Carlos Fabra será juzgado por tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal

El juez del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública dentro del 'caso Naranjax'.

Así lo ha acordado el juez Jacobo Pin, en un auto con fecha de este viernes, en el que abre juicio oral contra Carlos Fabra, en cumplimiento de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que el pasado febrero estimó los recursos presentados por Abogado del Estado, Ministerio Fiscal y Unión de Consumidores, y acordó devolver al instructor todos los autos para "con absoluta libertad de criterio" dictara un nuevo auto con los delitos imputados al exdirigente 'popular'.

De esta forma, el juez instructor incluye la imputación del delito de cohecho a Fabra, que había sido excluido por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, lo que implicaba que la competencia para juzgar los hechos atribuidos al expresidente de la Diputación castellonense debían ser enjuiciados por un juzgado penal en lugar de por la Audiencia.

Fabra, un político omnipresente en la política valenciana del último cuarto de siglo, está acusado de haber aceptado dinero del empresario Vicente Vilar a cambio de intervenir ante las autoridades centrales en Madrid para que autorizasen la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios de su compañía, Naranjax.

Ocultaron 3,7 millones a Hacienda

Según la acusación, Fabra contactó entre 1999 y 2002 con responsables de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Sanidad y de las Cortes Generales y tras la aprobación de uno de los productos se constituyó una sociedad cuyo capital estaba distribuido al 50% entre las esposas de Fabra y Vilar y que tenía en exclusividad la distribución del fitosanitario.

Según la Fiscalía, Fabra habría constituido en 2000 una sociedad de la que era administrador único para ocultar los pagos que presuntamente le realizó Vilar hasta 2004. El ministerio público señala que Fabra y su mujer mantuvieron ocultos unos ingresos de 3,7 millones de euros a la Hacienda Pública.

El juzgado castellonense ya decretó hace un año la apertura de juicio oral contra Fabra y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros, pero el político del PP apeló la imputación por cohecho ante la Audiencia de Castellón, que lo desestimó.

Fuente: El economista