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En su denuncia también figuran los ministros de Economía desde la época de Aznar hasta el presente (Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado y Luis de Guindos), el gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor al frente del organismo supervisor, Jaime Caruana.
Según ha comunicado a los medios antes de presentar la denuncia el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, estas personas son responsables "por acción o por omisión" de haber consentido el control del Estado por parte del poder financiero.
Muñoz añade que la concentración de capital por el poder financiero deriva en el "control de la política, de los medios de comunicación y en un embobamiento social fabricado para que estas cosas pasen sin que haya contestación social en las calles" y que, para frenar esta situación, la calle es un espacio que tiene que ser "ocupado democráticamente". También indica que una de las causas que explican la "condescendencia" de la clase política con el poder financiero es la financiación de los partidos, que se nutren de créditos de las entidades bancarias que luego son condonados.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Xesús Seixo, subraya a los medios que "hay que exigir que realmente vayan a la cárcel los culpables de la crisis económica". En su opinión, el poder judicial utiliza una vara de medir diferente cuando se trata de delitos económicos y de exigir responsabilidades a quien ocupa cargos políticos y económicos.
Además, señala ante los medios que el billón de euros que se entregó a los bancos europeos no sirvió para que fluyera el crédito, por lo que demanda la creación de una banca pública para que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas.
Fuente: Público
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