razonado, "aquí sí que, en principio, [la inhabilitación] sería de aplicación". "Lo que pasa –ha añadido Calparsoro– es que hay un matiz y es que es una pena accesoria a la pena de prisión que, como todo el mundo conoce, ya ha extinguido, ya ha cumplido. Ahí, más allá de la opinión que cada uno tenga, la Audiencia Nacional ha entendido que esta pena accesoria, a pesar de ser accesoria, mantiene su vigencia, y son ellos los que lo tienen que interpretar esta accesoriedad", ha indicado.

En resumen, Juan Calparsoro ha señalado que puede tener "razón y no" EH Bildu cuando asegura que hay unas bases jurídicas que determinan que su candidato a lehendakari no puede ser inhabilitado. "En Derecho, aunque a veces nos genere inquietud, nada es blanco y negro. Admite márgenes de interpretación. Entonces, lo que está claro es que tiene una pena de inhabilitación esta persona y que es una pena impuesta y una sentencia firme", ha dicho.

Sin embargo, ha indicado que "otra cosa es cómo se puede ejecutar esa pena". "Es una postura legítima la de EH Bildu y, al final, tendrá que ser la Junta Electoral y, luego, un Juzgado, bien el de lo Contencioso, bien en último término el Tribunal Constitucional, el que determine y dictamine si se está vulnerando o no el derecho de Otegi o de cualquier ciudadano a accesos a cargos públicos, en este caso a presentarse a un cargo público de parlamentario vasco", ha subrayado.

La Fiscalía actúa

Por ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha remitido al tribunal que condenó al candidato de Bildu a lehendakari por intentar refundar Batasuna a través de Bateragune un escrito en el que le reclama que envíe a las Juntas Electorales vascas la sentencia, para que estas "cumplan de forma imperativa" la resolución que le mantiene inhabilitado hasta el 28 de febrero de 2021, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dejado claro este viernes que Otegi no puede ser candidato y ha garantizado que el Gobierno actuará con "firmeza" para asegurar que así sea. Catalá ha subrayado que la sentencia de la Audiencia Nacional de inhabilitación de Otegi no es "interpretativa" y, por tanto, no podrá ser el candidato de EH Bildu en las elecciones del próximo 25 de septiembre, no podrá formar parte de las listas electorales y no podrá ser diputado en el Parlamento regional.

El plazo para presentar las candidaturas a las elecciones vascas comienza el próximo miércoles y termina el 22 de agosto. La Junta Electoral de Gipuzkoa tendrá que tomar entonces una primera decisión de si admite o no la candidatura de Otegi. Suceda lo que suceda, la decisión es recurrible ante los tribunales de lo contencioso-administrativo y, posteriormente, ante el Constitucional. El tribunal de garantías, llegado el caso, tendría que pronunciarse como tarde el 8 de septiembre, jornada anterior al inicio de la campaña electoral en Euskadi.

Fuente: Infolibre