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El Govern balear ha recuperado para las arcas públicas de la comunidad autónoma 1.014.110 euros en causas judiciales por delitos de corrupción contra la Administración Pública desde el año 2007.
La cantidad es solo una parte de lo que debería haber percibido el Govern, ya que faltan 5.746.263 euros derivados de sentencias condenatorias que ya son firmes, pero están pendientes porque los condenados todavía no han pagado, según datos de la Abogacía de la Comunidad Autónoma facilitados por la Conselleria de Presidencia.
Con la intención de recuperar el perjuicio económico causado a las arcas autonómicas, el Govern se ha personado como acusación en una docena de causas de corrupción en los últimos años, algunas de ellas ya juzgadas y con sentencia firme, otras en distintas fases del proceso judicial y varias en plena investigación.
La cuantía más elevada de lo recuperado por el Govern hasta el momento procede del llamado caso Scala, que juzgó a una trama que cobró comisiones y falseó contratos para saquear millones de euros de fondos públicos a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (Cedeib) en la legislatura 2003-2007.
Al Govern le han sido devueltos 793.704 euros, aunque lo que debe percibir según fijó la sentencia, dictada por la Audiencia de Palma y confirmada por el Tribunal Supremo, son 6.294.917 euros.
Por esta causa el exconseller balear del PP de Comercio, Industria y Energía Josep Juan Cardona está desde 2013 en la cárcel, donde cumple una condena de 16 años de prisión, la más alta a un político de las islas por corrupción.
También fue condenado a pagar una multa de 2,2 millones de euros y buena parte de la responsabilidad civil de 6 millones por el perjuicio al Govern.
En total fueron condenadas 16 personas, cuatro de ellas con penas de prisión, y la mayor parte del dinero que ha recuperado el Govern lo han entregado la exgerente del Cedeib, Antonia Ordinas, y su mujer, la soprano Isabel Rosselló.
La siguiente causa por la que el Govern ha recuperado mayor cantidad de dinero, 95.536 euros, el total de lo fijado en la sentencia, es por una de las piezas en las que está dividido el llamado caso Ibatur. Derivan de la condena al exsecretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miguel Ángel Bonet a 2 años de prisión por malversación y falsedad continuada por parte del funcionario, por apropiarse esa cuantía entre 2004 y 2007.
El Govern también puede percibir 37.709 euros por el caso Bitácora, incluido en el caso Ibatur, pero la sentencia aún no es firme. Otros 92.023 euros recuperados por la Abogacía de la comunidad autónoma proceden del caso Turisme Jove, por el que hubo 12 condenados por el presunto desvío de fondos públicos a través del consorcio de dicho nombre en la legislatura 2003-2007.
Otros casos
Además el Govern ha recuperado 28.080 euros en los primeros juicios del caso Voltor.
Un total de 13.080 euros proceden de la condena al exconseller de Turismo Miquel Nadal que cumple 4 años de prisión por malversación, por pagarle por un trabajo ficticio esa cantidad a un compañero del partido UM, el exconcejal de Turismo de Sóller Tomás Plomer, por medio del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), en la legislatura 2007-2011.
Los otros 15.000 euros proceden de la condena a otro exconseller de Turismo Francesc Buils a 3 años de cárcel por gratificar al exalcalde de Sóller Antonio Arbona con esa cuantía de dinero público en 2007 y 2008 por unos trabajos que no se hicieron.
Por la primera pieza que se juzgó del caso Palma Arena, que está dividido en 27, el Govern ha recuperado 4.766 euros y ha reclamado hasta en tres ocasiones la entrega de una cantidad pendiente de 6.783 euros.
Por ella cumplió 9 meses y 1 día de prisión el expresidente balear Jaume Matas por tráfico de influencias al beneficiar fraudulentamente con dinero público al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, también condenado a una pena de cárcel. El caso Palma Arena puede deparar al Govern la recuperación de más dinero público.
Está pendiente de la fijación de fecha de juicio en la Audiencia de Palma el caso Nóos, pieza separada de esta macrocausa, y en ella la Abogacía de Baleares reclama que Matas e Iñaki Urdangarin respondan de manera conjunta y solidaria del pago de 3,4 millones de euros.
Fuente: 20 Minutos
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