jueves, 4 de febrero de 2016

Diez años del 4-F, el caso que retrató 'Ciutat Morta' y sacudió la sociedad catalana

Diez años atrás, el PSC era todavía el partido hegemónico en Barcelona y Joan Clos ostentaba la alcaldía de la capital catalana. Las ahora omnipresentes redes sociales eran muy embrionarias -Twitter, por ejemplo, ni tan siquiera existía- y las denuncias por abusos policiales y montajes judiciales difícilmente trascendían más allá de círculos muy activistas. Hoy, los socialistas son sólo la quinta fuerza de la ciudad, millones de personas consultan diariamente sus perfiles en las redes y una parte significativa de la población ya no acepta acríticamente la versión oficial cuando aparecen quejas ante una determinada actuación policial. Y una de las razones de este último cambio es lo que sucedió en Barcelona hace justo una década, el 4 de febrero de 2006. Fue el punto de partida del llamado caso 4-F, que sacudió a gran parte de la sociedad catalana en enero del año pasado con la emisión en el Canal 33 del documental Ciutat Morta.

El 4 de febrero de 2006 durante el desalojo de una finca ocupada en la calle Sant Pere Més Baix -en el distrito de Ciutat Vella- un agente de la Guàrdia Urbana de Barcelona recibió un fuerte impacto en la cabeza y quedó en coma. La noche terminó con varios jóvenes detenidos y, posteriormente, cuatro de ellos fueron condenados a prisión, acusados de ser los responsables de la agresión. El 26 de abril de 2011, Patricia Heras, una de las encarceladas, se suicidó durante un permiso penitenciario. Las versiones policial y judicial del caso 4-F difieren radicalmente de la que aparece en Ciutat Morta, que muestra cómo aquella noche Heras ni tan siquiera se encontraba en el inmueble de Sant Pere Més Baix.


Heras y el agente de la policial local herido -y que quedó tetrapléjico- han sido las víctimas más graves del caso. Pero también se deben añadir Rodrigo Lanza, Álex Cisternas y Juan Pintos, los otros tres jóvenes que pasaron varios años entre rejas por una acción que siempre negaron haber cometido. Además, denunciaron haber sufrido torturas por parte de la policía. Inicialmente el caso tuvo poca repercusión mediática y tan sólo la revista Masala -una publicación local de Ciutat Vella- y, sobre todo, la Directa -entonces un semanario y hoy un diario digital que además publica un quincenal en papel- lo siguieron a fondo y cuestionaron la versión oficial.

Mayor fiscalización ciudadana

El periodista de la Directa Jesús Rodríguez, seguramente la persona que más ha escrito sobre el tema, afirma a Público que la principal consecuencia del caso 4-F ha sido que “ha cambiado la lupa con la que la sociedad y los periodistas observan las denuncias de abusos policiales, impunidad e injusticias varias”. “Ahora hay una mayor fiscalización y un seguimiento más de cerca de estas denuncias”, añade Rodríguez. Con todo, este no fue una consecuencia inmediata sino que llegó a raíz del enorme impacto que tuvo la emisión de Ciutat Morta, que retrata el caso como un montaje policial que se pudo llevar a cabo gracias a la cobertura política y judicial. Víctor Gibanel, exjefe de información de la Guàrdia Urbana de Barcelona, demandó al periodista por lo que dice sobre él en el documental.

La opinión sobre las consecuencias de la película no es unánime. Para Félix García, secretario general del Sindicato Autónomo de Policía de las Policías Locales de Catalunya (SAP-PL), se “generó un impacto muy negativo, porque constituyó una crítica general a toda la institución [policial] y no se señaló como un hecho puntual”. Según él se tradujo en un “prejuicio injustificado contra toda la policía, olvidando que lo que hacemos es defender derechos y libertades”. El dirigente sindical añade que a raíz de ello se ha provocado “cierta inhibición en el policía, porque se siente cuestionado y en el punto de mira”.

Una audiencia récord

La idea del documental surgió durante el 15-M, cuando pocos días después del suicidio de Patricia Heras coincidieron Xapo Ortega y Xavier Artigas, a la postre directores del documental a través de Metromuster, la productora que fundaron. Estrenada en 2013, la cinta pasó más o menos desapercibida a pesar de su exitosa trayectoria en festivales. Las resistencias de la dirección de Televisió de Catalunya (TVC) a emitirla, su programación un sábado por la noche y en su segundo canal -y sólo tras una fuerte presión social y político- y el intento de censura previa ordenada por un juez -que obligó a proyectar una versión recortada en varios minutos a causa de la petición de Víctor Gibanel, alto cargo de la Guàrdia Urbana de Barcelona durante los hechos- desencadenaron un efecto Streisand de manual. Y el resultado fue rotunda. 569.000 personas vieron el documental en directo -un récord en la historia del Canal 33- y cientos de miles lo hicieron posteriormente a través de las redes.

A partir de aquí se desató una tormenta política y mediática y, esta vez sí, el debate público giró durante un par de semanas alrededor del tema. Varias formaciones políticas reclamaron la reapertura del caso -como habían pedido año tras año los familiares y grupos de apoyo a las víctimas- pero la Fiscalía la rechazó, con el argumento que el documental no constituía “ninguna prueba jurídica”. Tras la emisión, tanto el Síndic de Greuges -el equivalente catalán al Defensor del Pueblo- como el Ayuntamiento de Barcelona -todavía gobernado por el convergente Xavier Trias- publicaron informes sobre el caso.

A diferencia del relato del consistorio -construido a través de las versiones policiales y judiciales-, el Síndic, Rafael Ribó, detectó indicios de maltrato a los detenidos. Ribó dio credibilidad a las denuncias por torturas presentadas contra los agentes de la Guàrdia Urbana Víctor Bayona y Bakari Samyang, que testificaron contra los detenidos y actualmente están en prisión condenados por maltrato en otro caso.

Xavier Artigas, uno de los codirectores de Ciutat Morta, explica que “desde el primer momento teníamos la voluntad de trascender y llegar a un gran público” y que con el documental se consiguió “de largo” que la gente conociera el caso. “El juicio histórico se ha ganado”, afirma Artigas. Para el cineasta, antes de que se abriera la caja de Pandora con su emisión en el Canal 33, “los medios fueron muy cautelosos al hablar del documental. Creo que había una cuestión de cobardía porque [en él] quedan retratadas personas que están en activo. Denunciábamos a exalcaldes, policías en activo, una juez,...”.

"Un símbolo del abuso de poder"

“Desde que se emitió el documental, la gente común está al caso y cree que estos casos de abusos suceden en Barcelona y en el mundo. Era el muro contra el que luchábamos”. Quién habla es Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, uno de los jóvenes encarcelados en el caso. La situación de su hijo implicó un giro radical en la vida de Huidobro, ya que “cambié de país [es chilena], dejé de trabajar, me quedé sin pareja y caí en la bancarrota” tras implicarse totalmente en la campaña para pedir la libertad de los acusados. Huidobro lamenta las consecuencias del caso que arrastra Lanza -una deuda de más de un millón de euros y los antecedentes penales que le han dificultado encontrar trabajo-, pero a pesar de todo subraya que el 4-F se ha convertido “en un símbolo del abuso de poder”. Convertida en activista, defiende la necesidad de contar la historia para ayudar también a otras y fruto de esta idea surge el libro Ciutat Morta. Crónica del caso 4F, que se presenta este jueves.

El periodista Jesús Rodríguez recuerda que el jefe de los Mossos, el comisario Josep Lluís Trapero, dijo que las balas de goma se prohibieron “porque la sociedad catalana ya no las acepta”. Y cree que “ha pasado algo similar con la fiscalización y el control de las prácticas policiales después deI Ciutat Morta", ya que ahora algunos cuerpos incorporan “elementos de sociedad vigilante en sus actuaciones”. Rodríguez considera que “fiscalización no se debe detener” y que los cuerpos policiales deberían ver como “normalizada” la existencia de entidades como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, el Síndic de Greuges o el Centro Irídia -surgido hace unos meses para defender los derechos humanos- y no como a sus enemigos.

Para el sindicato SAP-PL, “con la aplicación del actual código penal y con los regímenes disciplinarios que tiene cada cuerpo policial” ya se persiguen los posibles abusos. En todo caso, la organización subraya que ha solicitado “cámaras en los centros de detenidos, en las zonas de custodia e incluso en los vehículos policiales, porque entendemos que genera una doble seguridad. Da tranquilidad al ciudadano y, a la vez, es una seguridad jurídica para el policía y hemos comprobado que con ellas caen en picado las falsas denuncias [por abusos]”. Diez años después, el caso 4-F sigue bien presente.

Fuente: Público

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