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martes, 10 de enero de 2012

Las enfermedades de Fraga y de la democracia española ¿Una excusa para evitar la extradición?

Manuel Fraga, uno de los máximos responsables del régimen franquista perdió su condición de aforado al no ser elegido como parlamentario en las pasadas elecciones y no cuenta con inmunidad parlamentaria. Si la justicia argentina demanda su extradición, el estado español se verá en la obligación de proceder a su entrega o aparecer ante el mundo como encubridor de los crímenes franquistas. Para el estado español actual, el régimen franquista fue legal y las sentencias que aniquilaron cientos de miles de vidas y expoliaron a los
supervivientes siguen siendo consideradas de acuerdo con la ley emanada de los golpistas. Fraga es un defensor público de de la necesidad de la represión en aquellos días ordenada por los gobiernos ilegales de los formó parte y colaboró activamente en la destrucción de pruebas y en la consecución de la impunidad para los crímenes de lesa humanidad que fue la base de la llamada Transición democrática. Aunque las autoridades españolas han optado por comportarse como si el proceso argentino no tuviera lugar, la tensión es palpable en ciertos ambientes y preocupa mucho que los diputados de la oposición en las Cortes recojan este tema y hablen públicamente de él, emplazando al gobierno a afrontar el problema que entraña la gravedad de las acusaciones. El asunto trasciende el que no se pueda extraditar a un nacional español a otro país, máxime si se tiene en cuenta que en España se consideran prescritos, amnistiados o, sencillamente, inexistentes, algunos de los cargos. Recientemente el Tribunal Supremo desestimó la recusación de los jueces que juraron los Principios Fundamentales del Movimiento como jueces posibles en el proceso Garzón: la respuesta fue de antología. El régimen de Franco fue legal y formar parte de su entramado judicial no es ni punible, ni tiene por que impedir que un juez de la época franquista juzgue a otro juez que pretender juzgar las actuaciones de Franco. Siendo esta la realidad española, vemos que la contradicción es notable. Fraga no puede ser legalmente extraditado, pues si existiera «sustancia» legal para procesarle debería serlo en España. La pregunta pasa a ser ¿Y por qué no es procesado en España? Respuesta: porque el franquismo y sus crímenes son impunes.

En cualquier caso —señalan fuentes cercanas a IU— , parece que se descarta que el Grupo Parlamentario de IU en las Cortes promueva iniciativa pública alguna que exija su procesamiento y demande a la Fiscalía del Estado plena colaboración con la Justicia argentina. La lista de complices de Fraga que fueron igualmente Ministros de la dictadura, incluidos los de los gobiernos Árias bajo los cuales se produjeron decenas de asesinatos de opositores, es pública y sin embargo no se están llevando a cabo acciones públicas de exigencia de justicia por parte de los diputados de la oposición como demandan las asociaciones de víctimas del franquismo y los grupos memorialistas. «No es una prioridad, ni de nuestra agenda política en las Cortes, ni de las preocupaciones de la mayoría de la población», comenta la misma fuente. Al parecer preocupa también en los círculos de la dirección de IU que se ligue la reconstrucción de la izquierda y la lucha por la República al combate contra la impunidad del franquismo, del que Fraga Iribarne es un símbolo público. «La prioridad es el paro, no la República», señaló recientemente un diputado de IU ligado a la revolución Naranja del 15M. Sin embargo, desde la posición de los activistas por la memoria y el movimiento republicano se considera que cualquier iniciativa política que pretenda combatir la crisis, reconstruir la izquierda y organizar un frente de resistencia popular contra los ataques neoliberales no puede dejar de lado que el actual estado está hegemonizado por los que se enriquecieron con la dictadura y la disculpan y justifican abiertamente hoy en día. Si no se tiene el valor de defender la República y el fin de la impunidad del franquismo, ¿como van a tener valor para enfrentarse al capital financiero que hoy derriba y pone gobiernos en toda Europa?

Manuel Fraga eludió la acción de la justicia gracias a la Ley de Amnistia que exoneró de responsabilidades penales a los criminales de la dictadura en 1977. El procesamiento de Fraga podría suponer el inicio de una cadena de responsabilidades penales que afectaría claramente a la cúspide del poder político y económico en España. Las complicidades directas de ciertos banqueros y grandes empresas constructoras con los crímenes de la dictadura implicarían descabezar a la elite económico financiera que actualmente controla España a través del Partido Popular, pero la denuncia pública de estas contradicciones no parece estar entre las acciones que la oposición autodenominada de izquierda esté dispuesta a llevar a cabo.

Fuente: Dedona, por Benjamin Balboa.

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