La Audiencia de Madrid extravía la causa por el borrado de los ordenadores del PP en el caso Bárcenas

Los ordenadores del Partido Popular sufrieron un borrado que obstruyó la investigación sobre su financiación irregular y la causa por la que se investiga se ha extraviado en la Audiencia Provincial de Madrid. Una de las acusaciones en los papeles de Bárcenas, integrada entre otros por IU, presentó una querella contra el PP por la “destrucción u ocultación” de pruebas en octubre de 2013 y este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 32 le ha comunicado que la causa se ha perdido y que el viernes deberá acudir para entregar de nuevo toda la documentación.

El juzgado había rechazado la querella, de acuerdo al criterio de la Fiscalía, pero Izquierda Unida recurrió en apelación. Catorce meses después y sin que se conozca aún si llegó siquiera a la Sala, la causa ha desaparecido. Fuentes de la acusación lamentan que se hayan perdido 14 meses sin que exista, por el momento, una explicación. Serán los querellantes quienes deban aportar el viernes copias de las providencias y notificaciones de todas las resoluciones dictadas en la causa y los resguardos de los ingresos en la cuenta de consignaciones y depósito.

La manipulación de los ordenadores posibilitó que el Partido Popular, por primera vez desde que arrancó el caso Gürtel, figurase como querellado en una causa. La representación legal de Izquierda Unida y la Asociación Libre de Abogados recurrieron a la Audiencia de Madrid después de que el juez Pablo Ruz rechazara investigar los hechos por no ser de su competencia. Ruz, sin embargo, remitió la información a la Audiencia de Madrid al detectar relevancia penal en los hechos.

Los querellantes citaban el artículo 264 del Código Penal, que impone penas de prisión de seis meses a dos años a quien sin autorización borre, dañe o haga “inaccesible” datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos. Ese delito es atribuible a una persona jurídica, en este caso el Partido Popular. Y en este caso lo es porque, según la querella, presentó el borrado de datos ante la Audiencia Nacional “como algo habitual y que forma parte de la rutina y actividad diaria en la gestión administrativa del propio partido”.

Izquierda Unida pidió sin éxito a la titular del Juzgado 32 de Madrid que identifique a los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo el formateado del disco duro del Macintosh y a los responsables del partido que destruyeron el registro de visitas, donde deberían haber quedado reflejados los encuentros de los donantes con la cúpula de la formación.

El otro eje de la querella de Izquierda Unida se centra en la ocultación o destrucción de pruebas por parte del PP, principalmente los discos duros y las agendas personales de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Pero como este delito no es atribuible, según el Código Penal, a una persona jurídica, los querellantes señalaron a la actual responsable de la Gerencia y la Tesorería del partido, Carmen Navarro.

“No cabe duda de que existen elementos materiales e indiciarios para sostener que en el seno del PP se han producido actos de destrucción de diferentes elementos probatorios”, concluye la querella, y que si se ha hecho ha sido para borrar las pruebas acerca de una “estructura de financiación ilícita y opaca” durante más de veinte años por parte de empresarios que después eran contratados por la Administración. En esas conductas, añade, se detectan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fiscal, contable y electoral.

Explicaciones de la funcionaria

Según explica el secretario del Juzgado de Instrucción número 32 en una providencia a la que tuvo acceso eldiario.es, la pérdida fue conocida cuando un representante de UPyD, que también ejerce la acusación, acudió a la Audiencia Provincial y comprobó que allí no constaba otro recurso presentado en la causa por la formación magenta.

Interrogada la funcionaria que tramitó el procedimiento, esta presentó copia de la providencia en la que se acuerda la remisión del recurso de IU, y en ella figura el sello de entrada en el Decanato de Madrid el 31 de marzo de 2014. La funcionaria aseguró que remitió a la Audiencia de Madrid los autos originales y que los elevó directamente mediante la citada providencia, y no por oficio, como suele hacerse. El secretario del Juzgado 32 se puso en contacto entonces con la Audiencia de Madrid que, sin embargo, asegura que no le consta registro de entrada del recurso.

Fuente: El diario