domingo, 1 de noviembre de 2015

El contrato perdido de Norman Foster que firmó Esperanza Aguirre

Más de diez millones de euros por dos edificios sin construir y contra un contrato desaparecido. Ese era hasta ahora el relato oficial del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre su colaboración con el arquitecto británico Norman Foster, con el que firmó en 2006 un acuerdo para la construcción de dos de los edificios del complejo que iba a situar a los juzgados y tribunales madrileños “a la vanguardia de las infraestructuras judiciales europeas”. La cifra desembolsada –10,6 millones de euros– la reveló El País el verano pasado, y desde entonces el Gobierno de Cristina Cifuentes había alegado que no encontraba el contrato. CTXT ha tenido acceso a dicho contrato y lo publica íntegramente, sin los datos privados de los firmantes.

[Tras la publicación anoche viernes 30 de octubre de este documento, la presidenta Cifuentes ha matizado esta mañana a través de su cuenta de Twitter que ante las reiteradas peticiones de consulta de este documento por los grupos de la Asamblea de Madrid, su Gobierno ya se había comprometido, por boca del consejero Ángel Garrido, a mostrarlo: "Las informaciones que se me dan dicen que ese contrato está; por lo tanto, también podrán consultarlo y verlo con tranquilidad", declaró Garrido en una comparecencia reciente.

El contrato se firmó en Madrid el 17 de abril de 2006, en español y en inglés, y además de la entonces presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, y del propio Norman Foster (Manchester, 1945), aparece rubricado por el exconsejero de Justicia, Alfredo Prada. El complejo judicial, que entonces tenía el nombre de "Campus de la Justicia”, pretendía reunir todas las sedes judiciales de la comunidad (14 edificios) en la zona de Valdebebas, cerca del nuevo aeropuerto madrileño y de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El acuerdo con el arquitecto británico se firmó “teniendo en cuenta la singularidad artística y arquitectónica del proyecto y el prestigio a nivel mundial de Lord Norman Foster”, y por una cifra superior a la que dio la comunidad: 11,6 millones de euros, más un 15% en concepto de gastos. En total, 13.364.153 euros.

El estudio del arquitecto, Foster and Partners, fue contratado únicamente “en calidad de arquitecto del diseño del proyecto”, según recoge el documento, por lo que los demás consultores, el arquitecto local, el arquitecto técnico, los paisajistas y los ingenieros, entre otros, debían ser contratados aparte directamente por el gobierno regional.

El gobierno regional ha admitido haber desembolsado más de diez millones de euros por el proyecto de Foster, a pesar de que no se puso una sola piedra de ninguno de los dos edificios, que debían acoger las sedes de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los dos proyectos pueden consultarse, aquí, en la página web del arquitecto.

El coste de construcción de ambos edificios aparece reflejado, aunque ello quedaba también fuera del ámbito de aplicación del acuerdo con Foster. Según el contrato, el presupuesto de la sede de la Audiencia Provincial ascendía a 115,5 millones de euros y el del TSJM, a 64,1 millones. Los honorarios de Foster se calcularon en base al total de casi 180 millones que habría supuesto la construcción de ambos edificios, como se puede ver en esta página.

En concepto de gastos se incluían dos maquetas para la “presentación del proyecto en obra, así como material de visualización dentro de la etapa del anteproyecto”, aunque se excluían los DVD y el “material promocional especial”. En cuanto a viajes, el acuerdo preveía 52 desplazamientos para dos personas, a razón de “un viaje cada tres semanas aproximadamente”, dentro de los tres años que debía durar el diseño y construcción de los edificios. Por último, el contrato estipulaba un pago inicial “en el momento del encargo” de 310.000 euros, y que los pagos debían realizarse en los 28 días posteriores a la emisión de las facturas. Todo ello libre de impuestos, dado que se trataba de un estudio con domicilio fiscal en el extranjero.

Comisión sobre endeudamiento

La creación de la Comisión para el estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid, a petición de Podemos, ha devuelto a la actualidad la espectacular y ruinosa puesta en escena de este faraónico y fallido proyecto. El diseño global, que el anterior presidente madrileño, Ignacio González, rebautizó como “Ciudad de la Justicia” y que preveía encargar otros edificios a otras firmas igualmente célebres de la arquitectura mundial, está actualmente paralizado por orden judicial y su viabilidad en entredicho: 105 millones de gasto después, en el área reservada al complejo sólo hay en pie un edificio sin terminar, el llamado “Donut”, y dos túneles que esta semana han servido de plató cinematográfico.

La desaparición del contrato se había convertido en una polémica recurrente desde que El País publicara su información el pasado agosto, y se recrudeció al arrancar la comisión para el estudio de la deuda. “Yo atribuyo a una broma que se diga que se ha perdido el contrato con Norman Foster, que nos costó nada menos que 10,6 millones de euros”, dijo la diputada socialista Mercedes Gallizo en el pleno del pasado 1 de octubre, dirigiéndose al actual consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.

Durante la primera sesión de la citada comisión, celebrada el pasado 6 de octubre, Gallizo volvió a plantear el asunto, esta vez ante el presidente del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda. “Si ustedes hubiesen controlado las cuentas de esta sociedad [Campus de la Justicia], quizá hubiesen advertido que hay algún contrato que se ha distraído”, afirmó.

“Básicamente, ¿dónde está ese dinero?”, preguntó también el diputado de Ciudadanos, César Zafra, en un pleno en la Asamblea de Madrid el pasado 1 de octubre. “Entendemos que todo eso se ha acabado gastando en lo que suelen gastar los malos gestores: en auditorías, en gestorías, en abogados, en pliegos y, sobre todo, en contratos millonarios como el que tuvimos que pagar a Norman Foster”, añadió: “¡A pesar de no haber encontrado el contrato! Porque, para sorpresa de todos, ¡se perdió! ¡Se perdió un contrato de 10,5 millones de euros! ¡Todo un ejemplo de la gestión del Partido Popular en estos últimos veinte años!”.

CTXT ha tenido acceso también a las facturas del acto de colocación de la primera piedra de la Ciudad fantasma de la Justicia, que costó 1,5 millones de euros, y las publicará en las próximas horas.

Fuente: Infolibre

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