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El Tribunal Supremo ha acordado que el 'caso Rato' sea instruido por un juzgado ordinario en lugar de la Audiencia Nacional, a pesar de que se investiga un supuesto autoblanqueo de 6,5 millones de euros procedentes de cuentas de diferentes países, entre ellos paraísos fiscales, y que el exvicepresidente económico invirtió en un hotel de Berlín (Alemania).
El juez de instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, será el que definitivamente instruya esta causa abierta por supuestos delitos fiscales, en lugar de la Audiencia Nacional que es la encargada de investigar los delitos cometidos en el extranjero.
El Supremo ha resuelto así la cuestión de competencia planteada por el juez de instrucción frente a la Audiencia Nacional. En contra de su criterio, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4, Fernando Andreu, defendía la devolución de la causa a Serrano-Artal.
El alto tribunal accede a la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que solicitó que el 'caso Rato' quedara en la Plaza de Castilla, sede de los juzgados madrileños, porque estima que los supuestos delitos fiscales se cometieron sobre todo en España: “Existir algo más que sólidos indicios” de los delitos se comenzaron a cometer en territorio español, expuso la Fiscalía.
La decisión del ministerio público en el Supremo fue contraria a la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a la devolución del caso a Serrano-Artal dictada por Fernando Andreu, juez central de instrucción 4.
Anticorrupción considera que una empresa de Rato recibía dinero del extranjero "de origen injustificado" y que salía invertido hacia Alemania, al tiempo que una sociedad vinculada al exministro y ubicada en el paraíso fiscal de la la Isla de Gernsey recibió también procedente de Panamá y Bahamas.
Dicha empresa -Kradonara- tuvo unos ingresos de 6,5 millones de euros entre el año 2002 al 2014, cuya procedencia la Fiscalía considera necesario investigar, y recibió ingresos desde Lérida. Al mismo tiempo, esta misma empresa recibió transferencias de la sociedad Vivaway, situada en Gernsey, por más de 3 millones de euros.
Por su parte, Vivaway recibió desde Panamá y Bahamas cerca de 3,4 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Y Rodrigo Rato tuvo unas entradas de divisas cercanas a los 2,8 millones de euros.
La causa, con nueve imputados, está abierta por los supuestos delitos fiscales, de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Fuente: Público
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