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El 10 de diciembre de 2014 Nicolás Maduro fletó un avión presidencial en el madrileño aeropuerto de Barajas para que viajaran a Venezuela la portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel; la dirigente de Podemos en Castilla La Mancha, María José Aguilar, e Ignacio Gil de San Vicente, suegro del entonces número 1 de la banda terrorista ETA.
Un año después se ha filtrado una grabación en la que se intenta criminalizar a estos dirigentes políticos, quienes apuntan a la Policía como autora de dicho vídeo. La dirigente de la CUP, Anna Gabriel, ha señalado que pudieron ser miembros de cuerpos policiales quienes grabaron las imágenes porque, al viajar en el avión presidencial, fueron a una zona del aeropuerto de Barajas donde sólo estaban los 30 o 35 pasajeros, la tripulación y "los cuerpos policiales que tienen atribuida la vigilancia y las funciones de seguridad del aeropuerto".
En ese momento el mando policial responsable de la seguridad del aeropuerto de Barajas era el comisario Carlos Salamanca, cuyo ascenso a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirige el comisario Eugenio Pino fue anunciada a los medios de comunicación ese mismo día 10.
Un mes antes la Audiencia Nacional había retirado los cargos contra él por sus relaciones con la mafia china de Gao Ping. Durante meses, la Fiscalía Anticorrupción, basándose en la investigación policial de la Operación Emperador, mantuvo que recibía regalos de uno de los lugartenientes. La Unidad de Asuntos Internos sostuvo en un informe que Salamanca mantenía una relación de "estrecha amistad" con Yongping Wu Liu, a quien introdujo en su círculo de amistades para que este iniciara una serie de negocios, entre ellos uno de importación de chatarra y otro para la venta de juguetes. En otra ocasión le preguntó sobre los trámites para trasladar un oso a España.
Mediador con empresarios
El informe también indicaba que habría mediado ante los empresarios chinos para conseguir un Iphone 4 que supuestamente iba a regalar a la hija del exfutbolista del Real Madrid Fernando Hierro. A cambio de todas estas gestiones habría recibido un jamón y una caja de vino. La Fiscalía quiso volver a imputar al ex comisario de Barajas en febrero de este año, pero la Audiencia Nacional lo rechazó.
Junto a Carlos Salamanca también fue imputado —y aún se mantienen las acusaciones contra él— el jefe del grupo que debía investigar a la mafia china, Miguel Ángel Gómez Gordo, identificado en las intervenciones telefónicas entre los miembros de la Operación Emperador como Miguel el Calvo. El hermano de Gómez Gordo, Andrés Gómez Gordo, está destinado en estos momentos también en la cúpula policial que dirige el comisario Eugenio Pino y ha sido premiado con una medalla roja que conlleva una pensión vitalicia.
De hecho es el enlace entre la DAO y la Unidad de Delítos Económicos y Financieros (UDEF) y la persona que, según fuentes policiales, podría haber ejecutado el informe fantasma contra Podemos cumpliendo un encargo de la Secretaría de Estado de Interior.
Los vínculos entre Andrés Gómez Gordo y el comisario Carlos Salamanca —ahora destinado en la Comisaría de Extranjería y Fronteras tras su paso por la DAO— con políticos y empresarios del Partido Popular, son comunes. Ambos tienen una estrecha relación con Francisco Granados, con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y con su esposo Ignacio López del Hierro.
El comisario Salamanca aparece en las grabaciones de la Operación Púnica que lleva la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por acompañar a Francisco Granados a reuniones con el empresario Domingo Díaz de Mera para hablar de la venta del aeropuerto de Ciudad Real. Recientemente este aeropuerto fue adquirido por un grupo chino al módico precio de 10.000 euros.
El inspector jefe Andrés Gómez Gordo, que espera ser ascendido a comisario por la actual cúpula policial, fue el director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, contratado por los dirigentes populares Alfredo Prada y Francisco Granados, y también director general de Seguridad del gobierno de Castilla La Mancha que presidía Cospedal hasta febrero de 2015.
Espionaje a políticos
La dirigente de la CUP, Ana Gabriel, ha sido directa al apuntar hacia la Policía como autora de la grabación. "No era una persona que pasaba por allí. Si consideramos como hipótesis que las podría haber grabado la policía, ¿por qué filma a personas que viajan a Venezuela tomando casi primeros planos? ¿Con qué objetivo político, judicial o policial? ¿Por qué esta filmación ha estado guardada? ¿En qué tipo de archivo y con qué tipo de autorización opera la base de datos? ¿Por qué salen ahora?", ha preguntado poniendo en duda si la filmación es regular.
También ha recordado que, cuando se tomaron las imágenes, ella no era diputada, sino sólo militante de su organización, por lo que sospecha que debe de haber otras grabaciones de activistas que irán saliendo a conveniencia. "Siempre hemos denunciado que los ficheros existen y estas prácticas profundamente antidemocráticas de las cloacas del Estado. Es esta falsa democracia que ampara y dota de impunidad a prácticas que no se deberían de producir", ha añadido.
El motivo del viaje a Caracas era acudir al Encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad (La Red), al que también acudieron Tomás Nativí, militante del UPR (Unión Revolucionaria del Pueblo, Honduras) que recibió del gobierno de Holanda el premio Tulipán de los Derechos Humanos; la escritora y profesora de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela Teresa Moure y el politólogo Carles Badenes.
El encuentro fue público y salieron declaraciones y artículos de los asistentes tanto en agencias de noticias españolas como en diferentes revistas y medios digitales. No había nada secreto, el avión del presidente de Venezuela estaba autorizado a aterrizar en España y sus ocupantes a embarcar en el mismo.
Fuente: Público
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