La reforma educativa de Wert sale adelante sólo con los apoyos del PP

El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) ha dado hoy uno de los pasos definitivos hacia el trámite parlamentario final que hará entrar en vigor la polémica reforma del ministro José Ignacio Wert. El titular de Educación ha conseguido cerrar esta tarde, en la Conferencia Sectorial celebrada en la sede de su departamento, el texto final de la ley, gracias al apoyo que ha recibido de las Comunidades Autonómas gobernadas por su mismo partido: el PP.

Los consejeros autonómicos de Educación debatían hoy con Wert la memoria económica que recoge los gastos de implantación y consolidación del nuevo sistema educativo. Pese a la rotunda oposición de Catalunya, Andalucía, Asturias, Euskadi y Canarias, no sólo frente a su coste, sino frente al contenido de la normativa, el anteproyecto pasará ahora por las manos del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros y, finalmente, del Congreso y el Senado, hasta convertirse en ley.

Por ello, pese a la poco probable aprobación de enmiendas parlamentarias, la definición de la nueva enseñanza no universitaria puede considerarse finalizada. La Conferencia Sectorial, por tanto, ha dado el visto bueno a las reválidas de Primaria y Secundaria, a la nueva distribución de competencias en el currículo, a la desaparición de Educación para la Ciudadanía, a la financiación pública de centros segregadores y a la obligatoriedad de pagar colegios privados para aquellas familias que deseen ser escolarizadas con el castellano como lengua vehicular.

Todo ello, unido a los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica y variaciones en los últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), tendrá un coste directo de implantación de 408 millones de euros, repartidos en los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, que se prevé para el curso 2014-2015. El gasto de consolidación del nuevo sistema, que variará en función del número de alumnos que cursen FP Básica o Bachillerato y, por tanto, del éxito de reducción del fracaso escolar (principal objetivo del Ministerio), será de entre 50 y 927 millones de euros.

En una primera previsión, este último coste iba a recaer en las Comunidades Autónomas, aunque hoy el Ministerio ha dejado abierta la posibilidad de entrar a cofinanciar dichos "costes indirectos". Para ello, y a petición de varios consejeros -incluidos algunos conservadores como la madrileña, Lucía Figar, y el castellanomanchego, Marcial Marín-, Wert ha anunciado la creación de un "grupo de trabajo" que analice de forma "permanente" cuál es la mejor forma de repartir los gastos.

Reforma inviable

Mientras los consejeros del PP aplaudían el "riguroso y técnico" trabajo del Ministerio en cuanto a la memoria económica de la Lomce, los titulares de la oposición se preguntaban cómo iban a poder sufragar estos gastos si tienen un objetivo de déficit que cumplir.

Para la consellera catalana, Irene Rigau (CiU), la Lomce será "incompatible" con las políticas de austeridad fijadas en Educación hasta 2015. También criticó que "sólo con cambiar la arquitectura del sistema sin analizar las variables socioeconómicas y características de cada territorio no puede promover una mejora inmediata de los resultados". Su homóloga vasca, Cristina Uriarte (PNV), detalló que, según sus cálculos, "sólo en el coste de profesores del sector público hay un desfase de 290 millones de euros". "Nos dicen que hay que hacer una inversión que no es real, es inviable", lamentó.

"La memoria económica sólo maquilla los patinazos ideológicos de privatización del sistema público impuesto en la ley", sentenció la titular asturiana de Educación, Ana González, que también denunció "el sistema de rodillo impuesto por el PP". "Es una memoria mal hecha, que no refleja el coste real; ¡con los objetivos de déficit que nos impone el Estado y ahora nos dicen que tenemos que gastar más!", exclamó.

Wert, por su parte, ninguneó estas críticas recordando que las doce comunidades que sí le apoyan expresaron que "nunca una memoria de análisis de impacto normativo había sido tan exhaustiva y rigurosa", presumió. Asimismo, defendió que "los efectos económicos significativos no se van a producir antes de 2016 y se darán de forma escalonada". "Hay cinco comunidades que no han participado de esa opinión, porque el mismo desacuerdo ideológico expresado respecto a la ley se ha traslado también a esta reunión", zanjó.

Fuente: Público