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La próxima imputación de la infanta Cristina de Borbón sobrevuela desde hace días tras el último informe de la Agencia Tributaria que confirma que la hija del Rey gestionó los movimientos de la empresa Aizoon, titularidad al 50 por ciento junto a su marido Iñaki Urdangarin, uno de los principales imputados en el ‘caso Nóos’. Mientras que el fiscal general del Estado ha dejado claro que no hay indicios para imputar a la Infanta, la acusación va a pedir de nuevo su imputación.
El sindicato Manos Limpias va a pedir al juez José Castro en los próximos días que impute de nuevo a Cristina de Borbón por un delito de blanqueo de capitales. Según fuentes de esta acusación, los últimos informes de Hacienda constatan que quien manejaba Aizoon era la hija de Don Juan Carlos. Era ella quien se encargaba de firmar contratos de alquiler ficticios, hacer contratos falsos de trabajadores y utilizar la Visa de la empresa.
De los últimos datos estas acusación concluye que Cristina gestionaba Aizoon mientras que su marido hacía lo propio con el Instituto Nóos, por lo que está actualmente imputado.
Sin embargo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, mantiene que no hay nuevos datos para sostener una imputación de la Infanta. “Desde el Ministerio Público no se está dando un trato de favor a la hija del Rey por ser quien es ni se ha dado ninguna orden directa al fiscal del caso para que se oponga a su imputación”. El representante de Anticorrupción se opuso frontalmente a la decisión de Castro de imputar a la infanta, recurso que fue admitido por la Audiencia Provincial de Palma al entender que no hay indicios de que Doña Cristina fuera conocedora ni participe de los negocios presuntamente delictivos de su marido.
Cuando la Audiencia Provincial ordenó a Castro retirar la imputación de la esposa de Urdangarin como cooperadora necesaria de todos los delitos cometidos por su marido le dejó una puerta abierta para volver a imputarla si encontraba algún delito fiscal. Desde entonces, el instructor no ha cesado hasta que la Agencia Tributaria ha encontrado movimientos de la Infanta sospechosos. Desde entonces, Castro ha realizado varias diligencias relacionadas con la hija del Rey.
La pasada semana dictó una providencia para investigar las salidas de fondos de seis cuentas de Aizoon, que habrían recibido elevadas cantidades de dinero del entramado Nóos. Así, ha requerido a la Agencia Tributaria que solicite a tres entidades bancarias información sobre los movimientos registrados en esas cuentas.
Fuentes conocedoras del caso sostienen que la próxima pronunciación del juez sobre la posible imputación de la Infanta puede ser inminente. Castro quiere darse prisa en adoptar una decisión antes de que se intente adoptar otra maniobra para quitarle el caso como ocurrió cuando hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se inhibiera de la totalidad del asunto al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
El Ministerio Público utilizó una estrategia para quitarle el caso al sostener que había indicios suficientes de criminalidad contra la alcaldesa y el ex presidente valenciano, Rita Barberá y Francisco Camps, por aprobar contratos a dedo a Nóos, y al ser estos aforados, el TSJCV debía asumir la totalidad de la causa. Sin embargo, la jugada no salió como estaba previsto al rechazar el tribunal la causa al entender que no había indicios de delito contra los dirigentes de su comunidad autónoma.
La acusación está dispuesta a querellarse contra el fiscal anticorrupción en Palma y la Audiencia Provincial balear por un delito de prevaricación si vuelven a oponerse a la imputación de la Infanta cuando ha quedado constatado, según esta acusación, que Aizoon es una empresa instrumental para defraudar a Hacienda y doña Cristina era dueña al 50 por ciento.
Fuente: El confidencial
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