La oposición exige abolir el artículo del Código Penal que permite las penas de cárcel a manifestantes

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG han registrado en el Congreso sendas proposiciones no de ley con las que exigen al Gobierno la abolición del artículo del Código Penal que permite aplicar penas de cárcel a quienes participan en huelgas o manifestaciones, de modo que se garantice el "pleno ejercicio" de los derechos reconocidos en la Constitución.

En concreto, las tres formaciones reclaman la derogación del apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica de 1995 que modificó el Código Penal, en el que se prevén penas de prisión de entre tres y cuatro años y medio y multas de entre doce y 18 meses para quienes "actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".

Los socialistas, que quieren que este asunto sea visto en el Pleno de la Cámara Baja, critican que "con la crisis como oportunidad" el PP ha iniciado un "proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades, especialmente de aquéllas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".

También acusan al Ejecutivo de practicar un "ataque directo a todas las medidas que exterioricen el conflicto", utilizando tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el Código Penal, y avanzando en un "entramado de leyes que asfixien la capacidad de reacción, protesta o resistencia" en el medio plazo.

Disuadir a lo ciudadanos

Como prueba de estas acusaciones, el PSOE apunta al incremento de las sanciones por participar en manifestaciones, particularmente de las condenas a penas de privación de libertad. Todo con el objetivo último de "disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y su libertad sindical".

En este sentido, rechaza que se esté utilizando a la Fiscalía, cuyos escritos de acusación "presentan sospechosas notas en común, como la consideración de todas las actuaciones como preconcertadas, elemento esencial para que sea de aplicación la forma agravada de coacciones prevista" en el Código Penal, a pesar de que "en la mayoría de los casos los hechos no pueden ser entendidos como violentos o coactivos".

Dado que esta forma de actuar no se ajusta ni a la Constitución ni a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha firmado España, el PSOE exige al Gobierno tanto la derogación del artículo mencionado como que garantice que el derecho de huelga recogido en la Constitución "no será vaciado de contenido" a través de la "actuación concertada del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal".

Asimismo, reclama que se paralicen las reformas penales, administrativas y laborales "orientadas a criminalizar a las organizaciones sindicales y a desarticular la negociación colectiva". También pide que se interese de la Fiscalía General del Estado una actuación "inequívoca" en defensa del ejercicio del derecho de huelga, "evitando la situación actual que evidencia que la Fiscalía mantiene posiciones claramente restrictivas del ejercicio de tal derecho".

Rémora preconstitucional

Por su parte, la Izquierda Plural también pedirá a la Comisión parlamentaria de Justicia que se aborden las reformas legales necesarias para "evitar la represión penal desproporcionada de determinadas acciones relacionadas con la convocatoria, organización y extensión de huelgas, excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica". Para la coalición, esto significa abolir el artículo 315.3 del Código Penal.

Pero, además, quiere que se garantice el "pleno ejercicio de derechos constitucionales" como el de huelga "en toda su extensión" y que se "ponga fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, a la criminalización de los sindicatos y los trabajadores, y a la intervención de los poderes públicos contra la libertad sindical".

Y es que IU-ICV-CHA considera que la forma de actuar del Ministerio Fiscal está "cuestionando" estos derechos, con cerca de 200 causas abiertas contra sindicalistas y trabajadores, que se enfrentan no sólo a procedimientos administrativos, sino incluso a procesos penales, en los que la Fiscalía solicita penas de prisión máximas en lugar de, como sucedía hasta ahora, pedir multas con condena a trabajos sociales.

"Parece apuntarse que el Ministerio Público y, en última instancia, el Gobierno tienen como objetivo limitar el ejercicio del derecho de huelga mediante el amedrantamiento y la represión de la acción de los trabajadores durante las jornadas de huelga" con el fin último de "crear un efecto disuasorio", acusa la coalición, añadiendo que esta forma de actuar es posible gracias a la "rémora preconstitucional" que supone el artículo 315 del Código Penal y señalando que el Congreso "no puede mostrarse impasible".

No se castiga a quien impide la huelga

Finalmente, el Bloque Nacionalista Galego argumenta que los "recortes sociales y laborales" de los últimos años están "abocando a una laminación de derechos y conquistas sociales de los trabajadores", a la par que las protestas "crecientes" están siendo respondidas "de forma contundente" por el Gobierno a través de "duras condenas penales".

Por eso, ve necesario modificar una normativa de "inspiración anterior a la regulación de derechos y libertadas fundamentales" y que sólo busca "reprimir a las personas trabajadoras más activas a la hora de reivindicar derechos laborales", algo "incompatible" con el actual marco de libertades.

Además, critica que el aumento de condenas de este tipo "contrasta con la casi inexistente frecuencia" con la que se sanciona a quienes impiden o dificultan ejercer el derecho sindical o de huelga, delito que habitualmente se sanciona únicamente en el ámbito de la jurisdicción social o a nivel administrativo.

Fuente: Europa press