Interior asciende a jefe de Policía al mando que remitió al Tribunal de Cuentas el informe sobre Podemos

El Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, “está pagando los favores prestados por sus afines con ascensos, embajadas, medallas con pensión y todo lo que tiene en su mano”. Eso es lo que opinan los sindicatos de policía y organizaciones sindicales consultadas y que ya están denunciando el nombramiento de Manuel Vázquez y José Javier Causante como jefes superiores de Policía de Galicia y Valencia, respectivamente. Los últimos méritos de ambos, según las fuentes policiales consultadas, han sido “enviar el informe de Podemos al Tribunal de Cuentas, en el primer caso, y en el segundo, tardar cinco años en enviar al juzgado un informe sobre el empresario Enrique Ortiz en la Operación Brugal, que daña de lleno al PP”.

Manuel Vázquez ha sido comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde 2012 y su trabajo al frente ha sido seguir la senda creada por su antecesor, el comisario Jesé Luis Olivera. Durante estos años, la Policía no ha avanzado en asuntos relacionados con la trama de Marjaliza y Granados, por ejemplo, que ya aparecía en las grabaciones que el denunciante de la trama Gürtel aportó en 2008. Su último encargo ha sido firmar tres hojas de escrito de remisión al Tribunal de Cuentas que acompañan al informe sobre la financiación de Podemos –elaborado a base de recortes de prensa, como desveló Público- que no ha sido elaborado por la UDEF, pues no tiene ni la firma de los agentes, ni el logotipo de la Dirección General de la Policía, ni sello ni siquiera fecha de elaboración.

Un informa 'fantasma'

El informe 'fantasma' fue elaborado por la “unidad de inteligencia” no oficializada y que depende del comisario Eugenio Pino. Al menos un comisario de esta unidad ha viajado incluso a Venezuela para seguir recabando información contra Pablo Iglesias y su organización. Sin embargo, pocos días después de firmar ese escrito de remisión, la Policía anunciaba el ascenso del comisario Vázquez a un lugar deseado por el ex jefe de la UDEF, ya que nunca había ejercido en su tierra.

La relación del nuevo jefe Superior de Galicia con los miembros de la DAO se remonta a los años 70, cuando estuvo destinado en la Jefatura Superior de Policía de Catalunya y en la Comisaría General de Información entre 1975 y 1997. Tras su ascenso a comisario fue nombrado Jefe de la Brigada Operativa de San Sebastián. Posteriormente ocupó diferentes puestos en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estando al frente de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial entre febrero de 2007 y julio de 2012.

Tapar la corrupción

El mismo día que se ascendía a Vázquez también se nombraba Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana a José Javier Causante, de quien sindicatos como Alternativa Sindical de la Policía (ASP) ya había pedido a principios de año que se le abriera una información reservada por jactarse de recibir regalos de empresarios de Alicante y botellas de vino de el Corte Ingles, lo que podría suponer un delito de cohecho. Precisamente, denunciaba el sindicato ante el Ministerio del Interior, los empresarios emisores de regalos al igual que la cadena de grandes almacenes han sido galardonados con medallas policiales.

En la denuncia puesta en Interior se asegura que la gestión de Causante en la comisaria de Alicante revela “dejadez de sus funciones en aspectos relevantes en materia e higiene y seguridad de las dependencias policiales y los agentes”. Por ejemplo en 2015, y gracias a la intervención parlamentaria del diputado de Izquierda Unida (IU) Ricardo Sixto, la comisaría tuvo que ser fumigada para acabar con “una plaga de chinches en los calabozos de las dependencias policiales, situación que han sufrido tanto detenidos como funcionarios”.

Esta dejadez también se ve reflejada en las investigaciones. En 2015, el juzgado que instruye el caso Brugal contra el empresario Enrique Ortiz y la ex alcaldesa del PP, Sonia Castedo, tuvo que reclamarle un informe sobre la documentación incautada tras los registros de 2010.

Fuente: Público