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El juzgado que investiga el caso Palau ha ordenado tras un requerimiento de la Fiscalía el embargo de las quince sedes que CDC puso a su disposición por las presuntas comisiones que cobró a Ferrovial a cambio de la concesión de obras públicas y que el partido había depositado como aval para hacer frente a la responsabilidad civil.
Fuentes judiciales han explicado que el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, José Julián García de Eulate, no se ha pronunciado, sin embargo, por la petición de la Fiscalía de aumentar la fianza exigida al partido a 6,6 millones de euros, que es la cantidad que presuntamente cobró en comisiones.
La Fiscalía había hecho la petición de embargar estas sedes para asegurar las cantidades susceptibles de decomiso "ante una eventual sentencia condenatoria, es decir, aseguramiento para la futura incautación de las cantidades obtenidas del delito".
Por su parte, CDC ha afirmado que recurrirá por todos los medios legales la decisión del juez sobre sus sedes y ha defendido que no se ha ordenado el embargo de los avales depositados por el partido ya que, en todo caso, creen que se producirá una anotación preventiva en el registro de la propiedad.
En un comunicado este viernes, Convergència ha reiterado que no se ha lucrado nunca del Palau de la Música Catalana y ha destacado que solo se puede embargar un bien cuando hay una sentencia firme de culpabilidad.
Ha reaccionado así a la decisión del juzgado del caso Palau, que ha acordado ordenar, tras un requerimiento de Fiscalía, el embargo de 15 sedes de CDC por las presuntas comisiones que cobró a Ferrovial a cambio de la concesión de obras públicas y que el partido había depositado como aval para hacer frente a la responsabilidad civil.
Asimismo, CDC ha mostrado su enfado por no haber recibido una notificación del juzgado y haber tenido conocimiento de esta decisión a través de los medios. También compareció ofreciendo su sede central de la calle Còrsega de Barcelona como garantía, y ante el valor de la sede, de más de 12 millones de euros, no se acordó embargarla y la sede quedó a disposición del juzgado.
Las sedes propiedad de la formación están repartidas por toda Cataluña: Amposta, Barcelona, Castelldefels, Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mataró (2), Móra d'Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa y Sant Feliu de Llobregat.
Alguna de esas sedes cuenta con varias propiedades (distintas plantas de un mismo edificio), por lo que en total el número de fincas embargadas a CDC asciende a 23, según las mismas fuentes. El embargo de las fincas impide a CDC la venta de las fincas depositadas en garantía sin autorización judicial, a diferencia de lo que ha ocurrido con su sede principal de Barcelona.
El fiscal pidió el embargo de estas sedes para "evitar que, de nuevo, la parte a la que la ley obliga a afianzar pueda disponer a su antojo de los bienes sujetos al procedimiento".
Fuente: Público
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