La defensora del Pueblo no recurrirá la "ley antidesahucios" ante el Constitucional

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la "ley antidesahucios", a pesar de la petición que le había hecho la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En el último día de plazo legal para registrar la iniciativa ante el TC, Becerril ha tomado esta decisión tras reunirse con la Junta de Coordinación del organismo que ella dirige.

Becerril convocó una reunión del cuadro directivo de la institución a las diez y media de la mañana de este viernes, en la que se analizó la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La PAH había elaborado un recurso de inconstitucionalidad de la ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios pero, como no tiene legitimidad para presentarlo ante el TC, pidió a 50 diputados, 50 senadores o al Defensor del Pueblo que lo "avalen" y lo trasladen al alto tribunal.

Asimismo, tal y como se explica en la resolución comunicada a los interesados, este asunto ha sido sometido ya al Tribunal Constitucional, dado que parlamentarios del Grupo Socialista han presentado mismo recurso contra la citada norma. Por ello, entiende que la intervención de la Defensora del Pueblo no es "necesaria" en este caso para asegurar la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico.

Protección a los deudores

No obstante, Becerril ha resaltado que sigue siendo necesario reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para "impedir los efectos nocivos que se han producido". A su juicio, la ley contiene elementos positivos respecto de la regulación anterior, si bien es todavía necesario establecer un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, para facilitar pagos más flexibles y que exista una segunda oportunidad. Además, contempla aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en su caso, una solución razonable.

En abril de 2013, la institución presentó en el Parlamento actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la regulación de las deudas hipotecarias. También se pidió limitar los elevados intereses de demora y los gastos de ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación entre las partes que dote al juez de mayores facultades de decisión. Asimismo, solicitó a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA) que se comprometieran a informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten tras la entrada en vigor de la Ley.

Actuación de la PAH

Esta decisión ya ha sido comunicada a la PAH. En los últimos días esta plataforma había intensificado su campaña para lograr que el Defensor del Pueblo respaldara su petición mediante la promoción en redes sociales de las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y difundiendo el teléfono de la Alta Institución animando a los ciudadanos a llamar y mostrar su apoyo al recurso.

El aval del Defensor del Pueblo era una de las vías que ofrece el sistema para que los ciudadanos puedan llegar a recurrir una norma ante el Tribunal Constitucional. La otra posibilidad es conseguir la firma de 50 diputados o senadores, algo en este caso más difícil porque el apoyo anunciado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo al texto de la PAH no supone avales suficientes.

Fuente: 20 Minutos