La Abogacía del Estado no cubrirá al rey Juan Carlos ante la demanda de paternidad

Será este lunes, previsiblemente, cuando se conozcan los escritos del Supremo en los que el Alto Tribunal detalla los argumentos que han hecho que admita a trámite solo una de las dos demandas de paternidad presentadas contra el monarca, la de la belga Ingrid Jeanne Sartiau. Este domingo, un día antes, se conoció que el rey Juan Carlos tendrá que hacer frente a este proceso de forma privada.

El rey elegirá a un abogado de su confianza para que le defienda frente a la demanda de paternidad que presentó contra él Sartiau y que fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo, según informaron a Europa Press fuentes oficiales.

La Casa del Rey, que ahora dirige Felipe VI, firmó en septiembre pasado un convenio de colaboración con la Abogacía del Estado para que, por regla general, sea el servicio jurídico del Estado el que preste asesoramiento legal a la Casa o incluso represente a la institución en juicios en los que ésta fuera parte.

Sin embargo, este convenio se circunscribe a cuestiones que tengan que ver con la institución, y no con asuntos particulares como el que afecta en esta ocasión al monarca.

Esta labor de asesoramiento en cuestiones judiciales la desarrolló durante años el abogado José Manuel Romero Moreno. Su último contrato con la Casa del Rey finalizó el 31 de diciembre de 2014, según informa el Palacio de la Zarzuela en su página web. Y a día de hoy, no hay noticias de que ese contrato se haya renovado.

Desde que la institución tuvo conocimiento de la decisión del Supremo de admitir a trámite una de las dos demandas de paternidad presentadas contra Juan Carlos, la Casa del Rey se ha limitado a expresar su "respeto a la independencia del Poder Judicial".

Uso de fondos públicos

El empleo de fondos públicos para defender los intereses privados no es un hecho aislado. La hemeroteca da cuenta de varios ejemplos.

Como ya informó infoLibre, la presidenta de Castilla La-Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, utilizó en 2013 a los funcionarios públicos del gabinete jurídico de la Junta para demandar por vulneración del derecho al honor a Greenpeace, que difundió un informe en el que se relacionaba a su marido con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas impulsada desde el PP, aunque en el texto en ningún momento se alude a su condición de presidenta manchega. Según anunció la propia ONG en su página web, los servicios jurídicos de la Junta decidieron retirar la demanda a tres días de la celebración del juicio.

Sin embargo, en virtud de una sentencia del año 2011, la número dos del partido posiblemente hubiese tenido que costearse el abogado con el dinero de su bolsillo, pues los tribunales ya obligaron a un cargo público a renunciar a ser representado ante la Justicia por letrados públicos para tratar asuntos de carácter privado.

Fue el caso del actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que empleó los servicios jurídicos del Gobierno autonómico para demandar al diario Público y, en concreto, a cuatro periodistas (Ignacio Escolar, Félix Monteira, Jesús Maraña y Manuel Rico). El entonces número dos de Esperanza Aguirre al frente del gobierno regional consideraba vulnerado su derecho al honor por el contenido de una serie de artículos publicados en ese periódico entre el 18 de enero y el 17 de marzo de 2009 y que informaban de actividades del político y de allegados suyos. Antes de dictar sentencia (que dio la razón a los periodistas y confirmó la veracidad de las informaciones, como también ha hecho el Tribunal Supremo), la jueza encargada del caso obligó al actual presidente de la Comunidad de Madrid a contratar a un letrado colegiado a fin de que dejase de utilizar a funcionarios públicos en causas personales, decisión que también ratificó la Audiencia Provincial de Madrid.

A pesar de la sentencia, González no dudó en echar mano de los abogados de la Comunidad de Madrid para que le defendieran en un nuevo asunto privado. Como ya informó este diario, el actual presidente del Ejecutivo autonómico ordenó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que requiriesen al portal inmobiliario idealista.com la supresión de un anuncio en el que promocionaba viviendas de lujo en Estepona, justo en la misma urbanización en la que González adquirió un ático en diciembre de 2012. Los servicios jurídicos autonómicos pidieron a la web que quitara la foto y el nombre del dirigente conservador que acompañaban al texto de promoción, al entender que se trataba de una "intromisión ilegítima de su imagen, con fines comerciales". El portal inmobiliario lo hizo.

Prueba de ADN: el segundo paso del proceso del rey

Una vez que se le notifique a Juan Carlos el auto de admisión en el que el Supremo le emplazará a que conteste a la demanda de paternidad, el padre de Felipe VI dispondrá de 20 días hábiles para responder a la demanda, que viene acompañada de la petición de que se realice una prueba de ADN como prueba anticipada.

Si el rey Juan Carlos acepta someterse a esa prueba genética, se efectuará un análisis que será valorado en una vista, que puede celebrarse a puerta cerrada por tratar sobre la vida privada de las personas, como ocurre en la práctica habitual de los juzgados de familia.

Si el monarca alcanza un acuerdo con la ciudadana belga se ahorrará la celebración de la vista, en la que podría estar representado por su defensa a no ser que la otra parte solicite su interrogatorio y se admita tal petición.

La negativa a ser interrogado se podrá valorar junto al resto de pruebas conforme a la doctrina jurisprudencial en esa vista que si se celebra se hará previsiblemente antes del verano.

Ingrid Sartiau envió una carta a la Casa Real en abril de 2013 en la que aseguraba tener "serias pruebas", aunque no las concretó, de que el rey Juan Carlos es su padre.

El Supremo desestimó sin embargo por defectos de forma la segunda demanda de paternidad presentada por Alberto Solá, quien asegura ser el primogénito del rey.

Fuente: Infolibre