El Gobierno cierra a cal y canto los archivos históricos de Defensa y Exteriores

La transparencia tiene sus límites. Eso, al menos, es lo que piensa el Gobierno, que ha cerrado con los siete candados que sellaban el sepulcro del Cid los archivos históricos de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La opacidad es tan tupida que más de 300 historiadores e investigadores españoles y extranjeros han enviado una carta al Gobierno para que abra los archivos. Y lo hacen con un argumento central: es “inverosímil pensar que la difusión de ese material entrañaría un riesgo para la defensa y la seguridad del Estado o para las relaciones de España con terceros países”, como arguye el Ejecutivo. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran historiadores de la talla de Jean-Marc Delaunay, Ángel Viñas, Helen Graham, Alfonso Botti o Borja de Riquer.

En el caso de Defensa, hay que remontarse a octubre de 2010, cuando la entonces ministra del ramo, Carme Chacón, elevó al Consejo de Ministros un acuerdo para desclasificar 10.000 documentos fechados entre 1936 y 1968. El argumento que se dio en su día es que esa documentación “no constituye en la actualidad riesgo real alguno para la seguridad del Estado”.

¿Qué ocurrió entonces? Pues que extrañamente y pese a esa premisa, apenas un año después de que se elevara al Consejo de Ministros el acuerdo, fue el propio Gobierno socialista el que aprobó denegar a los historiadores e investigadores tener acceso a esa voluminosa documentación, con un valor indudable debido a que se trata de años claves de la historia de España, y que puede explicar con mejor información la Guerra Civil, la participación de España en la II Guerra Mundial o los pactos entre Franco y EEUU sobre instalación de bases estadounidenses, además de la vida política en el franquismo hasta el año 1968. Aquel acuerdo nunca se puso en marcha.

Con el nuevo Gobierno del partido Popular (PP) -que ha presentado su propia Ley de Transparencia- los historiadores pensaban que se recuperaría el viejo acuerdo del Consejo de Ministros, entre otras cosas porque el trabajo técnico realizado por los documentalistas del Ministerio de Defensa estaba hecho, e incluso la documentación se incluyó en la memoria de traspaso de poderes. Pero la realidad ha sido muy distinta.

Según el historiador Carlos Sanz, de la Universidad Complutense de Madrid, el actual Gobierno se ha negado a abrir los archivos oficiales. Y no sólo eso. El Ministerio de Exteriores ha ido en la misma dirección y ha endurecido el acceso de los profesionales a sus archivos históricos. Incluso los ha dividido, lo que ha provocado una ruptura del archivo documental. La documentación relativa al periodo que va entre el siglo XVI y el año 1931 ha sido enviada al Archivo Histórico Nacional y la que corresponde al periodo posterior se ha concentrado en el Archivo General de la Administración. Es más, históricamente el archivo de Exteriores era de los “más liberales” del mundo, como sostiene Sanz, toda vez que permitía tener acceso a documentos anteriores a hace 25 años, mientras que en la mayoría de los países lo normal son 30 años. Ahora, sin embargo, se han endurecido esos requisitos.

Documentación ‘secreta’ o ‘reservada’

Según los promotores del manifiesto, “menos se comprende aún” que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya declarado ‘secreta’ o ‘reservada’ la práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su archivo -compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al XX- que habían sido consultados hasta entonces sin mayores impedimentos por parte de historiadores de todo el mundo.

Comoquiera que los profesionales criticaron esta situación, la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, según los firmantes del escrito, ha sido cerrar a los investigadores el acceso a su Archivo General, en septiembre de 2012, y dispersar sus fondos sin comunicar si podrán ser algún día consultables de nuevo, y en su caso cuándo y en qué condiciones. Los historiadores recuerdan que España debe cumplir sus compromisos internacionales que ha suscrito en materia archivística y de documentación, como son la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos.

La Ley de Secretos Oficiales (1968) es todavía preconstitucional, y aunque fue modificada ya en democracia, en 1978, tiene un carácter fuertemente restrictivo. De hecho, establece que podrán ser declaradas "materias clasificadas" los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Un concepto ambiguo y subjetivo donde los haya que impide todavía conocer con precisión buena parte de la historia más reciente de España.

Según publicó la revista Tiempo, los trabajos de desclasificación previos del Ministerio de Defensa dieron como resultado una lista de 42 apartados aptos para ver la luz. La documentación más relevante era, a priori, la del Ejército de Tierra. Y así, por ejemplo, de la Guerra Civil todavía se mantienen secretos bandos de guerra, datos sobre detención de extranjeros, órdenes de batalla y actos de censura, además de información relativa a la existencia de campos de concentración o movimientos de espionaje.

Sobre el periodo que va de 1939 a 1968 hay documentos sobre “batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos y sabotajes”, así como líneas de fortificación a lo largo del Pirineo o actividades en Marruecos, entre otros documentos.

Fuente: El confidencial