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El Ministerio de Justicia envió a distintos juzgados españoles los exhortos que la juez argentina María Servini remitió para interrogar en España a 19 investigados por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista. Entre ellos se encuentran el exministro de Gobernación en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa o el ex ministro de Franco, José Utrera Molina, así como el expolicía Antonio González Pacheco, Billy el niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, según informó Europa Press.
El pasado mes de marzo, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (Argentina) remitió estos exhortos con la intención de que los juzgados españoles tomasen, en su presencia, declaración indagatoria a los acusados en abril. El departamento que dirige Rafael Catalá recibió esta solicitud en agosto y los envió a dichos tribunales el pasado 9 de septiembre en cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España.
En concreto, Servini solicita la declaración de Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979); José Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón; Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975); José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976).
También quiere interrogar al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico Abelardo García Belaguer.
Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.
Rechazada la extradición de varios exministros
Ya en 2014, Servini pidió la extradición de varios exministros franquistas para el mismo objetivo, pero las autoridades españolas se opusieron a esto ya que consideraban que vulneraban "las normas internacionales que establecen que todos los Estados deben colaborar activamente en la persecución de quienes cometen crímenes contra la humanidad, en especial los cometidos en su territorio", recordó la Coordinadora CEAQUA.
Sin embargo, la juez, que viajó en mayo de 2014 a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, afirmó que Argentina es competente para la judicialización de los hechos al enmarcarse en crímenes de lesa humanidad."En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional", alegó.
Por otro lado, el 30 de abril de 2014, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la extradición a Argentina del exinspector de policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, al considerar que los delitos de torturas que se le imputan en Argentina habrían prescrito "ampliamente", pues se cometieron entre febrero de 1971 y septiembre de 1975 y, por tanto, habrían prescrito a los diez años de su comisión.
Por dicha situación, la magistrada argentina determinó que los interrogatorios debían ser ante jueces y juzgados españoles, aunque en su presencia. Los fechas de las declaraciones se determinarán durante el mes de octubre.
Argumentos de la magistrada
Servini investiga a Utrera Molina y Carro de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernando Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
En cuanto al ginecólogo Abelardo García, fue denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba.
El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora Ceaqua al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.
Fuente: Infolibre
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