Este salario público que percibirá Camps, incluso tras finalizar el juicio que se seguirá próximamente contra él y en el que se le acusa de ’cohecho impropio’, lo percibirá con arreglo a su condición de expresidente de la Generalitat Valenciana y cuyo estatus le permitirá formar parte, irónicamente, de un organismo público relacionado con la Justicia, el Consejo Jurídico Consultivo (CJC), el equivalente autonómico al Consejo de Estado y entre cuyas funciones destaca la de supervisar y dar el visto bueno definitivo a cualquier ley que se apruebe en Les Corts.
El salario público del que se beneficiará Camps a pesar de todo, le vendrá sin que sea precisa ninguna contraprestación por su parte. Para empezar, Camps no acudió ni tan siquiera a su propia toma de posesión. A la que tampoco acudieron representantes de la oposición en señal de protesta y denuncia del nombramiento de este polémico personaje.
El broche de oro al empeoramiento significativo de la mala imagen que este organismo público se granjea al contar con Francisco Camps entre sus asesores, se cierra al colocar a Camps como responsable de asesorar en materia de contratación pública, algo que escandaliza a todo el mundo menos a Vicente Garrido, el presidente de este Consejo Jurídico Consultivo.
Garrido reconoció que la inclusión de Camps en la nómina fácil del CJC, es el resultado de un tráfico de favores cuando, en su discurso de toma de posesión, afirmó que "[Camps] siempre nos brindó su confianza y consideración, con lo que hoy queremos corresponderle". La elección de Camps no se debería pues a sus cualidades como asesor ni, por supuesto a su autoridad o integridad moral, sino más bien al pago del trato que desde la presidencia dispensara Camps al CJC.
Fuente: Tercera Información
Fuente: Tercera Información
0 comentarios:
Publicar un comentario
Comente con respeto.