75 años de barbarie franquista

Durante el tercer fin de semana de julio de 1936 tuvo lugar un golpe de Estado que, fracasado, daría pie a la guerra civil española. Un año después el territorio vasco quedaba en su totalidad en poder de los sublevados, de los franquistas, y para marzo de 1939 la integridad del español. En 1975 moriría el dictador, abriéndose una transición política que obviaría el pasado más cercano. Han transcurrido 75 años del inicio de la barbarie franquista y, todavía, las cuentas de la represión no se han contabilizado al detalle. Conocemos las líneas maestras, pero los obstáculos judiciales y políticos han impedido cerrar la investigación. Algún día se llegará al fondo. Mientras tanto vamos a intentar recapitular en este macabro aniversario.

Al menos 6.018 vascos fueron ejecutados por el franquismo en los meses y años posteriores al inicio del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Entre ellos están contabilizados los que murieron en el campo de concentración de Deustu y en la prisión de San Cristóbal (en el monte Ezkaba) y en los bombardeos a la población civil. Los ejecutados en Nafarroa fueron el 1% de su población total, entre el 7 y el 8% de los que habían votado opciones abertzales o republicanas en febrero de 1936.

De Sartaguda fusilaron al 6,76% de su población. Entre el 2 y el 6% de fusilados se encontraban Lodosa, Mendabia, Milagro y Peralta. De Durango, incluyendo a los falle- cidos en el bombardeo del 30 de marzo de 1937, desaparecieron el 1,78% de sus habitantes. La capital vasca con mayor número de ejecutados fue Donostia, cerca de 400. Aunque en porcentaje lo fue Iruñea, con 300. La capital navarra tenía entonces 42.000 habitantes, y la guipuzcoana, el doble.

Los primeros ejecutados, el mismo 18 de julio de 1936, fueron el baracaldés Manuel Rodríguez, en Zambrana, y en Iruñea Fidel Zandueta y José Rodríguez-Medel, este último comandante de la Guardia Civil en Navarra, leal a la República. Los restos de cerca de 150 de los fusilados navarros, así como varias decenas de gudaris que murieron en la batalla de Legutio, fueron llevados al franquista Valle de los Caídos sin conocimiento de sus familiares. El primer militar vasco fusilado lo fue en Melilla. Se trató del capitán Virgilio Leret Ruiz, aviador e inventor de diversos ingenios voladores.

Jamás se ha tomado en cuenta la magnitud de la represión y el ataque frontal a las libertades vascas y al sistema republicano. La falta de voluntad de los herederos políticos directos del 36, que abandonaron a los suyos, ha hecho que la investigación haya quedado, como tantas otras, en manos particulares e iniciativas populares. A quienes intenten frivolizar habría que explicarles, por ejemplo, que 37.930 niños vascos (hoy sabemos el nombre y apellidos de todos ellos) fueron dispersados en el exilio y terminaron sus días, algunos de ellos, en lugares tan lejanos como Siberia.

La represión tuvo un componente antidemocrático y totalitario que, en primera instancia, se cebó en los representantes de la voluntad popular: 29 alcaldes, de ellos 22 en Nafarroa, fueron ejecutados, así como un número más elevado de concejales. Fue paradigma el caso de Cárcar, donde fueron ejecutados su alcalde Lucio Gutiérrez y todos los concejales excepto dos.

Entre los alcaldes asesinados se encontraban Alejandro Mallona (Mundaka), Fortunato Agirre (Lizarra), Gabino Alustiza (Aia), Domingo Burgaleta (Tudela), Teodoro González de Zarate (Gasteiz), Saturio Burutarán (Loiola, Donostia), Valentín Plaza (Castejón), José Markiegi (Deba), Felipe Urtiaga (Berriz), Antonio Moreno (Corella)... En Araba y Nafarroa fueron fusilados 27 maestros. También decenas de funcionarios municipales como Tomás Abaitua Ugalde, jefe de la Guardia Municipal de Bilbao.

Entre los cargos políticos, el consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Alberto Espinosa Orive, fue el primero en ser ejecutado. Desde febrero de 1936 era diputado a Cortes en Madrid. A Teodoro Olarte, diputado general de Araba, le torturaron, le rompieron varias costillas y le ejecutaron en Bayas. Tras la rendición de Santoña, la Falange ejecutó a quienes consideraba los dos máximos dirigentes de cada partido y sindicato leales. Entre los muertos estaban Jesús Zabala (ELA) y Ramón Rabaneda (PCE), padre del que luego sería modisto Paco Rabanne.

A partir de Santoña, prácticamente todos los sectores sociales fueron juzgados colectivamente: médicos, funcionarios, empleados municipales, ayuntamientos al completo, etcétera. Los funcionarios de prisiones o milicianos que participaron en tareas de vigilancia en las cárceles fueron ejecutados, en todos los casos, a garrote vil. Los primeros agarrotados, Pedro Garmendia, de ANV, natural de San Salvador del Valle, y el socialista Julián Hermosa, de Basauri.

Todas las formaciones políticas sufrieron la pérdida de dirigentes. En el PNV Ramón Azkue, que había sido jefe del Eusko Gudarostea, y Aitzol Ariztimuño, el sacerdote más influyente del partido, fueron pasados por las armas. El médico jeltzale Luis Álava Soutu fue ejecutado por espiar para los aliados durante la Guerra Mundial. Julián Zugazagoitia Mendieta y Jesús Larrañaga, líderes vascos del PSOE y del PCE, también, tras ser detenidos y extraditados desde Francia y Portugal, respectivamente. Tomás Ariz, líder del PCE en Navarra, había sido fusilado igualmente. José Luis Arenillas, jefe de Sanidad del Gobierno Vasco y militante del POUM, fue asesinado en diciembre de 1937.

Isaac Puente Amestoy, médico en Maeztu y uno de los teóricos más importantes del anarquismo durante el siglo XX, fue ejecutado en Pancorbo. El poeta Esteban Urkiaga, Lauaxeta, murió en el paredón del cementerio Santa Isabel de Gasteiz atado a José Placer Martínez de Lezea, responsable de las milicias de ANV. El escritor José María Azkarraga Mozo, de Amurrio, detenido en Larrinaga, entró en un canje de prisioneros entre los dos bandos. Se negó al mismo, por considerarse privilegiado sobre sus compañeros. Fue fusilado en Derio.

El clero y la especificidad navarra

La represión contra el clero vasco fue, asimismo, notoria. Al menos 18 sacerdotes vascos fueron fusilados, 7 de ellos en Hernani. En 1911, todos los sacerdotes declaradamente nacionalistas vascos fueron destinados a diócesis ubicadas en América. En 1923 y con motivo de la restauración de la Virgen de Estíbaliz, un redactor del diario jeltzale ``Euzkadi'' fue excomulgado por criticar un discurso abiertamente españolista y militar del cardenal Juan Belloch. En esos años, otros sacerdotes fueron desterrados y perseguidos por predicar en euskara. Las ejecuciones confirmaron la tendencia represiva de los años anteriores.

Como ha sido citado en el caso del diputado general Teodoro Olarte, muchos de los detenidos fueron torturados antes de ser enviados al paredón. José María Berraondo, de 18 años, fue detenido como venganza a que su padre, concejal del PNV de Oiartzun, había logrado huir y cruzar la muga. Torturado hasta la muerte, su cuerpo fue arrojado por el puente de Endarlatsa. José María Igartua Polo, vecino de Beasain, también sufrió malos tratos. Fue torturado hasta morir. En abril de 1939 Juan Antonio Bilbao Gaztañaga Txakoli fue muerto por un funcionario en la prisión bilbaina de los Escolapios por acercarse a una ventana. Ramón Rugama, abogado criminalista de Orduña, fue muerto a palos en la prisión de Larrinaga.
Militares vascos fueron también fusilados. Ernesto de la Fuente Torres, jefe del Estado Mayor del Ejército vasco, fue ejecutado en diciembre de 1937. José Gallego Aragués, también del Estado Mayor vasco, fue fusilado en mayo de 1938. Daniel Irezabal Goitia, jefe de División, fue fusilado en diciembre de 1937. Gumersindo Azkarate Gómez, coronel de Infantería e inspector del Ejército Vasco, también acabó así, el mismo día que Irezabal y que José Bolaños López, comandante de Infantería.

En Nafarroa, los muertos aparecieron por campos, caminos y cementerios. En marzo de 2009, la Sociedad de Ciencias Aranzadi recuperó los cuerpos de 20 vecinos de Buñuel en Magallón (Zaragoza). Otros 250 navarros fueron fusilados en Zaragoza, entre ellos 218 que pertenecieron al Tercio Sanjurjo. En Iruñea, los fusilamientos eran públicos, en la Vuelta del Castillo. La Tejería de Monreal, la cantera de Bera, Etxauri, Valcaldera, Ezkaba y Urbasa fueron lugares habituales de ejecución de prisioneros. Hoy, todavía se desconoce dónde fueron ejecutados el 10% de los navarros a los que se fusiló.

La especificidad navarra (la mitad de los fusilados vascos corresponde al Viejo Reino) tiene varios componentes excepcionales. Si la deserción en el Ejército de Franco era considerada un delito que se pagaba con prisión mayor, cuando el desertor era navarro, al menos en el frente vasco, el castigo era la pena de muerte, como a los iruindarras Juan Los Santos y Luciano Larraza.

Hechos de este calibre y diversas investigaciones han llegado a poner en tela de juicio el carácter ideológico de los muertos navarros en el Ejército de Franco. Las últimas investigaciones realizadas apuntan al hecho de que de los 4.488 navarros que murieron en la guerra civil en el Ejército de Franco, una cantidad cercana a la mitad de ellos no pertenecía sociológicamente al franquismo. Se habían alistado, como tantos otros, para evitar ser perseguidos.

En las cercanías de Oion, en Araba, fueron ejecutados más de 400 republicanos, la mayoría riojanos. En Bayas, Armiñón, Zambrana y las Conchas (entre Langraiz y La Puebla) también hubo numerosas ejecuciones. En Bizkaia, el cementerio de Derio fue el lugar elegido por los verdugos, mientras que en Gipuzkoa optaron por los cementerios de Hernani y Oiartzun y el campo de tiro de Bidebieta, en Donostia.

Sólo un juicio

Ninguno de los responsables de las matanzas fue jamás condenado. Se abrieron algunas diligencias en casos de tortura con resultado de muerte, pero siempre hubo ale- gaciones al «deber cumplido» y se cerraron. Los escuadrones de la muerte, 16 en Nafarroa, camparon a sus anchas. Pedro Díez Terés se jactaba de haber matado a más de un centenar de navarros. José Luis de Vilallonga, grande de España y biógrafo del rey Juan Carlos I, participó en los piquetes de ejecución en Hernani, según testimonio propio.

Violaciones, mutilaciones, torturas, ensañamientos con las familias republicanas, abusos infantiles... todo fue olvidado. Solo hubo una excepción, la de Juan José Domínguez, un falangista que puso una bomba en Begoña en 1942. El atentado, en medio de un acto religioso carlista, ocasionó 70 heridos, entre ellos el ministro del Ejército español, Enrique Varela. Domínguez fue juzgado, condenado y ejecutado. Fue la única excepción en 40 años. El resto sigue impune.

Mujeres: ultrajadas, violadas y ejecutadas

Al general Queipo de Llano, uno de los dirigentes del golpe de Estado de 1936, se le atribuye la siguiente frase: «Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora, por fin, han conocido a hombres de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará».

La mayor cárcel de mujeres del Estado estuvo en Saturraran. En los últimos años, diversos trabajos monográficos han recuperado la mayoría de los detalles de aquel infierno. La de Amorebieta fue, asimismo, una de las cárceles que albergó a numerosas mujeres republicanas y abertzales, junto a las provinciales de cada territorio vasco.

Cerca de un centenar de mujeres vascas fueron ejecutadas: 15 en Bizkaia, 28 en Nafarroa, 40 en Gipuzkoa y 9 en Araba. Todavía hay algunos casos sin contabilizar, sobre todo en Bizkaia, en los que, sin información más detallada, diversas mujeres que habían sido violadas se suicidaron luego. Las situaciones que se produjeron tras la muerte de estas mujeres, en muchos casos con cargas familiares, fueron un apartado más a añadir a la larga lista represiva. Adelaida Fernández, una de las fusiladas, natural de Bilbo, era viuda y madre de seis hijos. Ana Naranjo, de Sestao, dejó tres hijos huérfanos. Berta Peña Parra, de Sestao, cinco hijos de corta edad.

En Nafarroa, las violaciones de Maravillas Lamberto, Carmen Lafraya y las hermanas Asunción y Adela Campaña causaron una gran conmoción por el hecho de que luego fueron asesinadas, y dejaron un recuerdo imborrable en la memoria popular. Los vecinos de sus localidades, de una u otra ideología, las recordaron entre la congoja y el temor. Alguna otra, como una anarquista de Allo llamada Blasa Roncal, se enfrentó con dignidad a sus asesinos, que la querían violar previamente a su ejecución. Se defendió hasta la muerte.

Aunque no es el más conocido, el caso de Asunción y Adela Campaña Ortiz es el de una gran tragedia. Ambas fueron violadas y asesinadas en Izco. Eran vecinas de Sangüesa. Los tres hijos de Asunción, Eugenio, Máximo y Primitivo Palacín, fueron fusilados en Sos y Zaragoza.

No ha terminado, a pesar de que han pasado 75 años, los trabajos de recuperación. Hace poco hemos conocido la violación y muerte de una niña, María Luisa Yerro, que aún no había cumplido los 14 años. Fue en 1946 en Lerín. De familia republicana, un juez llamado Agustín Erviti investigó su caso para cerrarlo. Los implicados estaban demasiado cercanos al régimen franquista.

En Cabanillas, una muchacha de 19 años llamada Simona Calleja, fue asesinada junto a su madre, Felisa Aguado, de 64 años. A Simona le cortaron el pelo y la encerraron en la cárcel del pueblo. Parece que ese era el único castigo previsto. Pero una noche fue violada repetidamente. Los vecinos oyeron los gritos desgarradores de la pobre Simona. Los violadores, temerosos de una denuncia, decidieron terminar con su vida.

Algunos casos fueron excepcionales y merecedores de mayor espacio. Fue dramático el de Mercedes Colás Irisarri, de Lodosa, a quien fusilaron a su padre por ser dirigente anarquista. A ella le cortaron el pelo y junto a su familia fue sometida a diversas humillaciones. Fue perseguida y un día decidió marchar al exilio, cruzando el océano. Cincuenta años después sería una de las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Su hija Alicia había desaparecido en la dictadura argentina. Hoy la Biblioteca de Lodosa homenajea a Mercedes como uno de los tres hijos ilustres de la localidad, junto al general liberal Chapalangarra y al poeta nicaragüense Ángel Martínez Baigorri. El reconocimiento a Mertxe Colás es, todavía, excepción.

Fuente: GARA