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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a primera hora de este jueves a la sede central del sindicato UGT Andalucía para realizar un registro en el marco de la causa judicial sobre el uso de fondos de formación que investiga la magistrada Mercedes Alaya.
Los agentes, varios de ellos de paisano y otros de uniforme, se han presentado poco antes de la once de la mañana en la sede de la central sindical, que está siendo investigada por el supuesto desvío de fondos de formación a otros fines. Por estos hechos dimitió hace unas semanas el entonces secretario general del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. Los agentes están solicitando documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a estos fondos.
Fuentes sindicales han informado de que los agentes de la UCO se encuentran reunidos en la sede con miembros de la Ejecutiva de UGT-A, entre los que no figura el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla, que se encuentra de viaje.
La juez Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.
Esta denuncia de Manos Limpias guarda relación con las diligencias incoadas por Alaya, declaradas secretas y derivadas de la denominada operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
Fuente: Público
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