El debate sobre el cánnabis se hace un hueco en el Congreso

El pasado mes de julio, Unión Pogreso y Democracia (UPyD) pedía en el Congreso que se despenalizara la producción, el comercio y el consumo de cánnabis en España. En su Proposición No de Ley (PNL), el partido de Rosa Díez insistía en que la legalización permitiría acabar con el narcotráfico asociado a esta droga y remarcaba que "el marco legislativo vigente ignora la realidad social". Un marco legislativo que castiga el tráfico, pero no el autoconsumo de la sustancia ilegal más consumida del mundo, y una realidad social que coloca a España en el tercer puesto de países europeos con mayor consumo de cannabis, según la Federación Mundial contra las Drogas.

En las antípodas de UPyD, al otro lado del arco parlamentario, coinciden con el diagnóstico: hace menos de una semana, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural registró una PNL para que el Congreso debata sobre las "reformas legislativas necesarias, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia de los derivados del cánnabis".

Ideas, todas ellas, que se escucharán este martes en la Comisión Mixta del Congreso para el Estudio del Problema de las Drogas, donde tres plataformas cannábicas (Fac, Pauc y FedCat) reclamarán que la Cámara baja "tome consciencia de una realidad social inapelable", "deje atrás los parches legales" y "avance en una verdadera regulación que implique un cambio legislativo como por ejemplo una Ley de Cánnabis Integral", cuenta Martín Barriuso, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas de España (Fac). El objetivo de la comparecencia es pedir que se cree una comisión de expertos que elabore una propuesta de regulación.

La producción industrial de marihuana en España se ha quintuplicado entre 2009 y 2013 y el decomiso de plantas de cannabis ha crecido un 532%, según el Ministerio del Interior. Cerca del 30% de los jóvenes españoles asegura haber probado el cánnabis alguna vez, según la última encuesta del Plan Nacional sobre Drogas, y el 47% está a favor de legalizarlo, según el último Eurobarómetro sobre la relación entre la juventud y las drogas.

El movimiento cannábico lleva 13 años reclamando que "las leyes se adecúen a la realidad social", insiste Barriuso, pero dada la "inacción de los políticos", aprovecharon el vacío legal resultante de que el tráfico de cánnabis esté prohibido pero no el autoconsumo para poner en marcha los llamados clubes cannábicos.

La federación calcula que en España hay más de 700 locales de este tipo, que engloban a unas 200.000 personas. A la espera de una regulación que establezca normas a nivel estatal, los centros tienen libertad para decidir su funcionamiento, basado generalmente en limitar el acceso a menores de edad, aceptar sólo a personas que vengan avaladas por otro socio y ser colectivos sin ánimo de lucro.

Estos espacios de consumo, donde se puede comprar marihunana, empezaron a crearse en Catalunya, donde la Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya (CatFac) calcula que hay más de 400 clubes que acogen a más de 100.000 socios. Su portavoz, Jaume Xaus, explica que la existencia de estos clubes regulados "evitan el mercado negro" y promueven "la prevención y la detección precoz de riesgos" porque cuentan con profesionales médicos y jurídicos. Además, hay limitación de consumo: un socio no puede comprar más de 60 gramos al mes o más de 15 gramos a la semana.

A pesar de la presión de la Administración sobre estos centros -el Ayuntamiento de Barcelona cerró casi 50 el pasado mes de agosto y ya no da licencias para tal uso- en Catalunya se es consciente de la necesidad del debate. Por ello, la Comisión de Salud (liderada por la Agencia de Salud Pública de Catalunya y con representación de la Policía, la Administración Local, entidades jurídicas y la Fiscalía de Catalunya) llevará el mes que viene al Parlament un borrador de Propuesta de Buenas Prácticas para regular el autoconsumo de cánnabis en la comunidad.

El motor del debate han sido las asociaciones cannábicas, pero también los colectivos que trabajan en la prevención de la drogoadicción. "El cannabis no puede seguir en un marco de desregulación que beneficia principalmente a organizaciones criminales con enormes rendimientos económicos", afirma a Público Josep Rovira, jefe del área de drogas de la asociación Benestar i Desenvolupament (ABD). La Federació Catalana de Drogodependències -que agrupa a ésta y otras entidades- critica en un manifiesto las políticas prohibicionistas porque "criminalizan al consumidor" y porque "no han logrado reducir el mercado ni el consumo".

De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como Ley Mordaza, ha elevado las sanciones por tenencia y consumo de cánnabis (la multa mínima pasa de 300 a 601 euros) y no permite sustituir las multas por programas de rehabilitación en el caso de los menores de edad.

Tener el sector regulado haría posible un modelo restrictivo de club para limitar el número de socios y las cantidades de cultivo y "permitiría la reducción de daños y riesgos porque podrían evitarse malas prácticas, como las que se han dado en algunos clubes de Barcelona, que se lucraban y hasta vendían a menores", explica a PúblicoTeresa Brugal, responsable de Adiciones de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), dependiente del Ayuntamiento.

En Euskadi, otra de las regiones pioneras en esta lucha, PNV, Bildu y PSE han consensuado un informe para solicitar al Parlamento que legisle y normalice el funcionamiento de los clubes.

En Madrid, la Federación Madrileña de Asociaciones Cannábicas (MadFac) y otros 25 colectivos vinculados a otros ámbitos sociales, como la prevención y reducción de riesgos, trabaja en la regulación responsable de los clubes, una iniciativa que parte de una agrupación de ciudadanos y organizaciones sociales respaldada por "líderes de opinión, referentes de la cultura, de la política, de la salud, del derecho y personas de los más diversos ámbitos han mostrado su apoyo", reza su página web. Igual que en Catalunya, proponen el registro de clubes, un protocolo de actuación policial, vetar la entrada a menores de 21 años, planificar la producción y no hacer apología del consumo, entre otras propuestas.

La iniciativa, presentada el pasado mes de septiembre y todavía en fase embrionaria, está orientada hacia una regulación integral y cuenta con una comisión formada por expertos técnicos, médicos y juristas.

"El 80% de los consumidores accede al cánnabis mediante redes ilícitas, sólo el 20% lo hace en clubes o a través del autoconsumo", explican en un vídeo, "por eso la regulación del sector permitiría -además del control de acceso a menores y la reducción de daños y riesgos asociados al consumo- un ahorro en recursos policiales, judiciales y penitenciarios y un ingreso de impuestos que podrían destinarse a Sanidad o Educación".

El asesor jurídico de MadFac, Bernardo Soriano (B&F Abogados), explica a Público todas estas iniciativas son la prueba de que, en los últimos años, el escenario está cambiando. "Se está demostrando que las políticas prohibicionistas han fracasado, que con ellas no se reduce la oferta ni las adulteraciones. Sabemos que con el PP es imposible avanzar, pero sí esperamos que en 2016, si hay cambio de Gobierno, se llegue a un consenso para cambiar la ley", confía.

El espejo en el que se miran estos colectivos son las recientes experiencias en Colorado y Washington, donde se legalizó el cannabis para uso recreativo a finales de 2012, y Uruguay, que a principios de año aprobó la venta de esta sustancia en farmacias.

"Lo principal es que se trata de un fenómeno que ya es una realidad. Hay pequeños camellos por todas partes que no garantizan el coste ni el servicio y que pueden poner a disposición de los consumidores otro tipo de sustancias. Los clubes son plataformas seguras para comprar y consumir, y además, inciden en la salud", insiste Xaus.

Fuente: Público