Calatrava declara como imputado por el fiasco del Centro de Convenciones de Castellón

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava acudirá este martes a las 10.00 horas al Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón para declarar como imputado en la causa que investiga las supuestas irregularidades en el proyecto del Centro de Convenciones de esta ciudad, que finalmente no se ejecutó.

Esta es la segunda vez que Calatrava está citado a declarar en la Ciudad de la Justicia castellonense, después de que la primera ocasión, prevista para el pasado 2 de septiembre, no se presentara ya que, según sus abogados, no se le había podido comunicar oficialmente la comparecencia.

Esta vez, fuentes del gabinete de comunicación de Calatrava han confirmado que el arquitecto acudirá a declarar ante el juez que investiga supuestas irregularidades por la contratación del proyecto del Centro de Convenciones por el que el arquitecto valenciano cobró 2,7 millones de euros, aunque la obra finalmente no se llevó a cabo.

Una denuncia de Esquerra Unida presentada en 2011 es el origen de la investigación judicial en torno a las contrataciones de este proyecto, que fue anunciado en 2008.

La Generalitat decidió suspender temporalmente la construcción del complejo a finales del año 2012 debido a la coyuntura económica.

Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular en una causa cuyo sumario acumula, según esta formación, cerca de mil folios, ha instado al arquitecto a aclarar por qué se adjudicó "a dedo" el proyecto, sin concurso público, y "otra serie de condiciones privilegiadas que no han tenido otros contratistas".

En esta causa han prestado ya declaración como imputados el exdirector general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Nicolás Figueres, así como Javier Manso, quien también ocupó un cargo en la misma sociedad.

Para el próximo jueves está prevista la declaración, también como imputada, de la ex directora general de Turismo de la Generalitat Cristina Morató por su supuesta implicación en las irregularidades investigadas.

Fuente: Público