Operación Don Felipe: el plan del CNI para salvar al régimen

La participación del CNI en tareas de custodia de personal cercano a la Casa del Rey implica que hay luz verde a la aplicación del art. 4 de la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que prepara ya las condiciones para un escenario sin Juan Carlos.

Las revelaciones realizadas por el ex director de ABC, Jose Antonio Zarzalejos, confirman la versión que ya circula entre las diferentes sedes gubernativas: como ya ocurriera en la década del 70 con el extinto CESID, principal estratega de la llamada “transición”, ahora es el CNI el que aborda la tarea de reciclar el marco político español para preservar la estructura del régimen.

Zarzalejos, en una serie de artículos no desmentidos por la Casa Real (que también demuestran la llegada del diario ABC al círculo íntimo del monarca), viene explicando los pasos que el alto personal cercano al rey Borbón está programando para realizar una transferencia pactada del cargo en la Jefatura del Estado en su hijo el Príncipe Felipe, algo que incluye una reforma antes del verano del art. 57 de la Constitución Española, regulador de la institución de la abdicación.

Las fuentes mencionadas por Zarzalejos abundan en la necesidad de nuevas caras en la dirección política del Estado, una salida honrosa al creciente descrédito social de la monarquía, y un cambio de estrategia que algunos dirigentes políticos llaman “segunda transición”.

La participación del CNI

El artículo 4 de la Ley 11/2002 reguladora del CNI expresa las funciones y objetivos que se le encomiendan al organismo de inteligencia: “Obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia necesaria para proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro o fuera del territorio nacional”.

Los seguimientos en clave de “protección” realizados por el CNI a “Ingrid” (nombre en clave de la aristócrata alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein que el CNI le adjudicó) detallan una especial atención de los servicios de información del Estado por los movimientos en la Casa Real, que contrariamente a lo que determinados medios de comunicación están planteando, no tiene como fin esclarecer hechos de corrupción que vinculen a la monarquía, sino tener garantías de una salida honrosa de Juan Carlos de la Jefatura del Estado, con una jubilación de oro y un retiro de lujo. El CNI ya colaboró con la Casa del Rey haciendo seguimientos a Letizia Ortiz y a su familia, para averiguar aspectos sobre su entorno.

Hay que recordar que no es la primera vez que los servicios de inteligencia españoles participan de operaciones políticas de gran calado. Juan María de Peñaranda, militar del ex CESID y responsable del llamado “Sector Político” durante los años de la Transición, explica cómo el servicio de inteligencia creado por el Almirante Luís Carrero Blanco fue el motor de aquella operación del régimen. Incluso recuerda unas palabras de Felipe González refiriéndose al CESID y a Carrero: <>.

Los plazos

Según Zarzalejos, la Casa Real quiere esperar al intervalo entre el cierre de la instrucción del Caso Noós y el trámite de juicio oral, momento idóneo en el que no habrá citaciones, documentación ni prensa que haga sombra a la noticia de la abdicación de Juan Carlos ni que vincule ambos hechos. Para ese momento, el CNI anticipa un deterioro de la “paz social” y un mayor descrédito político de las instituciones del Estado. Para analizar el momento propicio, el CNI cuenta con la llamada “Brigada Operativa de Apoyo”, un cuerpo de en torno a 100 personas de la escalaja ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía que prestaría atención a los movimientos sociales y que velarán por el momento justo para el anuncio.

Para el CNI(y paradójicamente, noticia confirmada para buena parte de la extrema derecha), el ascenso de Felipe de Borbón a la Jefatura del Estado deberá plantearse ante la sociedad y ante la política exterior española como una suerte de catarsis nacional que vendría a poner fin a la agitación social, un repliegue parcial de la represión en movilizaciones, determinadas medidas de gracia con los más afectados por la crisis económica y un refuerzo de las estructuras identitarias del Estado con las Fuerzas Armadas regresando a la vida política.

Previo a la II República hubo una dictadura militar con un Directorio Civil que quiso purgar la represión del Directorio Militar de Primo de Rivera, y un Expediente Picasso que era necesario ocultar al pueblo. En este caso, el recorrido es incluso parecido: una decadencia institucional que la clase dominante necesita ocultar, un proceso represivo cada vez más agudo, un Príncipe que deberá purgar las culpas de lo heredado, y cuando fracase...¿una III República?. Ojalá.

Fuente: Kaos en la red