La Casa del Rey instruyó al PP para tapar el caso Urdangarin en el Parlamento balear

José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y asesor jurídico del Rey, dio instrucciones en 2006 al PP balear para cortar de raíz en el Parlamento autonómico los primeros brotes de un escándalo mayúsculo que, cinco años más tarde, sacudiría con un violento temblor los cimientos de la institución monárquica: el caso Urdangarin. Un fax enviado por Romero al yerno de Don Juan Carlos, al que ha tenido acceso El Confidencial, así lo prueba.

El fax está fechado el 14 de marzo de 2006, apenas cuatro meses después de que el diputado socialista Antoni Diéguez reclamase al Ejecutivo regional que entonces presidía Jaume Matas la documentación del convenio suscrito con Iñaki Urdangarin para organizar en Palma un simposio sobre turismo y deporte bautizado como Fórum Illes Balears, cuyas dos ediciones costaron 2,3 millones de euros a las arcas autonómicas.

Todas las alarmas saltaron en la Zarzuela a finales de noviembre de 2005. Diéguez, una vez que el PSOE balear recibió autorización de la dirección federal del partido para hurgar en tan delicado asunto, presentó en el registro del Parlamento autonómico una pregunta y una solicitud de documentación dirigidas al Gobierno de Matas, ambas el día 28 de aquel mes, pidiendo aclaraciones sobre el destino de los fondos pagados a Urdangarin.

La noticia cayó como una bomba en la Casa del Rey. No era un partido de izquierdas o antisistema el que se atrevía a husmear en los asuntos de un miembro de la familia real, sino el mismísimo PSOE, que siempre había desplegado un escudo protector sobre la Corona, al igual que el PP, para mantener a la institución a salvo del escrutinio público. Pero esta vez los socialistas decidieron no mirar hacia otro lado para tratar de averiguar cuánto dinero público se había embolsado Iñaki Urdangarin.

Diéguez llegó incluso a dar una rueda de prensa para explicar las iniciativas parlamentarias que acababa de presentar. Pero la inmensa mayoría de los medios de comunicación, salvo contadas excepciones, silenciaron o pusieron sordina a la decisión del PSOE balear de fiscalizar los negocios de Urdangarin. Sin embargo, Don Juan Carlos y el entonces jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, pidieron al conde de Fontao que viajara cuanto antes a Barcelona para reunirse con el duque de Palma y frenar el escándalo en ciernes.

Romero se desplazó a la capital catalana con instrucciones muy precisas de la Zarzuela: el emisario real debía, por un lado, convencer a Urdangarin de que debía desvincularse de inmediato del Instituto Nóos y, por otro, hacer llegar de forma discreta al PP de Baleares, que en ese momento gobernaba la comunidad autónoma, la documentación necesaria para desactivar en el Parlamento regional la incómoda –y hasta entonces inédita– iniciativa del PSOE.

Para entonces, y ante la consternación de la Casa del Rey, Diéguez había hurgado aún más en la herida. El diputado socialista no sólo había reclamado al Ejecutivo de Matas la "documentación relativa al convenio" con Urdangarin –el PSOE desconocía en ese momento la existencia del Instituto Nóos, según ha reconocido a este diario el parlamentario del PSOE, que sigue en activo–, sino que también había registrado dos preguntas en el Parlamento para que el Govern las respondiera por escrito.

Una de ellas, para conocer la "aportación por todos los conceptos que ha hecho o hará el Gobierno de las Islas Baleares, incluyendo empresas públicas, durante este ejercicio y sucesivos, al Fórum Illes Balears". La otra, fechada el 24 de febrero de 2006, para saber "cuál es la relación de personalidades invitadas a participar" en el simposio sobre turismo y deporte que se había celebrado en Palma tres meses antes, en noviembre de 2005, y que había tenido dos días de duración.

Romero voló a Barcelona el 10 de marzo de 2006 para encontrarse con Urdangarin en la sede del Instituto Nóos. Cuatro días más tarde, ya de regreso a Madrid, el conde de Fontao envió un fax al yerno del Rey con este encabezamiento: "Nota sobre la puesta en práctica de las medidas de la reunión mantenida el pasado 10 de marzo". Los dos primeros puntos de esa nota abordaban la "desvinculación del Instituto [Nóos]" y la "creación de la nueva fundación" que sucedería a la entidad supuestamente altruista.

El punto 3º de la nota rezaba textualmente: "Presentación de la documentación en el Parlamento [balear]". Y añadía: "Es importante que se formule un adecuado escrito de presentación de la documentación en el Parlamento, una vez hablado con las fundaciones que contrataron al Instituto Nóos". Es decir: el emisario de Don Juan Carlos ordenaba a Urdangarin que hiciese llegar a la Cámara autonómica las pruebas de la supuesta bondad de sus negocios con el Ejecutivo de Matas.

El fax enviado por Romero no lo decía, pero la persona a la que el duque de Palma debía entregar la documentación era José Luis Ballester, Pepote, íntimo amigo de Urdangarin y la infanta Cristina de Borbón y en ese momento director general de Deportes del Gobierno balear, además de persona muy cercana a Matas, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a Urdangarin. Pepote, que había sido medallista de oro en vela en los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996), cumplió su papel y entregó al Parlamento –él no era diputado– los documentos que le había dado el yerno del Rey.

Fuente: El confidencial