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El Gobierno de Guatemala declarará nulo por corrupción el contrato con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de la española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), para la ampliación y gestión de un puerto, según anunció este martes el presidente, Jimmy Morales.
"El tema de la declaración de nulidad, eso es un hecho que se tiene que hacer y la base legal está más que planteada", manifestó Morales, quien agregó que el próximo jueves se detallará el proceso, porque tienen que implicarse todas las instancias de investigación y Justicia del país.
La adjudicación a TCQ del proyecto para la ampliación de la terminal de Puerto Quetzal, valorado en 255 millones de dólares, es el eje de una trama de corrupción supuestamente encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que supuestamente cobraron sobornos millonarios.
También están procesados los altos cargos españoles de la empresa adjudicataria, TCQ, Juan José Suárez, detenido, y Ángel Pérez-Maura, en busca y captura, entre otros.
Desarticulación de la red
El Gobierno de Guatemala analiza desde la desarticulación de esta red declarar nulo el contrato y, aunque Morales se mostró al principio reacio de avanzar detalles sobre la decisión, concluyó que el próximo jueves se planteará el camino legal más adecuado, pero añadió que la nulidad "se tiene que hacer".
No obstante, el miércoles continuarán las reuniones para determinar como se va a conducir el tema de forma procesal, por lo que pidió "paciencia" hasta el próximo jueves, cuando se hará "la presentación completa de todo el proceso que se va a hacer".
"Porque no es solo declararlo y ahí estuvo", dijo el gobernante, que abogó por implicar a todas las instancias del Estado y tomar en cuenta las implicaciones económicas, legales y políticas que puede conllevar cualquier decisión, que debe ser adoptada de manera "objetiva" y "transparente", respetando las leyes y a favor del Estado.
En este mismo sentido, el presidente enumeró los puntos que se deben estudiar, como quien se hará cargo de la inversión, de las deudas contraídas, de las repercusiones internacionales para el Estado o la vía legal, si penal o civil.
"Yo les pido que ustedes tengan tiempo de aquí al jueves, donde se va a plantear lo que es evidente, es un negocio de algunas personas que ya están siendo señaladas por actos de corrupción", arguyó Morales, quien pidió llevar "los debidos procesos".
El testigo especial de la Fiscalía Juan Carlos Monzón explicó este martes en qué gastaron Pérez Molina y Baldetti un millonario soborno de 30 millones de dólares, supuestamente pagados por TCQ para conseguir la ampliación portuaria.
De estos, 24,5 millones serían a los socios locales de la estructura (Pérez Molina y Baldetti), 5 millones para un grupo de argentinos involucrados en la trama y medio millón para otros gastos.
Fuente: 20 Minutos
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