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La sentencia, de 20 de enero de 2014, a la que se ha tenido acceso en fuentes jurídicas -y "que es firme y contra la misma no cabe interponer recurso en vía judicial ordinaria"-, tiene su origen en el recurso de apelación del fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid, que reconocía la obligación de cumplir la ley, como ha vuelto hacer ahora -no podía ser de otra manera- el TSJ de Castilla y León. Pero entonces el Ayuntamiento eludió el mandato amparándose en que no existía ninguna Ordenanza municipal que establezca el procedimiento a seguir para el cumplimiento de mandato legal de la Ley en su artículo 15; al faltar una de las premisas que condiciona la aplicación del citado artículo fue por lo que se desestimó el recurso presentado por Alfonso Sánchez, exconcejal de IU.
Alfonso Sánchez recurrió al TSJ de Castilla y León tras la sentencia contraria a la anulación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 28 de julio de 2010. La moción presentada por IU, y apoyada por el Grupo Municipal Socialista-PSOE, pedía "la condena de la administración local demandada a la adopción de una serie de medidas concretas en el ámbito de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que reconoce y amplía derechos y establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, concretamente de los definidos en el artículo 15 de la misma", se recoge en los fundamentos de derechos de la reciente sentencia del TSJ de Castilla y Léon.
La moción presentada al Pleno constaba de cuatro puntos:
"1.-El Ayuntamiento de Valladolid iniciará de inmediato, en cumpliendo de la Ley de “Memoria Histórica,” la eliminación de toda simbología de la época franquista, que aun persiste en la ciudad.
2.- El Ayuntamiento de Valladolid modificará el nombre de todas las calles, lugares y espacios públicos, que mantengan reminiscencias del pasado franquista. De igual manera, proponemos que los espacios afectados por nombres franquistas sean cambiados por nombres de personas o hechos que sirvan de ejemplo a esta sociedad, plural y democrática, por sus acciones positivas, o restaurando los nombres que tenían anteriormente al golpe militar.
3.- El Ayuntamiento de Valladolid eliminará de forma inmediata la Cruz Laureada de San Fernando del Escudo de la Ciudad.
4.- El Ayuntamiento de Valladolid insta a la Delegación del Gobierno de Castilla y León a que realice las gestiones necesarias, para la retirada del Monumento de exaltación franquista del Cerro de San Cristóbal".
En el recurso ante el TSJ, redactado por el abogado Alberto Blanco Domínguez, se pedía la revocación de la sentencia y la estimación de la demanda. La sentencia del alto Tribunal de Castilla y León deja meridianamente claro "el mandato ineludible que impone la ley a todos".
"La obligación de cumplir las leyes", dice la sentencia -de la que ha sido ponente Agustín Picón Palacio, magistrado que también tumbó la Ordenanza Antivandalismo de León de la Riva- "es connatural a un estado de derecho y si una norma con rango y forma de ley impone una determinada conducta, debe llevarse a cabo. Nadie está al margen o por encima de la ley y, desde luego, no le corresponde a la administración ponderar su cumplimiento, sino cumplirla, de tal manera que si una norma impone retirar determinados símbolos, ha de llevarse a cabo tal mandato".
"La Ley impone, por lo tanto, una conducta, entre otras a la administración local demandada y que consiste en adoptar 'las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura'. Y en tanto en cuanto el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid niega la pretensión del actor, incumple la ley y su decisión, al ser contraria al ordenamiento jurídico, debe ser anulada por esta Sala, como efectivamente lo es, según los establecido e los artículos 68.1.b) y 70.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
Un alcalde facha
La coplilla de "tenemos un alcalde facha", cantada en innumerables ocasiones por la ciudadanía , está más que justificada en el proceder de León de la Riva desde que se hizo con la Alcaldía en 1995. Los testimonios son innumerables. A modo de ejemplo, y centrado en el asunto de la Memoria Histórica y el cambio de la denominación de calles, hace tan solo unos días, el alcalde repitió su posición contraria a propósito de una petición planteada en la red por José Esteban Mucientes, que pedía el cambio de 'José Antonio Primo de Rivera' por '20 de Abril del 90'.
León de la Riva reiteró que mientras él fuera alcalde mantendría su postura contraria a cambiar el callejero porque, según él "perturbaría la vida ciudadana". Idéntica expresión a la sostenida por los concejales fachas Andrés de Velasco y Manuel Vidal, en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 3 de julio de 1980, siendo alcalde de la ciudad Tomás Rodríguez Bolaños.
Pese a los intentos de Vidal y De Velasco, que intentaron retirar el punto del orden del día alegando que "el expediente estaba incompleto" y era "perturbador para la funcionalidad administrativa y económica del Ayuntamiento", según consta en el acta de la sesión, se aprobó cambiar el rótulo de ocho calles: "Avenida del General Franco, por Acera de Recoletos; Calle General Mola, por calle de la Constitución; Calle de 18 de Julio, por calle Nicolás Salmerón; Calle Queipo de Llano, por calle Bajada de la Libertad; Calle Héroes de Teruel, por calle Doctor Cazalla; Plaza Onésimo Redondo, por plaza de La Libertad; y Plaza Leones de Castilla, por plaza de la Rinconada".
Otros casos: "El alcalde partidario de 'no mover' los nombres franquistas de 15 calles y 4 barrios", titular de 'El Norte de Castilla' (12-10-07). "No está en mi ánimo hurgar en las heridas de la Guerra Civil. Parece que algunos quieren ganar la guerra a Franco 75 años más tarde", en '20 Minutos', en 2010. "La memoria Histórica fue nefasta invención de Zapatero", de la Agencia Efe (18.07-2011).
La iniciativa de la campaña a favor del cambio del nombre de las calles partió del Ateneo Republicano de Valladolid, que difundió un "Callejero del Terror", elaborado por Orosia Castán, socia del Ateneo y de Verdad y Justicia, que contiene 32 calles, plazas, barrios, placas, monumentos, murales... de exaltación franquista. Cada calle, monumento o símbolo con su correspondiente fotografía -realizadas por Jonathan González- y localización, así como unos breves datos biográficos del personaje en cuestión o efeméride recordada, de los que Rodríguez Bolaños se "olvidó" y entre las que están: las calles José Antonio Primo de Rivera, Héroes del Alcázar, Rosario Pereda, Mariano Miguel López, Julio Ruiz de Alda, Clarencio Sanz, Antonio Lorenzo Hurtado, Fernández Ladreda, Isidro Rodríguez Zarracina, Jesús Rivero Meneses, Leopoldo de Castro, etc., o los barrios Girón, Cuatro de Marzo o el Grupo 18 de Julio.
La propuesta del Ateneo Republicano dio lugar a la constitución de una Plataforma por la Retirada de Nombres y Símbolos Franquistas en Valladolid, que recogió en unas semanas 5.620 firmas dirigidas al alcalde que exigían la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, incluida la eliminación de la laureada del escudo de la ciudad y el monumento a Onésimo Redondo en el cerro de San Cristóbal. Una maqueta del monumento y las placas de las calles fueron quemadas en la hoguera de San Juan de 2010.
Fuente: Último cero
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