La Fiscalía pide al juzgado que reabra el caso del accidente del metro de Valencia

Han sido siete largos años de “lucha, desgaste y sacrificio” para conseguir una nueva investigación y el esfuerzo empieza a dar “sus frutos”. La presidenta de la Asociación de Víctima del Metro, Beatriz Garrote, reaccionó este lunes con estas palabras a la decisión de la fiscalía de pedir al juzgado que reabra la causa por el trágico accidente del suburbano de Valencia, que el 3 de julio de 2006 se cobró la vida de 43 personas y dejó heridas a otras 47. “Queremos que ahora el tribunal abra la causa y que tengamos por fin una investigación objetiva y veraz del accidente”, afirmó Garrote, que se mostró “cauta” porque “todavía queda mucho por recorrer”.

Un primer paso ya está dado. El ministerio público considera que el siniestro, el más grave en un metro en la historia de España, debe volver a investigarse porque “existen hechos y datos nuevos, y otros que en su momento no se valoraron”, y que pudieron afectar “al estado” de la unidad siniestrada.

La fiscalía ha llegado a esta conclusión a partir de las diligencias que abrió tras presentarse en abril y mayo dos denuncias —del PSPV-PSOE y de la asociación Cercle Obert de Benicalap— que exponían nuevos datos y testimonios sobre el estado del convoy accidentado. Las denuncias encauzaron hacia la vía judicial una creciente presión a favor de la reapertura del caso tras la emisión de un monográfico del accidente en el programa Salvados, de La Sexta, que reavivó el interés por el tema y atrajo a partir de ese momento a miles de ciudadanos a las concentraciones que celebra la asociación de víctimas el día 3 de cada mes en la plaza de la Virgen de Valencia para exigir responsabilidades políticas.

Entre la documentación en poder de la fiscalía está un informe en el que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reconocía un año antes del siniestro que las unidades de metro afectadas estaban al final “de su vida útil” y tenían "grandes problemas de mantenimiento" por la dificultad de encontrar repuestos. “Consideramos necesaria la renovación de estos trenes”, concluía este documento, que no se aportó a la investigación en 2006 y que hizo público la diputada de Compromís Mònica Oltra. FGV tampoco notificó al perito judicial que la UTA 3736, la unidad del desastre, había sufrido al menos tres descarrilamientos previos.

Además, las denuncias llamaron la atención de la fiscalía sobre los testimonios de trabajadores de FGV en Salvados y en los documentales de la productora Barret Films difundidos por la asociación de víctimas, en los que se cuestiona el mantenimiento de las unidades del metro.

A ello se sumó la documentación de los socialistas que acredita que los cargos de FGV fueron aleccionados por una agencia de comunicación, contratada por la propia FGV, para que insistieran en que el accidente había sido inevitable. La fiscalía considera que el posible delito de falso testimonio de los técnicos en la comisión de las Cortes, que se finiquitó en 2006 en apenas cinco días, está prescrito y no ve indicios de que se cometiera una presunta falsedad documental.

Pero sí ve información suficiente para pedir al Juzgado de Instrucción número 21 que deje “sin efecto” el auto de archivo de febrero de 2008, porque los hechos “podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y 47 delitos de lesiones por imprudencia profesional”, tantos como víctimas mortales y heridas hubo en el accidente, y “no estarían prescritos en atención a las penas” —de cárcel e inhabilitación— que llevan aparejados.

La decisión de reabrir el caso y ordenar nuevas diligencias está ahora en manos del juzgado, que lo cerró al considerar que la única causa del accidente fue la velocidad excesiva del convoy al entrar en la curva en la que descarriló.

La oposición exige una comisión en Cortes

La solicitud de la fiscalía de que se reabra el caso del accidente del metro fue recibida con satisfacción por la oposición, que redobló sus exigencias de que las Cortes celebren una nueva comisión de investigación a la que se ha opuesto reiteradamente el Partido Popular.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, señaló que la decisión de la fiscalía “es un paso positivo hacia el camino de la verdad y la asunción de responsabilidades políticas de aquellos que durante este tiempo han estado lejos del dolor de las víctimas”. Puig incidió en que “lo que no puede continuar es dándose el silencio como respuesta, que es lo que ha venido haciendo el PP durante todos estos años”. El PSPV espera, además, que “más pronto que tarde se reabra la comisión de investigación” en las Cortes. El PSPV, que acudió a la fiscalía para que se reabriera la investigación judicial del metro, volverá a impulsar una comisión en las Cortes en septiembre.

Compromís confía en que “el juzgado reabra el caso para investigar aquellos documentos que no se vieron en la instrucción judicial porque se escondieron a la luz pública, como son los informes técnicos sobre el estado real de los trenes y en concreto el que sufrió el accidente del 3 de julio de 2006”, destacó la portavoz adjunta en las Cortes, Mònica Oltra. “Esperamos que finalmente se haga justicia en un caso en el que ha habido muchos intereses en que no se sepa la verdad y donde el PP ha impedido sistemáticamente que se cree una nueva comisión de investigación en las Cortes tras constatarse la manipulación de las declaraciones y la ocultación de documentos en la comisión que tuvo lugar en 2006”, subrayó Oltra.

La coordinadora general de EU y portavoz en las Cortes, Marga Sanz, también expresó su satisfacción “enorme” por el paso dado por la Fiscalía de Valencia. “Es lo que la sociedad valenciana estaba pidiendo en estos momentos. Y esperamos que en esta ocasión la justicia llegue hasta el final, se puedan conocer las razones del accidente, y se deriven las responsabilidades que correspondan”, afirmó Sanz, que aprovechó para “felicitar especialmente a la Asociación de Familiares de Víctimas del Metro por su incansable lucha”.

Ferrocarrils de la Generalitat Valencia (FGV) no tardó ayer en mostrarse “dispuesta” a colaborar con la justicia y a facilitar al juzgado “toda la información” que pueda solicitar.

En parecidos términos se manifestó el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, quien destacó su “respeto absoluto” por la petición de la Fiscalía al juzgado y prometió la “máxima colaboración” del Consell.

El PP ha rechazado en las Cortes una revisión de un caso que en su día se afanó por enterrar rápidamente. El expresidente Francisco Camps no llegó a recibir a las víctimas, y Alberto Fabra, aunque sí lo hizo, rechazó una nueva investigación con el argumento de que el asunto estaba “judicialmente cerrado”.

El PP fue el único partido que no se unió en el Congreso de los Diputados a una declaración institucional en apoyo de las víctimas y su reclamación de “explicaciones y responsabilidades” políticas por el grave suceso.

Fuente: El país