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La juez María Servini de Cubría recibirá en febrero del año próximo "querellas y testimonios" por parte de las víctimas del franquismo y sus familiares que se quieran personar en la embajada de Argentina en España, ubicada en la calle de Serrano del barrio madrileño de Salamanca.
Así lo informaron este miércoles fuentes del juzgado federal 1 en exclusiva y explicaron que las declaraciones se realizarán a través de videoconferencias entre Madrid y Buenos Aires, donde la juez tiene su despacho y tomará nota de las mismas.
A comienzos de 2013 Servini de Cubría iba a viajar a Madrid para encabezar en persona las audiencias, pero la Corte Suprema no le entregó el dinero requerido. Por eso la magistrada planeó la alternativa de hacerlas mediante videoconferencias y puso una nueva fecha el pasado mes de mayo.
Cuando todo estaba listo para arrancar, las audiencias repentinamente se suspendieron porque, según confió a los querellantes el embajador Carlos Bettini, recibió una llamada telefónica de un alto cargo del Gobierno de España informando que La Moncloa no avalaría el trámite judicial.
Pero la situación ha cambiado, según las fuentes, a partir del avance del proceso y la retirada del pasaporte por la Justicia española a dos represores franquistas que podrían ser extraditados: Juan Antonio González Pacheco, de 66, alias Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar, de 74.
'Justicia universal'
Este proceso al franquismo es único en el mundo y se inspira en el principio de la justicia universal, por el que cualquier país puede juzgar crímenes contra la Humanidad aunque hayan sido perpetrados en otra nación, siempre y cuando ésta nunca haya juzgado esos delitos.
En el expediente que tramita Servini de Cubria, según las fuentes, ya hay "entre 150 y 200 querellantes" que han viajado expresamente a Buenos Aires para declarar en el juzgado y constituirse como acusadores de funcionarios de Francisco Franco. O, si no, enviaron a apoderados.
Entre los últimos presentados destaca la hermana del ejecutado por la dictadura Salvador Puig Antich, que ha pedido a la juez una orden internacional de busca y captura contra el ex ministro del régimen José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Esta causa penal arrancó el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República. El primer querellante fue el gallego Darío Rivas Cando, de 94 años, que reclamó por su padre, Severino, fusilado el 29 de octubre de 1936 siendo alcalde de la localidad de Castro de Rei y diputado provincial.
Y le siguió Inés García Holgado -también residente en Argentina-, que se querelló por dos tíos abuelos fusilados en 1936, Elías García Holgado, alcalde de Lumbrales, y Luis, administrador de Correo en Herbas, así como por un tío, Vicente, desaparecido en 1937, en el batallón Lister.
A esas querellas se han ido sumando otras de distintos represaliados de la dictadura, como por ejemplo los ex presos políticos agrupados en La Comuna; las familias de etarras y miembros del FRAP fusilados en los 70, e incluso la Asociación de Niños Robados en España.
Fuente: El mundo
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