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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este miércoles que España no recibió aún la petición de la juez argentina María Sevini para que los 20 acusados por la causa de crímenes franquistas, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, sean detenidos para ser extraditados a su país para ser juzgados.
Catalá respondió de esta forma en el pleno del Congreso al diputado del PNV Emilio Olabarria, que le preguntó sobre los motivos por los que, a su juicio, el Gobierno "obstaculiza" el procedimiento de Servini contra dirigentes franquistas.
El ministro responsabilizó a la Interpol de rechazar la detención de 19 acusados de crímenes franquistas al entender que la solicitud de la jueza argentina María Servini tiene "naturaleza política" y aseguró que el Gobierno "no ha hecho otra cosa" que aplicar los procedimientos establecidos y trabajar de acuerdo al convenio de Interpol en la persecución de crímenes de lesa humanidad para que "no sean desvirtuados por razones de índole política".
Frustrada esta petición de detención, el ministro afirmó que si Servini decide emitir una solicitud de extradición el Gobierno la estudiará y fijará su posición. En cualquier caso, volvió a vaticinar que la Audiencia Nacional la rechazará atendiendo a la decisión que adoptó el pasado abril con el inspector Billy el Niño y el capitán Muñecas.
Para Catalá, el Estado de Derecho funciona y los tribunales enjuician y sentencian, por lo que "parece innecesario" que este caso esté sometido a un "enjuiciamiento exterior" máxime cuando la Audiencia Nacional ya ha valorado un caso "muy equivalente".
Nada más conocerse que Interpol había iniciado diligencias para la identificación de las personas reclamadas por Servini, Catalá vaticinó que la Audiencia Nacional denegará su extradición a Argentina alegando la prescripción de los hechos y recordando la Ley de Amnistía de 1977.
En paralelo, la Policía Nacional avanzó que no procederá a detener a estas personas. En concreto, Interpol España ha alegado ante su Secretaria General, con sede en Lyon, una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Fuente: Infolibre
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