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El Gobierno no se plantea retirar los títulos nobiliarios que el rey otorgó a la familia de Francisco Franco el 26 de noviembre de 1975, cinco días después de la muerte del dictador. El Ejecutivo, en respuesta a una pregunta de Amaiur en el Congreso, argumenta que los títulos de Señorío de Meirás y el Ducado de Franco no son «incompatibles» con la ley de memoria histórica.
Según el Gobierno, esa ley del 2007 se limita a «reconocer, ampliar derechos y establecer medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura». En ningún caso, explica, «alude a la no validez de estos títulos nobiliarios». El Gobierno, por tanto, entiende que los descendientes del dictador tienen derecho a «ejercer y hacer efectivos» sus títulos. El mismo criterio, entiende el Ejecutivo, se aplica a los descendientes de los honores y condecoraciones otorgados por Franco, por los que también había preguntado el parlamentario Jon Iñarritu.
El diputado había recriminado al Gobierno que siguiera «reconociendo condecoraciones y honores al dictador, a su familia y a destacados falangistas y militares golpistas» como Emilio Mola, José Moscardó, Queipo de Llano, Juan Yagüe o al propio José Antonio Primo de Rivera. Y todo ello obviando que la ley de memoria histórica «contempla la retirada de símbolos o menciones de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».
Fuente: La voz de Galicia
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