'Alicia Croft', la heroína que 'elimina' inmigrantes ilegales

El PP de Catalunya (PPC) ha ido un paso más allá en su campaña para las elecciones catalanas. Las Noves Generacions, la rama juvenil de los conservadores catalanes, han convertido a su candidata a la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, en Alicia Croft, la protagonista de un videojuego que hace desaparecer, entre otros, a inmigrantes ilegales o al independentismo.

La heroína del juego vuela por el cielo de Barcelona a lomos de su gaviota Pepe lanzando "ideas resolutivas" en forma de bombillas para "transformar y resolver los problemas de Catalunya", tal y como señalan las instrucciones.

En el videojuego, disponible en la página web del PP catalán, Alicia Croft -en referencia al mítico personaje consolero Lara Croft- puede nutrirse de los "elementos que nos unen", como el toro, el burro, la montera o la barretina, para ganar puntos y poder disparar contra sus verdaderos objetivos: un avión desde el que se lanzan en paracaídas dos "inmigrantes ilegales", un zepelling independentista o una boca que pretende representar la libertad lingüística en Catalunya.

A cada 'bombillazo' de Camacho, los problemas que destaca Rescate, así se llama el videojuego, desaparecen con el fin de conseguir sentirse "orgulloso de ser catalán y español". Una vez acabada la partida, la gaviota Pepe da la enhorabuena e invitar a los catalanes a votar el 28 de noviembre para hacer realidad eso que el PP califica de "todo lo que nos une".

Desde el PP han intentado justificar que lo que pueden parecer disparos son en realidad lanzamientos de conceptos positivos en formas de ideas, como así que en ningún caso se pretendía representar a inmigrantes legales sino a las mafias de la inmigración. Lo que es cierto es que como respuesta a los diversos despropósitos del juego, a media tarde la web del PPC se colgó y un rato después ya era imposible jugar a Rescate.

"No queremos rumanos"

Barbaridad o error, el videojuego de las Noves Generacions, que incluso fue ideado para que tuviera una versión para móviles, es un capítulo más de la lucha de Sánchez-Camacho contra la inmigración en Catalunya. Al margen del siempre recurrente tema de la crisis económica, el partido liderado por la ahora Alicia Croft se ha especializado, de cara a las elecciones, en temas que unen delincuencia con inmigrantes. De hecho, el PP catalán se ha cebado desde el principio con los extranjeros para atraer votantes, y siempre con el beneplácito de Génova.

Hace unos días, en un acto preelectoral celebrado en Santa Coloma de Gramanet, una población que destaca por su alto número de inmigrantes, la candidata del PP a la Generalitat propuso que los extranjeros en paro regresen a su país, una idea que iba en consonancia con la defensa de Rajoy de la instauración de un "contrato de integración", como el aprendizaje de la lengua o las costumbres, para poder residir en España.

El mes pasado, Camacho tuvo que salir ante la prensa para defender que su política de inmigración no es de "extrema derecha" ante la querella presentada por ICV contra el concejal del PP en Badalona Xavier García Albiol, que editó unos panfletos en los que, entre otras cosas, se podía leer "no queremos rumanos". Lejos de alejarse de la polémica, Camacho ha descartado en todo momento sancionar al edil xenófobo.

Fuente: Público

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En esta imagen podemos ver el link del juego flash (rescate.swf) tras ser retirado del servidor de la página web del PP, no contentos con realizar este juego "sin querer", arremeten contra el presidente del PSC con gran descaro y con ataques gratuitos.
También os adjunto el artículo 314 del vigente código penal de España:

"Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses."