Andalucía enmienda la ley estatal de memoria y obligará a la retirada de todos los símbolos franquistas

La ley estatal de memoria histórica no ha podido acabar con el monolito a Primo de Rivera, un monumento dedicado al fundador de la Falange que preside desde 1972 la plaza de Bibataubín, en pleno centro de Granada. El gobierno municipal (PP) se saltó el deber legal de retirar la escultura fascista acogiéndose al supuesto valor artístico de la obra. Lo que hizo fue aprovechar un resquicio legal para mantener en la vía pública un monumento que constituye una apología a la dictadura. La futura Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática andaluza, que se presentará en noviembre ante el Consejo de Gobierno para su aprobación, endurece las medidas para lograr la retirada de símbolos de exaltación del franquismo de espacios públicos y regula eliminarlos, además, del exterior de edificios privados.

La norma andaluza, aún en fase de anteproyecto, está a falta de plasmar en un texto jurídico la voluntad política de saldar la deuda del Estado democrático, en este caso, la Junta de Andalucía, de acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Para ello, va más allá de la propia legislación estatal, muy ambigua en parte de su articulado, como en los referidos a la retirada de la simbología de la dictadura. “La ley estatal carece de un desarrollo reglamentario y eso ha hecho que el artículo 15, sobre la retirada de los símbolos de exaltación del franquismo, quede en papel mojado”, señalan fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. La norma de 2007 no explica qué procedimiento debe seguirse para retirar esos símbolos ni a quién corresponde instarlos. Eso es lo que trata de enmendar la futura ley andaluza para evitar que se perpetúen en la vía pública elementos que ensalzan la dictadura, como el monolito a Primo de Rivera de Granada.

La norma andaluza pretende, por tanto, acabar con las posibilidades que abrió la propia ley estatal de 2007 al establecer como causas de exención razones artísticas o arquitectónicas para mantener símbolos franquistas en la calle. Esa opción es la que ha permitido al equipo popular desoír a asociaciones y colectivos que reiteradamente han reclamado la retirada del monolito a Primo de Rivera. Hace poco más de una semana, asociaciones memorialistas de Granada volvieron a reclamar al alcalde la retirada del monumento fascista. El propio director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, pidió públicamente al alcalde “que si es un demócrata, quite eso ya de las calles de Granada”.

Ningún país europeo permitiría mantener en la calle una escultura que exalta el fascismo. “Es un punto negro de la democracia, que va contra la convivencia de los granadinos y de los andaluces”, dijo Naranjo. Sus palabras, pronunciadas en el homenaje a las más de tres mil víctimas fusiladas en la tapia del cementerio municipal, pasaron desapercibidas en Granada, donde solo unas pocas voces cuestionan la permanencia del monumento.

El monolito en cuestión es un homenaje a Primo de Rivera que representa el saludo fascista. Consta de cinco brazos, coronados por unas alas de águila con el yugo y las flechas, y una dedicatoria: “Granada a José Antonio”. Para el PP, ese monumento “es una obra de arte” y su autor, Francisco López Burgos, es el “mejor escultor granadino del siglo XX”. Es lo que ha sostenido el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, cada vez que han pedido la retirada de la escultura. “Esos talibanes progres que piden ahora que se retire el monolito no han abierto el pico durante el mandato de todos los alcaldes socialistas”, llegó a decir Sebastián Pérez cuando la oposición municipal presentó una iniciativa al pleno para reclamar la retirada del monumento a Primo de Rivera.

Las organizaciones que trabajan por la reparación de la dignidad de las víctimas del franquismo perdieron la batalla hace unos años, cuando el gobierno municipal del PP se negó a eliminar la escultura fascista por su “valor artístico”, algo que han refutado varios expertos de la Universidad de Granada. La futura Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía abre nuevas esperanzas. “La ley andaluza no va a permitir que se mantenga el monolito a Primo de Rivera ni ningún otro símbolo franquista”, aseguran fuentes de la Junta de Andalucía. El texto, en el que a partir de ahora empezarán a trabajar los letrados de la Administración autónoma, es fruto de un proceso participativo en el que han colaborado como asesores asociaciones memorialistas, expertos y miembros de organismos de derechos humanos, como el Equipo Nizkor, redactor del informe La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas.

Anulación de las sentencias condenatorias

La norma que prepara la Dirección General de memoria Democrática también planteará que se anulen las sentencias condenatorias del franquismo y establecer la obligación de aplicar en la comunidad la doctrina de las Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad.

La norma, que forma parte del acuerdo de gobierno suscrito por el PSOE e IU, prevé la localización, identificación y, en su caso, la exhumación de fosas comunes, la elaboración de un censo desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura y de un censo de víctimas de la represión, la creación de un banco de ADN y de un catálogo de lugares de memoria. También reconocerá el derecho a conocer la verdad de lo sucedido durante la Guerra Civil y la Dictadura y a incluir dichos contenidos en el currículo escolar y establece planes de resarcimiento y reconocimiento a los represaliados. Muchas de estas cuestiones estaban recogidas en la ley que IU planteó en el Parlamento andaluz en 2011 y que fue rechazada por el PSOE y el PP.

Ahora el PSOE va de la mano de su socio de gobierno con una ley que enmienda los errores que hicieron fracasar la norma nacional de 2007. Llama especialmente la atención el capítulo dedicado a la reparación de las víctimas del franquismo. El anteproyecto de ley andaluz obliga a la Junta de Andalucía y a los poderes públicos de la comunidad “a hacer copartícipes del coste económico de las medidas de resarcimiento a las organizaciones empresariales, sociales, eclesiásticas… que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio”. También establece la posible punibilidad de los actos de apología al fascismo y la exclusión de las subvenciones a entidades que organicen o promuevan actividades que supongan una exaltación de la dictadura y la represión franquista.

Fuente: Andaluces diario