Interior da carpetazo en horas a una nueva denuncia por acoso contra el ministro Fernández Díaz

Fue ignorado por sus jefes durante 18 meses. Les denunció por acoso moral. Empezaron a darle "algo" de trabajo. Se archivó su causa. Volvieron a ignorarle. Esa es, a grandes rasgos, la cronología del caso de Jaime Nicolás Muñiz, el alto funcionario del Ministerio del Interior que denunció a sus superiores y a quien la Audiencia Nacional llegó incluso a reconocer como víctima de acoso laboral. Ahora ha vuelto a iniciar los trámites para denunciar otra vez a los responsables de su repetida situación de "aislamiento" en su puesto de trabajo. Es decir, al ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, y a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. ¿La respuesta del departamento? Carpetazo a su denuncia. En cuestión de horas y sin haberla siquiera analizado bien.

Jaime Nicolás Muñiz es funcionario desde hace 40 años y lleva en el escalafón más alto de su condición laboral —ostenta el nivel 30— más de 25. Entre su extenso currículum se encuentra el puesto director de gabinete del expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente, cargo que ocupó hasta que fue destituido con el nuevo Gobierno del PP. En enero de 2012 solicitó, como le correspondía por derecho, volver a su puesto en el Ministerio del Interior. Fue destinado a la Secretaría de Estado de Seguridad como vocal asesor de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE), donde durante un año y medio ostentó un cargo, pero ninguna función. Y ahora esa situación ha vuelto a repetirse.

Tras los primeros 18 meses sin haber recibido ningún encargo de sus superiores el funcionario pidió explicaciones primero de forma interna, como ya relató este diario en su momento. Pero después de meses de silencio en el Ministerio, recurrió a los tribunales para reclamar el reconocimiento de sus "derechos fundamentales violados" así como la "reparación de los daños morales y materiales y ocasionados". No quería dinero -pidió, simplemente, la cantidad simbólica de un euro como indemnización-, pero sí que la Justicia se pronunciara en defensa de su "honor, dignidad, integridad moral y derecho al trabajo y al libre e igual ejercicio de funciones".

Tras una larga batalla judicial, lo consiguió, aunque sólo en parte. La última sentencia de la Audiencia Nacional -hubo dos, de las que ya informó Público- no le dio la razón por cuestiones técnicas, pero sí le reconoció como víctima de "una violencia psicológica, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado", en una situación en la que, además, “la víctima ocupa una posición de inferioridad respecto del agresor”. Le tildó, en definitiva, como víctima de bossing, es decir, del acoso laboral ejercido por parte de sus superiores.

Sin embargo, la investigación interna llevada a cabo en el seno del Ministerio decidió obviar tal documento y, alegando que Jaime Nicolás Muñiz se llevaba bien con sus compañeros y con su jefe directo -el secretario general del GIESE, José Hurtado Quero-, archivó su causa. Le dejaban "opinar en la cafetería" sobre los asuntos del GIESE y no parecía sufrir de "ansiedad o estrés". Así que, en conclusión de los inspectores del departamento, el alto funcionario no sufrió acoso. Y punto.

Pero para el afectado no fue un punto y final. Primero intentó agotar la vía administrativa, recusando por imparcial al responsable final del archivo de su causa: el subsecretario de Interior, Luis Aguilera. Su denuncia llegó entonces, por fin, al propio ministro. Pero Fernández Díaz se limitó a avalar a su número tres como capaz y suficientemente independiente para juzgar sobre si él cometió acoso o no. Fue la crónica de un final anunciado.

El pasado 25 de mayo, Jaime Nicolás recibió una copia de la resolución del Ministerio en la que se confirmaba el archivo de su denuncia. El propio Aguilera reconocía en ella la "notoria competencia profesional" del funcionario, pero suscribía por completo la teoría de los inspectores que llevaron en caso: si podía opinar en la cafetería, no podía considerarse que no realizaba ninguna tarea en su departamento y, por tanto, no existía el acoso denunciado.

Una vez más, el afectado acudió a los tribunales. Esta vez, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde recurrió, por la vía de lo contencioso, el archivo de la investigación del Ministerio. Y, una vez más, tuvo que sufrir las consecuencias de sus actos.

Desde que interpuso esta demanda, en mayo, y hasta el 24 de septiembre, fecha en la que advirtió a su jefe directo - que iniciaría un nuevo proceso interno, Jaime Nicolás Muñiz volvió a quedarse sin tareas que realizar. Otros cuatro meses de "represalia" que el afectado ha vuelto a denunciar.

"Sean como sean y cuáles sean los antecedentes, el caso es que la situación en que me encuentro ha vuelto a ser de total marginación e inactividad, en una nueva manifestación de rotundo acoso moral", reza en el documento presentado por el afectado y que va dirigido, precisamente, a uno de los denunciados: al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El otro es el propino titular del Ministerio, Fernández Díaz. "Son ya más de cuatro meses de inactividad absoluta y olvido que no hacen sino presagiar otro más largo período de anulación personal y profesional", continúa Nicolás Muñiz en su escrito -fechado el 25 de septiembre- en el que solicita, incluso, no sólo que se siga el "protocolo antiacoso" sino ser trasladado y que le asignen "a otras instancias independientes fuera del departamento que no actúen bajo la autoridad o influencia política de las autoridades" contra las que dirige la denuncia.

Para su sorpresa, la respuesta llegó en apenas cinco días. El Ministerio no había admitido a trámite su nueva denuncia. ¿El motivo? "Dicha denuncia expone consideraciones similares a la que formuló el 10 de octubre de 2013 y sobre la que se dictó [...] archivar la misma por insuficiencia de indicios y de la que en la actualidad está conociendo [...] el TSJM", esgrimen en la última resolución, del 2 de octubre [documento en la imagen superior]. Es decir, que departamento que dirige el denunciado Fernández Díaz considera que se trata de "un tema resuelto ya en vía administrativa y pendiente de pronunciamiento judicial".

Ello supone, según el denunciante, que -quizá por la premura, quizá por desinterés- los responsables del registro del departamento apenas han leído su denuncia. Y es que su reclamación se debe a los hechos ocurridos entre mayo y septiembre de 2015; no a los ya juzgados por el Ministerio y que corresponden a años anteriores, como insinúa Interior en su respuesta. En cualquier caso, Jaime Nicolás tiene un mes para recurrir otra vez esta decisión. Y Fernández Díaz puede estar seguro de que lo hará.

Fuente: Publico