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Cuando aún no había transcurrido un año desde la ausencia del general -el 9 de octubre de 1976- seis ex ministros que colaboraron estrechamente en el mantenimiento del régimen dictatorial y un ex secretario de la Confederación Nacional de Combatientes fundaron el que hoy, después de algún lavado de imagen por el camino que, eufemísticamente, se denominó refundación, es el actual Partido Popular cuyo organigrama jerárquico tiene a uno de aquellos ex ministros, Manuel Fraga, por presidente fundador, a José María Aznar como presidente de honor y a Mariano Rajoy, que es en la actualidad el presidente en ejercicio.
Ha sido un valor entendido, asumido y repetido hasta la saciedad por todas las fuerzas políticas en esta etapa democrática en la que nos encontramos, que cualquier idea, posicionamiento o reivindicación tenía que ser asumible por el sistema siempre que se defendiera por los cauces institucionalmente establecidos y en ausencia total de violencia.
¿Por qué, entonces, algunos protagonistas activos de la época más negra de nuestra historia reciente -Manuel Fraga, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva, Laureano López Rodó, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente y Enrique Thomas de Carranza- pudieron fundar un partido político en octubre de 1976 y esa misma posibilidad se pretende cuestionar y negar, ahora, a formaciones políticas perfectamente legales y que tienen, incluso, el aval del Tribunal Constitucional?
¿Y por qué, paradójicamente, los que se oponen hoy a la oportunidad de defender posicionamientos políticos desde las instituciones democráticas son justamente aquellos -o sus herederos ideológicos- que en su día fueron admitidos en el actual sistema político cuando habían sido, al menos, cooperadores necesarios de un régimen que privó de derechos y libertades a los ciudadanos o que procedió a ejecuciones sumarísimas de los adversarios políticos a los que acusaban de alta traición?
En un artículo publicado en Libertad Digital el pasado mes de septiembre titulado “La derrota moral del terror” el diputado del Partido Popular, Ignacio Cosidó, afirmaba sobre la presencia de Bildu en las instituciones democráticas que “la desaparición de ETA no puede hacerse a costa de entregar el poder a sus representantes políticos (…) Es esencial que en el final de ETA mantengamos principios muy firmes para poder lograr una verdadera derrota moral del terror a la que la inmensa mayoría de los españoles aspiramos y que debemos, desde hace ya demasiado tiempo, a las víctimas”.
Hagan el siguiente ejercicio: lean de nuevo las manifestaciones realizadas por el diputado popular sustituyendo la expresión ETA por Franquismo y se entenderá perfectamente lo que se lleva dicho. ¿Ha quedado claro? Pues que cada cual asuma su historia y que no emborrone la de los demás.
Fuente: El Plural
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