La Fiscalía propone imputar al sobrino de Felipe González por el caso Invercaria

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria que impute a Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, después de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional concluyera en un informe que “debe considerarse como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva” en esta empresa pública de la Junta. En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Ministerio Público ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el que solicita la imputación del sobrino de González Mejías, una petición sobre la que el juez Juan Gutiérrez Casillas todavía no se ha pronunciado.

En este informe, la Policía Nacional analiza el pago de indemnizaciones y finiquitos recibido por 13 personas tras la extinción de su relación laboral en Invercaria, entre ellas las de los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Juan María González, del exresponsable de Promoción Cristóbal Cantos o las de Óscar Fernández, director del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE). Así, los agentes concluyen que Cristóbal Cantos y Juan María González “firmaron un contrato como director de Promoción” de Invercaria, “coincidiendo ambos con el mismo contrato desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 10 de octubre de 2007″, por lo que “necesariamente debe considerarse a González Mejías como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva en la empresa”.

Asimismo, la Policía señala que Invercaria concedió tanto a Cantos como a Juan María González “préstamos personales por importes superiores a lo establecido en el convenio que regula las relaciones laborales” en la agencia IDEA, que era de 15.000 euros, añadiendo que con motivo de la relación laboral de ambos, Invercaria “condona los préstamos otorgados, incluyendo en la última nómina, antes de la extinción de la relación laboral, cuantías o conceptos desproporcionados y coincidentes con las deudas pendientes”.

En el caso del sobrino de Felipe González, la Policía relata que en 2005 firmó su contrato como director de Promoción por el que le correspondían 61.000 euros anuales, tras lo que el 10 de octubre de 2007 envió un correo electrónico dirigido a Pérez-Sauquillo y al director financiero, Antonio Garrido, “en el que comunica su intención de causar baja en la empresa, y en la que el tono de cordialidad con los anteriores se expresa en la frase ‘os agradezco los momentos y lecciones que me habéis brindado’”. Tras ello, el finiquito que se le pagó y la nómina de octubre ascendió a 26.540,08 euros, destacando asimismo la cancelación de un préstamo personal por importe de 26.500 euros, todo lo cual lleva a la Policía a concluir que “el importe abonado por Invercaria en concepto de horas extras y finiquito sin ningún soporte documental de ambos conceptos es realmente para la condonación” del préstamo “otorgado con dinero público procedente de Invercaria”.

La versión de Invercaria

La versión de INvercaria es radicalmente distinta. La sociedad pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía Invercaria negó el pasado día 26 “de manera tajante” la conclusión a la que llega el último informe emitido por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional sobre el pago de indemnizaciones y finiquitos en la empresa, de forma que Invercaria niega la existencia de trabajadores ‘fantasma’ o ‘intrusos’ en la empresa, al tiempo que mostraba su “disconformidad” con los términos utilizados por el Grupo de Blanqueo de Capitales en el informe, ya que considera que el uso de términos como ‘trabajadores fantasma’ o ‘condonación de préstamos’ “atiende a un lenguaje subjetivo, no preciso que puede inducir a interpretar de manera incorrecta los hechos que se produjeron”.

Según indicaron fuentes de Invercaria en el comunicado remitido a Europa Press, la “coincidencia” en el período de trabajo a la que alude el informe de la Policía –período que abarca desde 1 de noviembre de 2005 hasta el 10 de octubre de 2007– se debe a que Cristóbal Cantos “desempeñaba sus funciones en las instalaciones de Invercaria”, mientras que Juan María González Mejías “lo hacía en el Observatorio de Innovación, perteneciente a la Consejería de Economía”.

Invercaria aludía al Tribunal de Cuentas en el informe definitivo que emitió el 25 de septiembre de 2013, en relación con la “existencia de trabajadores de Invercaria que no desarrollaban su trabajo en la sede de la empresa” según la Cámara de Cuentas, donde el Tribunal apuntaba que “no se trata de ninguna irregularidad, puesto que el mencionado Observatorio carecía de personal propio y sus plantillas se integraban por empleados de distintas entidades de la Consejería, retribuyéndose sus trabajos con fondos públicos sin que conste que hayan recibido otros emolumentos distintos a los satisfechos por la empresa pública”.

Las fuentes recordaban que, por otro lado, en alusión a los denominados ‘préstamos’ que recibía el personal de Invercaria, la jurisprudencia laboral “fija que los préstamos al personal laboral sin interés que se compensan con salarios, como es este caso, no son considerados préstamos sino anticipos de salario, es decir se abonan descontando de la nómina la cantidad estipulada; son, por lo tanto, meros anticipos a cuenta”. Y agregaban que estos anticipos “no estaban reservados únicamente para directivos, sino que podían ser solicitados por cualquier trabajador de Invercaria”.

Fuente: Andaluces diario