El dictador Videla, condenado a 50 años de cárcel por el robo de niños

Tardaron 16 años en lograrlo. Pero, finalmente, las Abuelas de la Plaza de Mayo han conseguido que los robos de menores practicados durante la dictadura militar de Argentina (1976-1983) sean considerado un delito de Estado que se practicó de forma sistemática. Bajo ese argumento, el Tribunal Oral número 6 de Argentina ha condenado al dictador Jorge Rafael Videla, de 86 años, a la pena máxima solicitada por el fiscal y las Abuelas de 50 años de cárcel. Videla, quien ya se encuentra en prisión por condenas anteriores, había solicitado la libertad condicional. Con esta sentencia será prácticamente imposible que se le conceda.

"Tiene que ser una condena ejemplar”, advierte Francisco Madariaga, un porteño de 35 años cuya madre, Silvia Mónica Quintela, fue secuestrada el 17 de enero de 1977, cuando ella tenía 28 años y estaba embarazada de cuatro meses. En julio de ese año nació Francisco en el hospital militar de la guarnición de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Pocas horas después del parto el bebé era trasladado a la casa de un militar y su madre, Silvia Mónica, desaparecía para siempre. El niño creció convencido de que el oficial Víctor Gallo y su esposa Susana Inés Colombo eran sus padres biológicos. Hace solo dos años y medio que descubrió la verdad. Hoy espera cargado de optimismo a que un tribunal de Buenos Aires dicte sentencia en el juicio por la apropiación sistemática de menores durante la dictadura (1976-1983).

Hay once acusados. Dos de ellos son los dictadores Jorge Rafael Videla, de 86 años y Reynaldo Bignone, de 84. El resto son militares, un guardia de Marina, un agente de inteligencia y… Víctor y Susana, los dos padres “de crianza” de Francisco Madariaga Quintela, a quien él prefiere llamar “apropiadores”.

“A mi mamá biológica se la llevaron al día siguiente de yo nacer para matarla en los vuelos de la muerte [las expediciones en las que se arrojaban a los presos de la dictadura desde los aviones al Río de la Plata]. Y él me robó como si yo fuese un juguete de guerra. Pero siempre me vio como a un enemigo. Desde los cinco años me violentaba y me golpeaba. Es un ser perverso. Y ella, mi apropiadora, fue su cómplice al ocultarme la verdad”. “Desde los 20 años yo venía teniendo dudas sobre mi identidad, por la violencia que él ejercía sobre mí”, relata Madariaga. “Además, en el colegio todos mis compañeros me decían que yo no era hijo de ella porque no me parecía en nada. Un día, ya muy seriamente, golpeando la mesa le pregunté a ella si yo era su hijo biológico. Y ella dio un paso atrás y por toda respuesta dijo no con la cabeza. Y ese fue el momento más feliz de mi vida. Era el 2 de febrero de 2010. Yo tenía 32 años. El 3 de febrero fui a la sede de Abuelas, el 4 salió la orden de extracción de sangre y entonces se comprobó que mi papá biológico era el secretario de Abuelas, Abel Madariaga. Y él me contó que a mi mamá era médica cirujana y estaba haciendo la residencia en un hospital de Tigre. Y que los pertenecían a la guerrilla de los Montoneros, en la zona Norte. Soy de los pocos casos de nietos desparecidos que tienen a su padre vivo. En total no seremos más de cinco”.

Han pasado ya 16 años desde que las Abuelas de la Plaza de Mayo decidieron denunciar ante la justicia la “apropiación sistemática” de los nietos desaparecidos durante la dictadura. Murieron varios de los acusados, como el dictador Emilio Eduardo Massera, fallecieron también algunas abuelas, se jubilaron los abogados que iniciaron la causa y el letrado que representa ahora a las Abuelas, Alan Lud, de 31 años, no había nacido cuando se perpetraron los robos de bebés. Desde entonces, 105 nietos recuperaron su identidad biológica. Y aún quedan 400 denuncias por resolver, según los cálculos de las Abuelas.

En este juicio se abordan los casos de 34 nietos, de los cuales solo 20 se prestaron a declarar. Y no fue nada fácil para muchos de ellos. No todo el mundo tenía las cosas tan claras como Francisco Madariaga. Una de las que prestó testimonio fue la diputada nacional del partido izquierdista Libres del Sur, Victoria Donda, de 31 años. Su padre adoptivo o “apropiador” es Juan Antonio Azic, de 70 años. Fue oficial de inteligencia del grupo de secuestros de la Marina y ahora espera sentencia junto a Videla y el resto. Durante una entrevista con el canal Todo Noticias, a Donda le preguntaron el año pasado qué sintió cuando fue a hacerse las pruebas de ADN. “Culpa, miedo…”, respondió. “Culpa porque si yo me hacía el ADN podía inculpar todavía más a las personas que me habían criado. Y la verdad es que yo tuve una buena relación y la sigo manteniendo, independientemente de que considero que es justo que sea condenado, que sea condenado por el pueblo, que lo que hizo está mal… Parece que por lo menos, en mi caso, a mí me ayuda a separar lo político y mis afectos personales… Y que además también fui engendrada para amar. Vos cuando querés no cerrás tus sentimientos como si fuera una canilla [un grifo]. Yo lo sigo queriendo, aunque sé lo que hizo y… bueno, está pagando su responsabilidad con la sociedad”.

Al preguntarle esta semana sobre sus sentimientos acerca de la sentencia, la diputada aún se sentía incómoda. “Personalmente me parece que estas cosas llevan un tiempo procesarlas y aún es muy pronto. Pero espero que con esto se cierre una etapa de mi vida importante. Lo fundamental es que con este juicio queda demostrado que la apropiación de niños fue un plan sistemático organizado desde el Estado”.

Ese punto precisamente es el que los acusados niegan. Y eso es lo que desean probar las Abuelas. Ya hubo en Argentina unas 25 sentencias contra “apropiadores” de bebés. Pero en ellas se abordaba el caso particular de cada uno. En este juicio, en el que han prestado testimonio unos 200 testigos y cuya vista oral se ha prolongado un año y medio, se pretende probar que había un plan premeditado. “No hemos encontrado una orden escrita que pruebe que hubo un plan. Pero la reconstrucción de varios elementos nos lleva a esa conclusión”, indica Alan Lud, abogado de las Abuelas. “A pesar de que Videla dijo que las apropiaciones solo se produjeron en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, en realidad se registraron también en otras provincias. Otra prueba es que había oficiales y médicos destinados al cuidado de las mujeres embarazadas, para que se garantizara que se produzca el parto… Eso tiene que decidirlo alguien”.

Alan Lud se muestra confiado en que la condena sea ejemplar, como desea Francisco Madariaga, y que también sirva para que Videla no pueda acogerse a la libertad condicional. “Videla cumple en la actualidad cadena perpetua tras una sentencia de 1985. Pero el Código Penal argentino establece que a partir de un número determinado de años en prisión se puede acceder a la condicional. Si la condena es de 25 años o inferior, podrá acceder a ella. Pero si es superior, dificultará sus pedidos de libertad condicional; pedidos que está realizando”, indica Lud.

“Este juicio es una validación de la democracia”, concluye Francisco Madariaga. “Los hijos de los desaparecidos y las abuelas ya hemos dado un gran paso. Ahora, la justicia tiene que poner su parte”.

Fuente: El País