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El Comité de Derechos Humanos de la ONU pasa revista a España. El organismo ha celebrado este martes la sesión de revisión del sexto informe sobre el cumplimiento de los derechos y garantías contemplados en el Convenio de Derechos Civiles y Políticos. Los expertos del Comité han preguntado a la delegación española sobre diversas cuestiones, haciendo especial hincapié en el tratamiento a los inmigrantes y demandantes de asilo en Ceuta y Melilla y en los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), la reparación de los crímenes franquistas y la detención incomunicada.
Devoluciones de inmigrantes en Ceuta y Melilla
Uno de los expertos del comité ha preguntado a la delegación española por la existencia de protocolos sobre el uso de la violencia en la frontera ya que "existen informes de inmigrantes golpeados por porras, incluido un niño de 12 años". El miembro de la ONU también se ha interesado por el entrenamiento de la seguridad fronteriza y por los mecanismos de control de sus actuaciones. La delegación española también ha sido preguntada por los procesos de devolución y expulsión de migrantes en las fronteras de las ciudades autónomas.
Ana María Menéndez, representante permanente de España en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra ha asegurado que la devolución y expulsión de inmigrantes "se hace de forma individual y caso por caso", con asistencia letrada gratuita. "Todos los agentes en las fronteras españolas están entrenados en derechos humanos", ha respondido.
Una de las principales denuncias sobre las expulsiones sumarias en las vallas de Ceuta y Melilla (denominadas 'devoluciones en caliente') –que ha admitido el Gobierno y que pretende amparar con la Ley de Seguridad Ciudadana– es que las expulsiones no son individuales y que no se da la oportunidad a los inmigrantes de pedir asilo o expresar cualquier otra cuestión a un abogado. Los agentes que trabajan en la valla de Melilla reconocieron que no preguntan nada a las personas que devuelven sobre la marcha a Marrueecos.
Trato en los CIE
Los expertos de Naciones Unidas se han interesado también por el trato a los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Han preguntado a las autoridades españolas si se llama a las personas por su nombre, ya que una de las denuncias sobre los centros es que se llama a las personas mediante números, lo que afecta a su dignidad. También han preguntado si las denuncias sobre malos tratos en los centros y el internamiento de menores está siendo investigadas.
La delegación española ha recordado que el Gobierno ha aprobado en 2014 un Reglamento para los CIE, que según se ha publicado en eldiario.es se incumple en muchas ocasiones. Este texto contempla que los internos sean designados por su nombre y es en esa garantía en la que se escuda el Gobierno en su respuesta.
Además, los representantes españoles afirman que “el uso de teléfonos móviles por los 'detenidos' [sic] en los centros están permitidos”. Esta posibilidad solo es efectiva en dos CIE, el de Murcia y el de Las Palmas. Los jueces de control que revisan las garantías en los centros de Madrid y Barcelona han fallado recientemente sobre la obligación de la Policía de permitir su uso, que por el momento no se aplica.
Crímenes franquistas
La mayor reprimenda al Gobierno español ha llegado por parte del presidente del Comité, Fabian Omar Salvioli, sobre los crímenes franquistas. Los expertos han preguntado a España cuáles eran los "motivos legales por los que ha rechazado la cooperación con las autoridades argentinas", en el caso conocido como la Querella Argentina, a lo que el Gobierno ha respondido que según "el acuerdo sobre extradición entre ambos países, no se puede llevar a cabo ninguna extradición si no se ha establecido responsabilidad criminal".
En opinión de los representantes españoles, el Comité estaba pidiendo a España aplicar de forma retroactiva leyes a crímenes prescritos. El presidente ha respondido no ver "por qué habría algún problema para establecer la responsabilidad estatal en las desapariciones forzadas. La Ley de Amnistía no debería ser un obstáculo para ello".
En este sentido, el Gobierno español ha recordado al Comité que "la Ley de Amnistía fue aprobada por un parlamento constituido democráticamente" y que, por tanto, "los procesos por crímenes por razones políticas no pueden ser reabiertos. Los jueces de instrucción no pueden abrir procesos criminales si estos se han tramitado por actos legislativos. La gente no puede ser invitada como testigo a dar declaración porque eso implicaría la reapertura del procedimiento, que no se puede hacer si el juicio penal no está en marcha".
"El Comité es el único órgano para interpretar el Convenio", ha añadido Fabian Omar, para aclarar al Gobierno español que no puede ni debe interpretar el mismo de acuerdo con sus intereses.
Detención incomunicada
En cuanto a la detención incomunicada, los expertos recordaron a la delegación española que se le había exigido acabar con dicha práctica y se mostraron preocupados porque "este régimen de detención sigue negando algunos derechos fundamentales". Los representantes de la ONU han apreciado, no obstante, que dicha detención solo se aplique actualmente al 8% de los detenidos por terrorismo.
En este sentido se ha preguntado a España si tiene alguna evidencia de la necesidad de la detención incomunicada, así como si ha llevado a cabo cambios sobre este régimen. También se le han planteado cuestiones en torno al número de casos de detención incomunicada desde el último informe y sobre el tratamiento médico a los detenidos.
"La detención incomunicada está limitada a casos muy específicos y no hay prohibición de ayuda legal gratuita a los detenidos", ha respondido uno de los delegados españoles. "Existen normas para que los doctores vean a los detenidos dos veces cada 24 horas", ha asegurado.
Fuente: El diario
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