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La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE, el supuesto fraude con ayudas públicas a empresas y empleados, ha dado los primeros pasos para imputar a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera, Manuel Recio y Antonio Ávila.
Griñán, que siempre ha negado que le advirtieran del fraude, había dejado la presidencia de la Junta para evitar que esta situación perjudicara a la Administración andaluza y tan solo horas después de que su sustituta tomara posesión del cargo, Alaya ha abierto el proceso para imputarle en el fraude.
En el auto, la juez considera que hay "elementos precisos" que apuntan a la "concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido" y que van, en opinión de Alaya, desde el cobro de comisiones por encima de lo habitual permitido por la Junta de Andalucía y el establecimiento de un sistema que, de acuerdo al texto del auto, pretendía "eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década".
La juez añade que, en función de la investigación y el seguimiento de informes y atestados, así como las declaraciones, "resulta conveniente de manera muy somera y con el horizonte de la investigación anteriormente dibujado, abordar la cuestión del aforamiento de determinadas personas designadas en el procedimiento y presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan".
En este caso se encuentran los siete exresponsables de la Junta mencionados, a los que Alaya achaca, de forma indiciaria, los delitos de prevaricación y malversación, "entre otros". Lo que ha hecho la juez es comunicar a los siete aforados la existencia de la causa y que en ella ve indicios de delitos contra ellos. Formalmente, la juez no puede imputarlos debido a que están aforados, y acude al artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal para comunicarles que existe "cierta carga incriminatoria" contra los siete. El efecto real de la resolución es que los dirigentes mencionados podrán personarse en la causa y sus abogados proponer pruebas, recurrir o participar en los interrogatorios.
Alaya reclama a los aforados que se "personen si lo desean" y entiendan el auto firmado como una resolución "asimilable a trámite de denuncia o querella", lo que permite comunicar a los aludidos que pueden ser imputados de acuerdo a su interpretación del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, la misma juez admite que "no constituye un acto de imputación judicial, pero permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle".
En este sentido se pronunció la Audiencia de Sevilla el pasado mes de agosto, cuando resolvió que "nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar (...) el juez puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello”.
Chaves, que se encontraba en la reunión del Grupo Socialista en el Congreso, conoció el contenido de esta auto esta misma mañana y abandonó este encuentro.
La juez concluye el auto afirmando que su resolución puede ser recurrida.
El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio Llera, conoció el auto tras la primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno. "Me parece increíble", afirmó el fiscal en excedencia ante la oportunidad del auto judicial.
Fuente: El país
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