martes, 15 de marzo de 2016

El juez imputa al PP de Valencia por blanqueo y señala a Rita Barberá el camino del Supremo

Cada vez más cerca de la imputación. Así se encuentra la exacaldesa de Valencia, Rita Barberá, tras la decisión del juzgado de instrucción número 18 de Valencia de levantar parcialmente el secreto de sumario de caso Imelsa y elevar exposición razonada para que ésta, dada su condición de aforada como senadora territorial, sea interrogada e investigada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de blanqueo de capitales. Lo mismo sucede con Miguel Domínguez, uno de los hombres más cercanos a Barberá durante su época como primera edil (1991-2015). Domínguez es diputado autonómico y el magistrado Víctor Gómez, también ha mandado escrito razonado al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) para que el político pueda ser interrogado.

Además, Gómez, conocido entre sus compañeros por su actitud garantista, ha dado un plazo de 20 días a Barberá y Domínguez para que declaren en el Juzjado de Instrucción 18 de forma voluntaria “sin sometimiento a interrogatorio alguno” o que en este intervalo “puedan presentar escrito de alegaciones con el mismo y exclusivo objeto”. Gómez cree que existen “indicios suficientes” en la participación de ambos en un supuesto delito de blanqueo de capitales cometido en las vísperas de las elecciones locales de mayo de 2015. Según la investigación, 48 miembros del PP de la ciudad de Valencia, entre concejales, exconcejales y asesores habrían ingresado cada uno 1.000 a las cuentas del partido. Un dinero que después les habría sido devuelto en dos billetes de 500€ dentro de un sobre. Estas cantidades provendrían de una supuesta caja B nutrida con comisiones a empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Dada la magnitud de la operación, el juez ha imputado, como persona jurídica y por el mismo delito, al PP de la ciudad de Valencia, por lo que ha dictado una providencia en la que emplaza al Partido Popular para que designe un representante procesal que declarará como investigado. Asimismo, Instrucción 18 ha vuelto a citar para el próximo 8 de abril a cuatro investigados que en su día se negaron a declarar. Se trata de Alfonso Novo, portavoz del grupo municipal aunque suspendido cautelarmente de militancia, María José Alcón, exconcejal de Cultura, Mari Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo municipal, y María José Pi, secretaria de la anterior.

Por otro lado, el grueso del caso Imelsa continuará bajo secreto de sumario al menos hasta el 14 de abril. Existen 115 investigados por varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, soborno, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Las investigaciones apuntan a una trama corrupta instalada en las principales instituciones valencianas (el Consell, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de la capital), en los años de gobierno del Partido Popular, sobre todo desde 2003, cuando Francisco Camps llegó a la Generalitat. El epicentro estaría situado en la empresa pública Imelsa, perteneciente a la Diputación, y cuyo exgerente, Marcos Benavent, habría proporcionado a la Fiscalía Anticorrupción decenas de horas de grabaciones que demostrarían el enriquecimiento ilícito de numerosos cargos públicos así como una red de financiación ilegal del PP con mordidas de entre el 3% y el 5% a firmas adjudicatarias.

Bajo el foco institucional

En paralelo a la caída del PP valenciano, el actual Gobierno de izquierdas ha redoblado su presión para esclarecer las irregularidades de sus antecesores en la Administración. El pasado 25 de febrero, el mismo día que Barberá lanzó su speech exculpatorio ante los periodistas, el pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó conformar una comisión de investigación sobre el caso Imelsa. Una votación unánime que incluyó a un PP desarbolado: una bancada de nueve ediles imputados y sólo uno, el independiente Eusebio Monzó, libre de sospecha.

Una apuesta por la transparencia que ha tenido su réplica en la Diputación de Valencia, donde el pasado martes se constituyó otra comisión de investigación que iniciará sus trabajos una vez se levante la totalidad del secreto de sumario, previsiblemente el 14 de abril. Por su parte, les Corts, reclamaron el pasado 29 de febrero la presencia de Rita Barberá en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones, pero la exalcaldesa no acudió y solo minutos antes del inicio registró un escrito donde argumentó que el operativo Taula es ajeno a su labor como senadora. El parlamento valenciano insistirá en su comparecencia, aunque no se ha asignado nueva fecha. Mientras, la exprimera edil se obstina en tildar les Corts –institución que la nombró senadora– de “tribunal popular, totalitario, comunista y anticonstitucional”.

Y tampoco se ha señalado día para su declaración en la recientemente constituida comisión de investigación por el agujero de Feria Valencia, cuyo consejo de administración presidió Barberá durante sus 24 años como alcaldesa. El agujero contable de la entidad cava en tierra 1.000 millones, la mitad en sobrecostes. Y se deducen impagos como los 0,5 millones del PP por el Congreso Nacional que encumbró a Mariano Rajoy en 2008. Entre los excesos se dan cuatro tarjetas opacas o regalos suntuarios como los 7.600 en bolsos y otros complementos que recibió Barberá.

Finalmente, las investigaciones apuntan a una compleja fontanería interconectada entre las anteriores instituciones en manos del PP con imprevisibles consecuencias y salpicaduras. La última ha enturbiado la enésima operación higiene de la presidenta regional, Isabel Bonig, quien mantuvo como presidente provincial en Valencia a Vicente Betoret, antigua mano derecha de Alfonso Rus y a quien el arrepentido Marcos Benavent situó hace poco en reuniones para gestionar comisiones y recibir dádivas a cambio. “Hoy me ha tocado a mí y mañana Dios sabe”, fío Betoret el pasado jueves a la providencia el camino a seguir de la caída de fichas de dominó en el PP valenciano.

"Es una auténtica organización criminal"

La presidenta del PPCV y portavoz del PP en las Corts Valencianes, Isabel Bonig, ha confirmado este lunes que pedirá el acta a los concejales del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia que continúen como investigados una vez se ha levantado el secreto del sumario en la pieza de Imelsa sobre el presunto blanqueo de capitales en el grupo y si hay pruebas ya que, según ha apuntado, ese fue el "compromiso" que alcanzaron. Así lo ha indicado en declaraciones a la Ser, recogidas por Europa Press, tras la decisión del juez de levantar el secreto del sumario en esa parte de la investigación.

El portavoz del grupo socialista en las Corts, Manolo Mata, ha afirmado que "hoy ha quedado demostrado por la justicia" que la exalcaldesa de Valencia "tiene una clara y evidente responsabilidad política que implica que no sólo tiene que darnos explicaciones de forma inmediata, sino que también debe abandonar necesariamente su escaño en el Senado". En un comunicado, Mata ha dicho que el PP en la ciudad de Valencia "es una auténtica organización criminal que ha vivido por encima de sus posibilidades, que ha competido electoralmente de manera irregular y que se ha financiado ilegalmente de forma reiterada a través de las dádivas de empresarios a los que les adjudicaban contratos públicos".

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha subrayado mientras que la exalcaldesa "ya no se puede esconder más" y ha pedido al PP que la expulse del partido si no deja su escaño en el Senado. Baldoví se ha expresado así en declaraciones a Cuatro. A su modo de ver, este paso del juez lo cambia todo y deja claro que no se trata de "manzanas podridas" o casos aislados. Así, aunque ha admitido que deberá ser la Justicia quien aclare si Barberá fue cómplice del delito de blanqueo, se ha preguntado si es posible que, estando investigado todo su entorno, no supiera nada ella que es "tan inteligente" y que ha manejado los hilos del Ayuntamiento durante 24 años".

Fuente: Infolibre

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