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De los testimonios recabados por la ASMJ se desprende la existencia de un enterramiento clandestino en el que podrían estar los restos de unos 15 a 20 hombres, así como un enterramiento individual donde podrían encontrarse los restos de una mujer llamada Gertrudis. Todas estas personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales (los mal llamados “paseos” y “sacas”) en los primeros momentos de la Guerra Civil, entre agosto y diciembre de 1936, y procedían tanto de Ciudad Rodrigo como de los pueblos de la comarca.
Entre las personas asesinadas y enterradas en esas fosas, se presume que podrían encontrarse Avelino Martín Cascón, Emilio Martín Donoso, Alfredo Miguel Plaza y Olegario Niño Caballero, detenidos en Ciudad Rodrigo el 15 de diciembre de 1936 y“sacado” de la cárcel de partido de Ciudad Rodrigo unos días después, cuyo paradero se desconoce, aunque está probado documentalmente que fueron asesinados en una finca cercana. También podría encontrarse allí Antonio Álvarez Martínez, detenido en Casillas de Flores el 30 de julio de 1936 y “sacado” de la cárcel de partido de Ciudad Rodrigo el 8 de octubre de 1936, permaneciendo desde entonces desaparecido.
Varios familiares, tales como hijos, nietos y sobrinos, de esos desaparecidos, se han dirigido a la ASMJ para mostrar sus deseos de recuperar los restos de sus allegados y darles digna sepultura.
Para los trabajos de exhumación se cuenta con un equipo de siete arqueólogos y varios estudiantes voluntarios, todos ellos vinculados a las universidades Autónoma y Complutense de Madrid. La financiación de la exhumación forma parte del proyecto de la ASMJ aprobado por el Ministerio de la Presidencia en la convocatoria de 2011, que incluye también la prospección de enterramientos clandestinos en el encinar llamado “monte de La Orbada”, cerca de la ciudad de Salamanca. La ASMJ ha localizado, mediante análisis químico del terreno, la posible ubicación de cinco enterramientos clandestinos, pero su exhumación queda pendiente de encontrar la financiación adecuada.
Los enterramientos de Pedrotoro se encuentran en un paraje llamado “valle del Lagar”, un pastizal de secano que se usa para meter las vacas cuando la lluvia hace crecer la hierba. El lugar se anega con facilidad y precisamente por ello hace unos años se excavó una charca para retener el agua.
Los dos primeros días de trabajo se dedicaron a excavar los lugares que, según la fotografía aérea y la tradición oral, parecían los lugares más indicados. Sin embargo, se comprobó que los enterramientos no se encontraban allí. También retrasó bastante la tarea el hecho de que la tierra está durísima y a la pala excavadora le cuesta más tiempo abrir las zanjas.
Cuando se difundió la noticia del comienzo de los trabajos, vinieron al prado varios vecinos de Pedrotoro, los más ancianos del lugar, que dijeron haber visto en su juventud, durante mucho tiempo, una fosa en mitad del pastizal, de unos diez metros de largo. Uno de los testigos incluso vio, siendo un niño, cómo un grupo de hombres excavaba la fosa una noche. Como la fosa, al compactarse la tierra, se hundió unos centímetros, alguno de los testigos había echado tierra por encima para enrasarla con el resto del prado. Ese es uno de los motivos de que no se apreciara a simple vista. También la charca despistaba bastante a los testigos, ya que en la época de la Guerra Civil no existía. Y se habían producido algunas otras pequeñas alteraciones del paisaje. De ese modo, los testigos indicaban una zona hacia el centro del prado, pero con diferencias de varios metros, lo cual ha supuesto la necesidad de abrir numerosas zanjas.
La primera semana de trabajo concluyó, por tanto, sin resultados, aunque con la certeza de encontrarnos muy cerca del enterramiento, de cuya existencia no dudamos.
Sin embargo, el principal problema para el avance de los trabajos de exhumación ha sido el comportamiento de la propietaria del pastizal. Desde que la ASMJ entró en contacto con ella, hace varios meses, siempre a través de conversaciones telefónicas, esta mujer ha mostrado una gran hostilidad y desprecio hacia todo lo relacionado con la memoria histórica. El lunes 23 de julio, cuando dieron comienzo los trabajos de exhumación, se presentó en el prado acompañada de una patrulla de la Guardia Civil, con la pretensión de que los arqueólogos cesaran en su tarea. Se consiguió, no obstante, que la propietaria retirara su reclamación hasta tener con ella una reunión para concretar los detalles de la ocupación del terreno.
Aquella misma mañana hubo una reunión entre los propietarios y una representación de la ASMJ, ante testigos solventes, en la que la ASMJ manifestó su intención de reponer el terreno removido para dejar el pastizal en las mejores condiciones posibles, y terminar los trabajos antes del 6 de agosto. La propietaria dijo estar de acuerdo, a salvo de poner el acuerdo por escrito, de modo que ese mismo día por la tarde el presidente y el secretario de la ASMJ fueron a casa de los propietarios para firmar el acuerdo. Pero la propietaria puso encima de la mesa una nueva condición: que la ASMJ le abonase 600 euros en concepto de fianza, ante lo cual los representantes de la ASMJ se negaron en redondo. A pesar de ello, los trabajos de exhumación continuaron hasta el viernes, como se ha indicado.
El lunes 30 de julio, la entrada al prado apareció cerrada con una cadena puesta por el arrendatario, el cual permitió la continuación de los trabajos después de que la ASMJ se comprometiera a indemnizarle por los daños causados en el terreno, como está previsto en la ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica. De todas formas, no hubo acuerdo en cuanto a la cantidad a abonar como indemnización, que quedó para más adelante.
El martes 30 de julio, la entrada al pastizal volvió a estar nuevamente cerrada por una cadena con candado, esta vez colocada por la propietaria. Puestos en contacto con ella telefónicamente, la mujer se negó en redondo a permitir el paso. Poco después nos enteramos de que el día anterior, por la tarde, había puesto una denuncia contra la ASMJ en la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo, denuncia cuyos términos desconocemos. Ese mismo día presentamos una demanda urgente ante los juzgados de Ciudad Rodrigo, por entender que se estaban vulnerando nuestros derechos.
El juzgado de instrucción número 1 de Ciudad Rodrigo emitió un auto el día 1 de agosto, que nos fue comunicado al día siguiente, en el que el juzgado acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias, por considerar que la exhumación de un enterramiento clandestino sito en una finca particular no es asunto del juzgado, sino de la autoridad administrativa.
Ante semejante resolución, que ignora por completo el auto del Tribunal Supremo del 28 de marzo sobre competencia de los juzgados territoriales o de la Audiencia Nacional en lo relativo a las “fosas del franquismo”, la ASMJ se sintió completamente desprotegida. Por un lado, el propietario de una finca paraliza la exhumación de un enterramiento clandestino porque quiere que se le abone previamente cierta cantidad de dinero. Por otro lado, el juzgado de primera instancia del territorio en el que se encuentra el enterramiento concluye que la probable presencia de cadáveres de ciudadanos españoles enterrados en el campo, no es asunto suyo.
A pesar del pasmo, la ASMJ decidió continuar en la medida de la posible, por supuesto sin volver a entrar en el pastizal en cuestión. El lunes 6 de agosto el subdelegado del Gobierno en Salamanca recibió al presidente y al secretario de la ASMJ, a petición de la Asociación. El subdelegado del Gobierno se mostró conforme con el objetivo concreto de la ASMJ, en el sentido de que no le parecía aceptable que haya personas enterradas en el campo de cualquier manera, sino que es un deber humanitario recuperar esos restos y darles digna sepultura. Pero antes de hacer nada necesitaba conocer la opinión de la abogacía del Estado y los servicios jurídicos correspondientes, lo cual no es fácil en estas fechas vacacionales.
Por la vía judicial, la ASMJ ha presentado recurso ante el juzgado de Ciudad Rodrigo y ha enviado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León solicitando la intervención de dicho tribunal.
Mientras tanto, los trabajos de exhumación siguen paralizados. Se trata de una situación inédita, de la que no conocemos precedentes.
La ASMJ denuncia que, por un lado, los intereses espurios de una persona hayan detenido un proyecto de gran interés social, y por otro, que los juzgados de Ciudad Rodrigo se hayan declarado incompetentes para hacerse cargo de este caso, dejando en la indefensión a los familiares de víctimas de la represión franquista que tenían esperanza de localizar a sus allegados.
Severiano Delgado, presidente de la ASMJ.
Fuente: Público
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