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El Ministerio de Empleo aclaró después, a preguntas de este periódico, que estas cifras, cuyo detalle nadie explica, corresponden en realidad en su enorme mayoría a casos de personas a las que se les ha retirado la prestación un mes por problemas administrativos, como por ejemplo no acudir a una cita prevista o carecer de alguna documentación.
El grueso de esa cifra, que situaría a uno de cada cinco desempleados que cobra la prestación como un defraudador, se correspondería a problemas administrativos que nada tienen que ver con el fraude. Empleo asegura que las personas que han perdido su prestación en los últimos seis meses son 60.000, y solo una parte pequeña de ellos ha sido por trabajar y cobrar el desempleo a la vez. Otras 120.000 han tenido suspensiones temporales, la mayoría por faltas leves, cuestiones administrativas. Esos son los datos de este año, que detalla Empleo.
La vicepresidenta, tras el Consejo de Ministros, fue clara e incluso dejó caer que estaba hablando de 500.000 personas que trabajaban y cobraban a la vez la prestación, algo muy alejado de la realidad. “Estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, trabajan en b. Pues se han investigado y se han detectado 520.000 personas, más de medio millón de personas que cobraban fraudulentamente las prestaciones por desempleo y se ha ahorrado al contribuyente más de 3.000 millones de euros”, insistió la vicepresidenta que ofreció la cifra hasta tres veces, reconociendo que era lo “más llamativo de todo el informe que ha presentado”.
Pese a que Santamaría dijo que hablaba de quienes cobran el paro y trabajan fraudulentamente, en el primer semestre de este año solo se detectaron 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las obtuvieron fraudulentamente, frente a los 4.526 del mismo periodo de 2012, según señaló la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una carta publicada en agosto. Contando unos 5.000 casos al semestre, en el año y medio del que hacía balance el Gobierno saldrían unos 15.000 casos, incluyendo en ellos no solo a quienes trabajan y cobran el paro, sino también a otro colectivo sin cuantificar de quienes obtuvieron fraudulentamente la prestación. Es decir, del medio millón de actuaciones, apenas un 3% se refiere a ese tipo de fraude. La cifra redonda del medio millón de defraudadores rápidamente ocupó titulares, pero estaba inflada. Fuentes de la vicepresidencia explicaron posteriormente que Santamaría aludió a la cifra para explicar mejor los resultados de la lucha contra el fraude y que lo de quienes trabajaban y cobraban prestación era solo un ejemplo.
La propia referencia del Consejo de Ministros, publicada después, matiza las declaraciones de la vicepresidenta y aclara algo los datos: “En el capítulo de la detección del fraude en las prestaciones por desempleo, las actuaciones de verificación y control del cumplimiento de la normativa han permitido ahorrar 3.161 millones de euros en prestaciones. Se han realizado en ese período más de dos millones y medio de actuaciones de control que han dado como resultado la sanción a 520.572 perceptores de prestaciones por desempleo. La mayoría de estos perceptores han sido sancionados por el incumplimiento de requisitos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, así como la no renovación de demanda. Las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción”.
La citada carta de Fátima Báñez señalaba en agosto que en el primer semestre de 2013, se había “retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios por falta de disponibilidad para el empleo, incumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la misma, frente a 52.269 en [el primer semestre de] 2012”.
El diputado socialista Pedro Sánchez exigió este viernes a la vicepresidenta que pida perdón al más de medio millón de parados a los que ha acusado de fraude. Los socialistas pedirán la comparecencia de Santamaría en el Congreso para que “aclare las razones en las que se basa para acusar, nada más y nada menos que al 20% de los desempleados en este país” de fraude. “Da la sensación que la única finalidad del Gobierno es reducir la nómina de los desempleados”, señalaron desde UGT.
En su comparecencia, la vicepresidenta también ofreció la cuantía completa del dinero aflorado por el plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral, que asciende a más de 22.500 millones en año y medio: 16.500 millones corresponden a ingresos descubiertos por la Agencia Tributaria por fraude fiscal y el resto, 6.152 millones, es el ahorro por el plan antifraude de la Seguridad Social.
Fuente: El país
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